Expertos aseguran que Ley Uber “podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad de los usuarios”
Los especialistas criticaron fuertemente la propuesta y señalaron que cada vez se están tomando medidas más "gravosas". "En un comienzo fue algo necesario, pero se ha excedido con los reglamentos”, declaró Franco Basso, académico de la PUCV.
Miércoles 21 de febrero 2024 18:58 hrs.
Este martes la empresa de transporte china, DiDi, recurrió a la Contraloría General de la República para expresar sus reparos sobre el reglamento que dictó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la denominada Ley Uber, que regula la operación de aplicaciones del mismo tipo.
Así, la firma se sumó a las empresas Uber y Cabify, las cuales también se manifestaron contra el reglamento ante el organismo contralor, al mismo tiempo que lanzaban una amplia campaña publicitaria contra la regulación.
Al respecto, la firma de origen chino, declaró que les “preocupa especialmente que el reglamento presentado afecte los derechos de las personas y establezca normas que van más allá de lo establecido por la misma Ley EAT”.
Es importante recordar que con la Ley Uber o Ley 21.553, los chóferes deberán tener una licencia profesional (clase A). Además, los automovilistas tendrán 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley para renovar su carnet de conducir, mientras tanto podrán continuar usando la licencia estándar no profesional (clase B). A este requisito se suma la inscripción en un registro de conductores y la entrega de los antecedentes penales.
Otros de los requerimientos que debiese cumplir el vehículo son la renovación de la revisión técnica, alzavidrios eléctricos, aire acondicionado o climatizador, y cierre automático o centralizado en todas sus puertas. Además, deberán tener una cilindrada igual o equivalente a 1,4 litros y hasta 10 años de antigüedad. Con estas características, los coches pequeños, autos de menos de 3,7 metros de largo, con capacidad para 4 personas y se les agrupa en el segmento A de autos de pasajeros, deberán ser retirados del servicio.
Cabe señalar que las aplicaciones de transporte se han transformado en una fuente laboral para miles de personas, quienes ocupan sus coches particulares para sumar ingresos. Un estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) estimó que, al aplicarse el nuevo reglamento, un 88,9% de quienes hoy se dedican a esta labor tendrán que dejar estas plataformas. Serían 35 mil 992 personas podrían verse afectadas, de las que 18 mil 787 son chilenos y 17 mil 135 extranjeros. Esto provocaría que la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales.
El ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y economista de la Universidad de California, Felipe Ulloa, criticó fuertemente la medida al argumentar que ésta “podría tener consecuencias devastadoras para el empleo y la seguridad de los usuarios”.
“Cuando una ley destruye empleo es derechamente una mala ley. No es posible que el Estado al momento de regular una actividad económica destruya empleo. Y eso es lo que está ocurriendo con la ley”, señaló.
Respecto a los usuarios, el especialista añadió que “hoy estamos ad portas de un paro de transporte, producto de los altos índices de delincuencia, la gente ha migrado a estos taxis de aplicación para básicamente resguardar sus vidas en el transporte, porque no quieren ser asaltados dentro de un bus Transantiago. Sí los taxis de aplicación se ven reducidos por esta ley que está destruyendo empleo, vamos a tener gente que será víctima de la delincuencia dentro del Transantiago”.
Asimismo, el profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Lizama, relevó el motivo de la molestia de las empresas Uber, Didi y Cabify respecto a la Ley Uber.
“Evidentemente las empresas se ven afectadas, porque arguyen que el reglamento excede el ámbito de atribuciones que tiene el Ejecutivo para regular la aplicación de la ley y que ha excedido su campo de acción en la medida en que está estableciendo requisitos que son más gravosos que los que la ley plantea, por ejemplo, en materia de la antigüedad de los vehículos y materia de cilindrada. Eso va afectar tanto la operación de las empresas de plataforma y a los consumidores”, argumentó.
Por su parte, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), Franco Basso, arremetió con la Ley Uber, asegurando que “si bien en un comienzo fue algo necesario, se ha excedido con los reglamentos”.
