La socióloga, investigadora y académica experta en temas de migración de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux realizó un balance respecto de las políticas migratorias del recién pasado año 2023.

En ese sentido, María Emilia Tijoux aseguró que “no se ha avanzado mucho. Debemos tener en cuenta que la Ley de Migraciones, y la que se denomina política migratoria es muy punitiva en lo que atañe a la migración irregular, que se considera de manera general como una amenaza, y que el abordaje que van a hacer, que es caso a caso, no resuelve nada, debido a la cantidad de personas que están en esta situación”.

A su vez señaló que “la gente irregular necesita vivir, necesita comer, necesita movilizarse, necesita educar a sus hijos, y, por lo tanto, nos encontramos entonces con que la gente acude, por ejemplo, a trabajar en la calle, o a trabajar en condiciones de maltrato, o aceptar cualquier tipo de propuesta que se le haga para poder salir adelante”.

Con respecto al empadronamiento biométrico, la académica aclaró que “evidentemente empadronar no implica regularizar, eso solamente es tomar datos, hacer un trabajo aritmético, pero no entrega ningún permiso. Se inscribieron 185 mil personas y hasta diciembre se empadronaron 158 mil. Pareciera que hay efectividad, pero las personas permanecen empadronadas, pero irregulares”.

Sobre cómo ha abordado el Ejecutivo comunicacionalmente las expulsiones a migrantes, Tijoux sostuvo que “pienso que, si bien esto viene de antes, desde el momento en que se habló de ordenar la casa en el gobierno anterior, el Gobierno persiste en considerar al ingreso irregular como un delito, aunque esto no estaba en la Ley de Migraciones N° 21.315, y el extender el espacio para detener y ‘reconducir’, que es un eufemismo de expulsión, que se hace inmediatamente a personas migrantes que ingresan por pasos no habilitados”.

Aseguró que el Gobierno no ha modificado la retórica. “La explicación tiene que ver con que el discurso criminalizador se cristalizó en la opinión pública desde 2018 a la fecha y por más que las evidencias están a la vista, la percepción de la gente es que la migración es una amenaza y a esa realidad el Gobierno no está dispuesto a cambiarla por el costo político que considera que le puede producir”.

“Poco se dice de las condiciones de entrada, de las condiciones de salud de las personas que entran, de la cantidad de personas heridas, de personas fallecidas, e incluso de personas desaparecidas. Entonces, considerar toda la migración irregular como una amenaza a la seguridad nacional, refuerza muchísimo los prejuicios existentes, la criminalización, fomenta el racismo fundamentalmente, y sobre todo, la precarización generalizada”, añadió la investigadora.

La académica indicó en cuanto a la reconducción que “hay personas que son detectadas, que ingresan irregularmente a Chile, y las devuelven a sus países de origen. ¿Qué ha pasado con esa gente? Hasta aquí hay 6 mil 400 reconducciones. Veamos cómo se enfrenta este eufemismo. La criminalización lamentablemente continúa. Pienso que hay que considerar que la criminalización forma parte de la seguidilla de conceptos que contiene el racismo, y el racismo en este caso es de carácter institucional, y podríamos agregar, con bastante seguridad de un racismo de Estado también”.

Tijoux reflexionó acerca de los aportes que entrega la migración a Chile. “No ha habido una campaña que valore los aportes de la migración desde la institucionalidad. ¿Cuándo se habla de los aportes que entrega la migración a Chile? ¿Cuándo se habla de los procesos de aculturación, que implica lo que la gente trae y queda en la sociedad chilena? ¿O los posibles cambios que se haya visto en la sociedad chilena, por el hecho de que haya personas migrantes en Chile? ¿Cuántas personas migrantes trabajan regularmente en el país? ¿Cuántas personas migrantes pagan regularmente sus impuestos, los derechos, el estar en Fonasa, en isapre, el hecho de estar cotidianamente trabajando, no solamente en un trabajo, a veces en dos, en tres, para poder enfrentar la vida cuando no tienen los capitales para hacerlo?”.

“Por otro lado, los sectores conservadores y la prensa están firmes en la campaña de siembra del miedo en la población, reforzando la criminalización y resaltando al delito organizado internacional como ‘migración descontrolada’”.

Por último, la académica de la Universidad de Chile se refirió a los desafíos en materia de migración que enfrenta el Gobierno en lo que resta de su administración. “Me parece que el desafío es un ordenamiento administrativo, sobre todo ordenar los trámites pendientes, que son muchísimos, casi 200 mil irregulares en el país, que incumplen los acuerdos de Gobierno, en relación con lo que señalaron para la agenda 2030”, declaró.

Agregó que “las recomendaciones de organismos internacionales, sin contabilizar las denuncias por maltrato, o bien, en el campo laboral, por ejemplo, de condiciones infrahumanas a nivel nacional, y que también nos lleva a la posibilidad de la trata, que es un delito gravísimo, pero que sin embargo se hace a veces vista gorda. Y sobre el modo en que algunos empresarios están tratando a la gente”.

“El desafío es entonces, a tener políticas que regularicen de manera permanente a la irregularidad que se genera. No olvidemos que muchas veces esta irregularidad la provocan las propias normativas, que son inadecuadas, y que no permiten la inserción con derechos de personas migrantes lo antes posible. Por lo tanto, tiene que agilizarse la posibilidad de obtener su primer visado temporal, acortar el período de espera administrativa, que luego los lleva a la visa definitiva, y sobre todo respetar los plazos que la propia ley fija. Que no se extiendan por la incapacidad del servicio de responder a la demanda como viene ocurriendo desde hace tiempo”, profundizó.

“Tendríamos que confiar en las nuevas autoridades, pero parece que ellos también han olvidado los puntos de vista que tenían hace algunos años para mirar la migración. Eso me parece que no se puede pasar de un día para otro, de tener un punto de vista y después cambiarlo porque se está en los poderes del Estado”, concluyó Tijoux.