La abogada defensora de los cuatro comuneros mapuche, imputados por su presunta participación en dos homicidios frustrados y la quema de camiones en el fundo Punta Arenas -en septiembre 2021-, criticó la resolución del Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles respecto a mantener a los acusados en prisión preventiva. Esto, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Concepción anuló las condenas que pesaban en su contra.
La decisión del órgano juzgador se sostuvo en que la libertad de los cuatro acusados es un peligro para la seguridad de la sociedad.
El magistrado José Martín Cánovas señaló que se atendió “la gravedad de los delitos que se les imputan, las penas que esos mismos delitos tienen, la forma de comisión de los hechos y que en caso de ser encontrados culpables, no podrían acceder a un cumplimiento de las pena en libertad”.
La tarde de ayer además se pronunció el gobernador regional del Biobío Rodrigo Díaz, destacando la participación de Ernesto Llaitul (hijo de Héctor Llaitul) en actos de violencia. “Todos sabemos que Ernesto Llaitul fue detenido portando un arma en Los Ángeles, allá por el año 2017, y que por distintas razones fue dejado en libertad”, recapituló.
“Todos sabemos que el señor Llaitul ha participado de una forma de vida violenta. Voy a hablar en justicia y no en derecho. En justicia su lugar, en mi opinión, es la cárcel. En derecho son leyes que se van adecuando y que se van modificando. Yo tengo la esperanza que el Poder Judicial ayude a que se haga justicia”, señaló la autoridad.
Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las personas a cargo de la defensa, la abogada Josefa Ainardi, reprochó que se acogieran principalmente argumentaciones de la Fiscalía y de la parte querellante.
“Se vislumbra el sesgo racial que siempre hemos alegado y que es parte de todo este engranaje de las instituciones del Estado, no solamente de los tribunales o las fiscalías, es una idea preconcebida que tienen todos estos órganos y que se materializan a través de este tipo de decisiones”, aseguró.
Ainardi también lamentó el que se niegue la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto de los pueblos indígenas, en este caso con la justificación de que se trataría de persecución de delitos comunes y no políticos, lo que en su opinión es un error, puesto que “el tratado internacional no distinguiría en que tipo de delitos deberá privilegiarse otras sanciones en lugar de la prisión”, indicó.
En cuanto a la espera de que se determine la fecha del nuevo juicio por el mismo Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles pero con otros jueces, la abogada anticipó que insistirán en los argumentos que llevaron a la primera instancia judicial.
“Vamos a evaluar con nuestros representados si vamos o no a mantenernos en esa fecha de acuerdo a la estrategia de la defensa que no voy adelantar, pero estamos con toda la fuerza preparándonos como equipo jurídico con las mismas teorías que hemos planteado desde el inicio de la persecución penal, aquí no hay ningún tipo de antecedente determinante para ubicar a estas personas en el sitio del suceso y por lo tanto, no corresponde más que una absolución en un juicio”, concluyó.
Recordemos que el viernes de la semana pasada se aceptaron los antecedentes presentados por la defensa, lo que resultó en la anulación de las condenas de penas carcelarias para los comuneros que iban entre 10 y 15 años. En definitiva, el juicio se repetirá y el Ministerio Público deberá volver a presentar sus pruebas.
La abogada defensora de los cuatro comuneros mapuche, imputados por su presunta participación en dos homicidios frustrados y la quema de camiones en el fundo Punta Arenas -en septiembre 2021-, criticó la resolución del Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles respecto a mantener a los acusados en prisión preventiva. Esto, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Concepción anuló las condenas que pesaban en su contra.
La decisión del órgano juzgador se sostuvo en que la libertad de los cuatro acusados es un peligro para la seguridad de la sociedad.
El magistrado José Martín Cánovas señaló que se atendió “la gravedad de los delitos que se les imputan, las penas que esos mismos delitos tienen, la forma de comisión de los hechos y que en caso de ser encontrados culpables, no podrían acceder a un cumplimiento de las pena en libertad”.
La tarde de ayer además se pronunció el gobernador regional del Biobío Rodrigo Díaz, destacando la participación de Ernesto Llaitul (hijo de Héctor Llaitul) en actos de violencia. “Todos sabemos que Ernesto Llaitul fue detenido portando un arma en Los Ángeles, allá por el año 2017, y que por distintas razones fue dejado en libertad”, recapituló.
“Todos sabemos que el señor Llaitul ha participado de una forma de vida violenta. Voy a hablar en justicia y no en derecho. En justicia su lugar, en mi opinión, es la cárcel. En derecho son leyes que se van adecuando y que se van modificando. Yo tengo la esperanza que el Poder Judicial ayude a que se haga justicia”, señaló la autoridad.
Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las personas a cargo de la defensa, la abogada Josefa Ainardi, reprochó que se acogieran principalmente argumentaciones de la Fiscalía y de la parte querellante.