“Exigir a los vehículos que tengan que ser del año 2017 o superiores es una exigencia bien dura, en términos de la cantidad de personas que puede llegar a cumplirla, además, tener exigencias en término del cilindrado también es algo que va un poco en contra de la sustentabilidad de la ciudad, ya que entre más cilindraje mayor es la contaminación. Además, el cilindraje no tiene que ver con el confort”, explayó.
Este martes la empresa de transporte china, DiDi, recurrió a la Contraloría General de la República para expresar sus reparos sobre el reglamento que dictó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la denominada Ley Uber, que regula la operación de aplicaciones del mismo tipo.
Así, la firma se sumó a las empresas Uber y Cabify, las cuales también se manifestaron contra el reglamento ante el organismo contralor, al mismo tiempo que lanzaban una amplia campaña publicitaria contra la regulación.
Al respecto, la firma de origen chino, declaró que les “preocupa especialmente que el reglamento presentado afecte los derechos de las personas y establezca normas que van más allá de lo establecido por la misma Ley EAT”.
Es importante recordar que con la Ley Uber o Ley 21.553, los chóferes deberán tener una licencia profesional (clase A). Además, los automovilistas tendrán 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley para renovar su carnet de conducir, mientras tanto podrán continuar usando la licencia estándar no profesional (clase B). A este requisito se suma la inscripción en un registro de conductores y la entrega de los antecedentes penales.
Otros de los requerimientos que debiese cumplir el vehículo son la renovación de la revisión técnica, alzavidrios eléctricos, aire acondicionado o climatizador, y cierre automático o centralizado en todas sus puertas. Además, deberán tener una cilindrada igual o equivalente a 1,4 litros y hasta 10 años de antigüedad. Con estas características, los coches pequeños, autos de menos de 3,7 metros de largo, con capacidad para 4 personas y se les agrupa en el segmento A de autos de pasajeros, deberán ser retirados del servicio.
Cabe señalar que las aplicaciones de transporte se han transformado en una fuente laboral para miles de personas, quienes ocupan sus coches particulares para sumar ingresos. Un estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) estimó que, al aplicarse el nuevo reglamento, un 88,9% de quienes hoy se dedican a esta labor tendrán que dejar estas plataformas. Serían 35 mil 992 personas podrían verse afectadas, de las que 18 mil 787 son chilenos y 17 mil 135 extranjeros. Esto provocaría que la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales.
El ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y economista de la Universidad de California, Felipe Ulloa, criticó fuertemente la medida al argumentar que ésta “podría tener consecuencias devastadoras para el empleo y la seguridad de los usuarios”.
“Cuando una ley destruye empleo es derechamente una mala ley. No es posible que el Estado al momento de regular una actividad económica destruya empleo. Y eso es lo que está ocurriendo con la ley”, señaló.
Respecto a los usuarios, el especialista añadió que “hoy estamos ad portas de un paro de transporte, producto de los altos índices de delincuencia, la gente ha migrado a estos taxis de aplicación para básicamente resguardar sus vidas en el transporte, porque no quieren ser asaltados dentro de un bus Transantiago. Sí los taxis de aplicación se ven reducidos por esta ley que está destruyendo empleo, vamos a tener gente que será víctima de la delincuencia dentro del Transantiago”.
Asimismo, el profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Lizama, relevó el motivo de la molestia de las empresas Uber, Didi y Cabify respecto a la Ley Uber.
“Evidentemente las empresas se ven afectadas, porque arguyen que el reglamento excede el ámbito de atribuciones que tiene el Ejecutivo para regular la aplicación de la ley y que ha excedido su campo de acción en la medida en que está estableciendo requisitos que son más gravosos que los que la ley plantea, por ejemplo, en materia de la antigüedad de los vehículos y materia de cilindrada. Eso va afectar tanto la operación de las empresas de plataforma y a los consumidores”, argumentó.
Por su parte, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), Franco Basso, arremetió con la Ley Uber, asegurando que “si bien en un comienzo fue algo necesario, se ha excedido con los reglamentos”.
“Exigir a los vehículos que tengan que ser del año 2017 o superiores es una exigencia bien dura, en términos de la cantidad de personas que puede llegar a cumplirla, además, tener exigencias en término del cilindrado también es algo que va un poco en contra de la sustentabilidad de la ciudad, ya que entre más cilindraje mayor es la contaminación. Además, el cilindraje no tiene que ver con el confort”, explayó.
