Con ocho votos a favor y tres abstenciones, la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia.
La iniciativa –compuesta por tres mociones refundidas- surgió en medio de la discusión sobre las pensiones de gracia que otorgó el Presidente Gabriel Boric a cinco condenados por delitos en el marco del estallido social, a los que se sumó una sexta persona en los últimos días por robo en lugar no habitado en la Región del Biobío.
Pese a que se esperaba la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la instancia, esto no pudo ser posible por problemas de agenda. En cambio, fueron en su representación las abogadas Lesly Covarrubias y Patricia Araya.
Recordemos que el Gobierno ingresó una indicación sustitutiva que apunta a garantizar que se tengan a la vista los antecedentes penales de las y los solicitantes por parte de la comisión asesora presidencial y la posibilidad de que el Presidente de la República pueda revocar la pensión de gracia en caso de que el beneficiario, posteriormente, sea condenado por algún crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
La diputada UDI y presidenta de la comisión, Marlene Pérez, acusó al Gobierno de evadir sus responsabilidades.
En ese sentido, la parlamentaria señaló que “es por quinta vez que invitamos al subsecretario a esta comisión, pero lamentablemente siempre tiene algo más importante que hacer” y cuestionó al Ejecutivo por haber presentado una indicación sustitutiva, puesto que dejaría fuera las propuestas del resto de los parlamentarios.
“No corresponde, creo que acá no hay ninguna intención de buscar un acuerdo, sino más bien de imponer un reglamento para las pensiones de gracia y creo que no era lo que se esperaba con los proyectos que presentaron los parlamentarios”, expresó.
Es por ello que instó al Ejecutivo a que “reevaluara las indicaciones y se comprometieron a presentarlas nuevamente el jueves, entendiendo que acá tenemos que llegar a un acuerdo”.
En tanto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, también integrante de la instancia, si bien valoró que el Ejecutivo se hiciera parte de la discusión legislativa, consideró que sus propuestas “son insuficientes”.
“No se hacen cargo, por ejemplo, de prohibir que un homicida tenga el derecho a que se le otorgue esta pensión de gracia. Creemos que estas situaciones el Gobierno las debe corregir a la brevedad y mejorar su propuesta”, afirmó.
Foto en portada: Cámara de Diputadas y Diputados
Con ocho votos a favor y tres abstenciones, la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia.
La iniciativa –compuesta por tres mociones refundidas- surgió en medio de la discusión sobre las pensiones de gracia que otorgó el Presidente Gabriel Boric a cinco condenados por delitos en el marco del estallido social, a los que se sumó una sexta persona en los últimos días por robo en lugar no habitado en la Región del Biobío.
Pese a que se esperaba la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la instancia, esto no pudo ser posible por problemas de agenda. En cambio, fueron en su representación las abogadas Lesly Covarrubias y Patricia Araya.
Recordemos que el Gobierno ingresó una indicación sustitutiva que apunta a garantizar que se tengan a la vista los antecedentes penales de las y los solicitantes por parte de la comisión asesora presidencial y la posibilidad de que el Presidente de la República pueda revocar la pensión de gracia en caso de que el beneficiario, posteriormente, sea condenado por algún crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
La diputada UDI y presidenta de la comisión, Marlene Pérez, acusó al Gobierno de evadir sus responsabilidades.
En ese sentido, la parlamentaria señaló que “es por quinta vez que invitamos al subsecretario a esta comisión, pero lamentablemente siempre tiene algo más importante que hacer” y cuestionó al Ejecutivo por haber presentado una indicación sustitutiva, puesto que dejaría fuera las propuestas del resto de los parlamentarios.
“No corresponde, creo que acá no hay ninguna intención de buscar un acuerdo, sino más bien de imponer un reglamento para las pensiones de gracia y creo que no era lo que se esperaba con los proyectos que presentaron los parlamentarios”, expresó.
Es por ello que instó al Ejecutivo a que “reevaluara las indicaciones y se comprometieron a presentarlas nuevamente el jueves, entendiendo que acá tenemos que llegar a un acuerdo”.
En tanto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, también integrante de la instancia, si bien valoró que el Ejecutivo se hiciera parte de la discusión legislativa, consideró que sus propuestas “son insuficientes”.
“No se hacen cargo, por ejemplo, de prohibir que un homicida tenga el derecho a que se le otorgue esta pensión de gracia. Creemos que estas situaciones el Gobierno las debe corregir a la brevedad y mejorar su propuesta”, afirmó.
Foto en portada: Cámara de Diputadas y Diputados
Con ocho votos a favor y tres abstenciones, la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia.
La iniciativa –compuesta por tres mociones refundidas- surgió en medio de la discusión sobre las pensiones de gracia que otorgó el Presidente Gabriel Boric a cinco condenados por delitos en el marco del estallido social, a los que se sumó una sexta persona en los últimos días por robo en lugar no habitado en la Región del Biobío.
Pese a que se esperaba la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la instancia, esto no pudo ser posible por problemas de agenda. En cambio, fueron en su representación las abogadas Lesly Covarrubias y Patricia Araya.
Recordemos que el Gobierno ingresó una indicación sustitutiva que apunta a garantizar que se tengan a la vista los antecedentes penales de las y los solicitantes por parte de la comisión asesora presidencial y la posibilidad de que el Presidente de la República pueda revocar la pensión de gracia en caso de que el beneficiario, posteriormente, sea condenado por algún crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.
La diputada UDI y presidenta de la comisión, Marlene Pérez, acusó al Gobierno de evadir sus responsabilidades.
En ese sentido, la parlamentaria señaló que “es por quinta vez que invitamos al subsecretario a esta comisión, pero lamentablemente siempre tiene algo más importante que hacer” y cuestionó al Ejecutivo por haber presentado una indicación sustitutiva, puesto que dejaría fuera las propuestas del resto de los parlamentarios.
“No corresponde, creo que acá no hay ninguna intención de buscar un acuerdo, sino más bien de imponer un reglamento para las pensiones de gracia y creo que no era lo que se esperaba con los proyectos que presentaron los parlamentarios”, expresó.
Es por ello que instó al Ejecutivo a que “reevaluara las indicaciones y se comprometieron a presentarlas nuevamente el jueves, entendiendo que acá tenemos que llegar a un acuerdo”.
En tanto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, también integrante de la instancia, si bien valoró que el Ejecutivo se hiciera parte de la discusión legislativa, consideró que sus propuestas “son insuficientes”.
“No se hacen cargo, por ejemplo, de prohibir que un homicida tenga el derecho a que se le otorgue esta pensión de gracia. Creemos que estas situaciones el Gobierno las debe corregir a la brevedad y mejorar su propuesta”, afirmó.
Foto en portada: Cámara de Diputadas y Diputados
