En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, profundizó sobre la gestión del Gobierno en materia de educación e insistió en la necesidad de avanzar en una modificación estructural del sector público.
El dirigente comentó que sobre la crisis del SLEP (Servicio Local de Educación Pública) de Atacama “ha habido problemas serios de gestión, negligencia y corrupción, me atrevo a usar esta palabra porque está acreditado con informes y auditorías de Contraloría incluso, pero también hay un problema estructural de la ley”.
A juicio de Aguilar “la ley efectivamente tiene muchas deficiencias, si se revisan nuestras declaraciones o nuestras presentaciones en el Parlamento en su momento, advertimos que había problemas en el diseño de la ley, eso se está evidenciando ahora y el caso Atacama es tal vez el más crítico, pero en esto quiero ser muy claro: Ninguno de los 11 servicios locales en funcionamiento ha operado de manera óptima”.
“Algunos un poco más graves o bastante más graves, como Atacama, otros menos, pero ninguno ha mostrado que viene a ser una solución para la educación pública. Por lo tanto, creemos que, junto con abordar la urgencia en Atacama, esto requiere también que se acelere una modificación al sistema, estructural a mi entender, no pueden ser cambios menores en la ley, sino que tiene que ir a temas de fondo como, por ejemplo, el sistema de financiamiento”, remarcó.
En ese sentido, expresó que “la educación pública de los servicios locales sigue financiándose con voucher, la subvención por asistencia media, que es un criterio absolutamente de mercado y en Chile se sigue aplicando con la educación pública ese sistema y ese modelo. Por lo tanto, aquí hay una cuestión esencial, hay estudios, hay muchas opiniones de expertos en relación a que este es un punto medular y eso no cambió con la Ley de Nueva Educación Pública”.
“Tanto los municipios como los servicios locales siguen siendo un sostenedor para el Estado y, por lo tanto, este Estado que pasa la plata, pero además la pasa con un sistema que se hace muy inestable el financiamiento, hace una pésima gestión de Atacama”, enfatizó.
Asimismo, si bien apuntó al trabajo que está desarrollando el Gobierno a través del Ministerio de Educación para impulsar un proyecto de ley que corrija este tipo de deficiencias, “hemos dicho con mucha insistencia y muy enfáticamente que esa modificación a la ley no puede ser de cuestiones menores o secundarias”.
En esa línea, mencionó que “de hecho, ya hubo modificaciones a la ley que lo que hizo fue modificar los plazos en que generó una transición más larga y ajustó algunos asuntos de la transición, lo cual no fue malo, pero no fue al meollo del asunto, fue una cuestión más bien administrativa. Por lo tanto, Lo que estamos planteando con mucha claridad es que tiene que haber modificaciones de fondo y no puede soslayarse el tema del financiamiento”.
Por lo mismo, insistió en que “el financiamiento en la educación pública debe ser basal, habrá que ver cuál es la mejor forma por matrícula, por presupuesto, pero no puede ser un financiamiento inestable. Un ejemplo concreto, cuando en 2023 hubo epidemia de virus respiratorios, hubo días en que hubo colapso en los hospitales, eso significó en muchos colegios que la asistencia bajó mucho, bueno eso afectó directamente el financiamiento por un asunto absolutamente exógeno, sanitario y estacional. Se castiga el financiamiento de un modo absurdo”.
“La educación pública no puede seguir en esta lógica de competir por captar clientes y recursos en un mercado educativo, porque esa es la lógica que subyace al tema del financiamiento vía voucher”, indicó.
Revisa la entrevista completa en el siguiente link
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, profundizó sobre la gestión del Gobierno en materia de educación e insistió en la necesidad de avanzar en una modificación estructural del sector público.
El dirigente comentó que sobre la crisis del SLEP (Servicio Local de Educación Pública) de Atacama “ha habido problemas serios de gestión, negligencia y corrupción, me atrevo a usar esta palabra porque está acreditado con informes y auditorías de Contraloría incluso, pero también hay un problema estructural de la ley”.
A juicio de Aguilar “la ley efectivamente tiene muchas deficiencias, si se revisan nuestras declaraciones o nuestras presentaciones en el Parlamento en su momento, advertimos que había problemas en el diseño de la ley, eso se está evidenciando ahora y el caso Atacama es tal vez el más crítico, pero en esto quiero ser muy claro: Ninguno de los 11 servicios locales en funcionamiento ha operado de manera óptima”.
“Algunos un poco más graves o bastante más graves, como Atacama, otros menos, pero ninguno ha mostrado que viene a ser una solución para la educación pública. Por lo tanto, creemos que, junto con abordar la urgencia en Atacama, esto requiere también que se acelere una modificación al sistema, estructural a mi entender, no pueden ser cambios menores en la ley, sino que tiene que ir a temas de fondo como, por ejemplo, el sistema de financiamiento”, remarcó.
En ese sentido, expresó que “la educación pública de los servicios locales sigue financiándose con voucher, la subvención por asistencia media, que es un criterio absolutamente de mercado y en Chile se sigue aplicando con la educación pública ese sistema y ese modelo. Por lo tanto, aquí hay una cuestión esencial, hay estudios, hay muchas opiniones de expertos en relación a que este es un punto medular y eso no cambió con la Ley de Nueva Educación Pública”.