Este martes la empresa de transporte china, DiDi, recurrió a la Contraloría General de la República para expresar sus reparos sobre el reglamento que dictó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la denominada Ley Uber, que regula la operación de aplicaciones del mismo tipo.
Así, la firma se sumó a las empresas Uber y Cabify, las cuales también se manifestaron contra el reglamento ante el organismo contralor, al mismo tiempo que lanzaban una amplia campaña publicitaria contra la regulación.
Al respecto, la firma de origen chino, declaró que les “preocupa especialmente que el reglamento presentado afecte los derechos de las personas y establezca normas que van más allá de lo establecido por la misma Ley EAT”.
Es importante recordar que con la Ley Uber o Ley 21.553, los chóferes deberán tener una licencia profesional (clase A). Además, los automovilistas tendrán 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley para renovar su carnet de conducir, mientras tanto podrán continuar usando la licencia estándar no profesional (clase B). A este requisito se suma la inscripción en un registro de conductores y la entrega de los antecedentes penales.
Otros de los requerimientos que debiese cumplir el vehículo son la renovación de la revisión técnica, alzavidrios eléctricos, aire acondicionado o climatizador, y cierre automático o centralizado en todas sus puertas. Además, deberán tener una cilindrada igual o equivalente a 1,4 litros y hasta 10 años de antigüedad. Con estas características, los coches pequeños, autos de menos de 3,7 metros de largo, con capacidad para 4 personas y se les agrupa en el segmento A de autos de pasajeros, deberán ser retirados del servicio.
Cabe señalar que las aplicaciones de transporte se han transformado en una fuente laboral para miles de personas, quienes ocupan sus coches particulares para sumar ingresos. Un estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) estimó que, al aplicarse el nuevo reglamento, un 88,9% de quienes hoy se dedican a esta labor tendrán que dejar estas plataformas. Serían 35 mil 992 personas podrían verse afectadas, de las que 18 mil 787 son chilenos y 17 mil 135 extranjeros. Esto provocaría que la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales.
El ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y economista de la Universidad de California, Felipe Ulloa, criticó fuertemente la medida al argumentar que ésta “podría tener consecuencias devastadoras para el empleo y la seguridad de los usuarios”.
“Cuando una ley destruye empleo es derechamente una mala ley. No es posible que el Estado al momento de regular una actividad económica destruya empleo. Y eso es lo que está ocurriendo con la ley”, señaló.
Respecto a los usuarios, el especialista añadió que “hoy estamos ad portas de un paro de transporte, producto de los altos índices de delincuencia, la gente ha migrado a estos taxis de aplicación para básicamente resguardar sus vidas en el transporte, porque no quieren ser asaltados dentro de un bus Transantiago. Sí los taxis de aplicación se ven reducidos por esta ley que está destruyendo empleo, vamos a tener gente que será víctima de la delincuencia dentro del Transantiago”.
Asimismo, el profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Lizama, relevó el motivo de la molestia de las empresas Uber, Didi y Cabify respecto a la Ley Uber.
“Evidentemente las empresas se ven afectadas, porque arguyen que el reglamento excede el ámbito de atribuciones que tiene el Ejecutivo para regular la aplicación de la ley y que ha excedido su campo de acción en la medida en que está estableciendo requisitos que son más gravosos que los que la ley plantea, por ejemplo, en materia de la antigüedad de los vehículos y materia de cilindrada. Eso va afectar tanto la operación de las empresas de plataforma y a los consumidores”, argumentó.
Por su parte, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), Franco Basso, arremetió con la Ley Uber, asegurando que “si bien en un comienzo fue algo necesario, se ha excedido con los reglamentos”.
“Exigir a los vehículos que tengan que ser del año 2017 o superiores es una exigencia bien dura, en términos de la cantidad de personas que puede llegar a cumplirla, además, tener exigencias en término del cilindrado también es algo que va un poco en contra de la sustentabilidad de la ciudad, ya que entre más cilindraje mayor es la contaminación. Además, el cilindraje no tiene que ver con el confort”, explayó.
Síguenos en 