“Se vislumbra el sesgo racial que siempre hemos alegado y que es parte de todo este engranaje de las instituciones del Estado, no solamente de los tribunales o las fiscalías, es una idea preconcebida que tienen todos estos órganos y que se materializan a través de este tipo de decisiones”, aseguró.
Ainardi también lamentó el que se niegue la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto de los pueblos indígenas, en este caso con la justificación de que se trataría de persecución de delitos comunes y no políticos, lo que en su opinión es un error, puesto que “el tratado internacional no distinguiría en que tipo de delitos deberá privilegiarse otras sanciones en lugar de la prisión”, indicó.
En cuanto a la espera de que se determine la fecha del nuevo juicio por el mismo Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles pero con otros jueces, la abogada anticipó que insistirán en los argumentos que llevaron a la primera instancia judicial.
“Vamos a evaluar con nuestros representados si vamos o no a mantenernos en esa fecha de acuerdo a la estrategia de la defensa que no voy adelantar, pero estamos con toda la fuerza preparándonos como equipo jurídico con las mismas teorías que hemos planteado desde el inicio de la persecución penal, aquí no hay ningún tipo de antecedente determinante para ubicar a estas personas en el sitio del suceso y por lo tanto, no corresponde más que una absolución en un juicio”, concluyó.
Recordemos que el viernes de la semana pasada se aceptaron los antecedentes presentados por la defensa, lo que resultó en la anulación de las condenas de penas carcelarias para los comuneros que iban entre 10 y 15 años. En definitiva, el juicio se repetirá y el Ministerio Público deberá volver a presentar sus pruebas.
La abogada defensora de los cuatro comuneros mapuche, imputados por su presunta participación en dos homicidios frustrados y la quema de camiones en el fundo Punta Arenas -en septiembre 2021-, criticó la resolución del Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles respecto a mantener a los acusados en prisión preventiva. Esto, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Concepción anuló las condenas que pesaban en su contra.
La decisión del órgano juzgador se sostuvo en que la libertad de los cuatro acusados es un peligro para la seguridad de la sociedad.
El magistrado José Martín Cánovas señaló que se atendió “la gravedad de los delitos que se les imputan, las penas que esos mismos delitos tienen, la forma de comisión de los hechos y que en caso de ser encontrados culpables, no podrían acceder a un cumplimiento de las pena en libertad”.
La tarde de ayer además se pronunció el gobernador regional del Biobío Rodrigo Díaz, destacando la participación de Ernesto Llaitul (hijo de Héctor Llaitul) en actos de violencia. “Todos sabemos que Ernesto Llaitul fue detenido portando un arma en Los Ángeles, allá por el año 2017, y que por distintas razones fue dejado en libertad”, recapituló.
“Todos sabemos que el señor Llaitul ha participado de una forma de vida violenta. Voy a hablar en justicia y no en derecho. En justicia su lugar, en mi opinión, es la cárcel. En derecho son leyes que se van adecuando y que se van modificando. Yo tengo la esperanza que el Poder Judicial ayude a que se haga justicia”, señaló la autoridad.
Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, una de las personas a cargo de la defensa, la abogada Josefa Ainardi, reprochó que se acogieran principalmente argumentaciones de la Fiscalía y de la parte querellante.
“Se vislumbra el sesgo racial que siempre hemos alegado y que es parte de todo este engranaje de las instituciones del Estado, no solamente de los tribunales o las fiscalías, es una idea preconcebida que tienen todos estos órganos y que se materializan a través de este tipo de decisiones”, aseguró.
Ainardi también lamentó el que se niegue la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto de los pueblos indígenas, en este caso con la justificación de que se trataría de persecución de delitos comunes y no políticos, lo que en su opinión es un error, puesto que “el tratado internacional no distinguiría en que tipo de delitos deberá privilegiarse otras sanciones en lugar de la prisión”, indicó.
En cuanto a la espera de que se determine la fecha del nuevo juicio por el mismo Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles pero con otros jueces, la abogada anticipó que insistirán en los argumentos que llevaron a la primera instancia judicial.
“Vamos a evaluar con nuestros representados si vamos o no a mantenernos en esa fecha de acuerdo a la estrategia de la defensa que no voy adelantar, pero estamos con toda la fuerza preparándonos como equipo jurídico con las mismas teorías que hemos planteado desde el inicio de la persecución penal, aquí no hay ningún tipo de antecedente determinante para ubicar a estas personas en el sitio del suceso y por lo tanto, no corresponde más que una absolución en un juicio”, concluyó.
Recordemos que el viernes de la semana pasada se aceptaron los antecedentes presentados por la defensa, lo que resultó en la anulación de las condenas de penas carcelarias para los comuneros que iban entre 10 y 15 años. En definitiva, el juicio se repetirá y el Ministerio Público deberá volver a presentar sus pruebas.