“Tanto los municipios como los servicios locales siguen siendo un sostenedor para el Estado y, por lo tanto, este Estado que pasa la plata, pero además la pasa con un sistema que se hace muy inestable el financiamiento, hace una pésima gestión de Atacama”, enfatizó.
Asimismo, si bien apuntó al trabajo que está desarrollando el Gobierno a través del Ministerio de Educación para impulsar un proyecto de ley que corrija este tipo de deficiencias, “hemos dicho con mucha insistencia y muy enfáticamente que esa modificación a la ley no puede ser de cuestiones menores o secundarias”.
En esa línea, mencionó que “de hecho, ya hubo modificaciones a la ley que lo que hizo fue modificar los plazos en que generó una transición más larga y ajustó algunos asuntos de la transición, lo cual no fue malo, pero no fue al meollo del asunto, fue una cuestión más bien administrativa. Por lo tanto, Lo que estamos planteando con mucha claridad es que tiene que haber modificaciones de fondo y no puede soslayarse el tema del financiamiento”.
Por lo mismo, insistió en que “el financiamiento en la educación pública debe ser basal, habrá que ver cuál es la mejor forma por matrícula, por presupuesto, pero no puede ser un financiamiento inestable. Un ejemplo concreto, cuando en 2023 hubo epidemia de virus respiratorios, hubo días en que hubo colapso en los hospitales, eso significó en muchos colegios que la asistencia bajó mucho, bueno eso afectó directamente el financiamiento por un asunto absolutamente exógeno, sanitario y estacional. Se castiga el financiamiento de un modo absurdo”.
“La educación pública no puede seguir en esta lógica de competir por captar clientes y recursos en un mercado educativo, porque esa es la lógica que subyace al tema del financiamiento vía voucher”, indicó.
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En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, profundizó sobre la gestión del Gobierno en materia de educación e insistió en la necesidad de avanzar en una modificación estructural del sector público.
El dirigente comentó que sobre la crisis del SLEP (Servicio Local de Educación Pública) de Atacama “ha habido problemas serios de gestión, negligencia y corrupción, me atrevo a usar esta palabra porque está acreditado con informes y auditorías de Contraloría incluso, pero también hay un problema estructural de la ley”.
A juicio de Aguilar “la ley efectivamente tiene muchas deficiencias, si se revisan nuestras declaraciones o nuestras presentaciones en el Parlamento en su momento, advertimos que había problemas en el diseño de la ley, eso se está evidenciando ahora y el caso Atacama es tal vez el más crítico, pero en esto quiero ser muy claro: Ninguno de los 11 servicios locales en funcionamiento ha operado de manera óptima”.
“Algunos un poco más graves o bastante más graves, como Atacama, otros menos, pero ninguno ha mostrado que viene a ser una solución para la educación pública. Por lo tanto, creemos que, junto con abordar la urgencia en Atacama, esto requiere también que se acelere una modificación al sistema, estructural a mi entender, no pueden ser cambios menores en la ley, sino que tiene que ir a temas de fondo como, por ejemplo, el sistema de financiamiento”, remarcó.
En ese sentido, expresó que “la educación pública de los servicios locales sigue financiándose con voucher, la subvención por asistencia media, que es un criterio absolutamente de mercado y en Chile se sigue aplicando con la educación pública ese sistema y ese modelo. Por lo tanto, aquí hay una cuestión esencial, hay estudios, hay muchas opiniones de expertos en relación a que este es un punto medular y eso no cambió con la Ley de Nueva Educación Pública”.
“Tanto los municipios como los servicios locales siguen siendo un sostenedor para el Estado y, por lo tanto, este Estado que pasa la plata, pero además la pasa con un sistema que se hace muy inestable el financiamiento, hace una pésima gestión de Atacama”, enfatizó.
Asimismo, si bien apuntó al trabajo que está desarrollando el Gobierno a través del Ministerio de Educación para impulsar un proyecto de ley que corrija este tipo de deficiencias, “hemos dicho con mucha insistencia y muy enfáticamente que esa modificación a la ley no puede ser de cuestiones menores o secundarias”.
En esa línea, mencionó que “de hecho, ya hubo modificaciones a la ley que lo que hizo fue modificar los plazos en que generó una transición más larga y ajustó algunos asuntos de la transición, lo cual no fue malo, pero no fue al meollo del asunto, fue una cuestión más bien administrativa. Por lo tanto, Lo que estamos planteando con mucha claridad es que tiene que haber modificaciones de fondo y no puede soslayarse el tema del financiamiento”.
Por lo mismo, insistió en que “el financiamiento en la educación pública debe ser basal, habrá que ver cuál es la mejor forma por matrícula, por presupuesto, pero no puede ser un financiamiento inestable. Un ejemplo concreto, cuando en 2023 hubo epidemia de virus respiratorios, hubo días en que hubo colapso en los hospitales, eso significó en muchos colegios que la asistencia bajó mucho, bueno eso afectó directamente el financiamiento por un asunto absolutamente exógeno, sanitario y estacional. Se castiga el financiamiento de un modo absurdo”.
“La educación pública no puede seguir en esta lógica de competir por captar clientes y recursos en un mercado educativo, porque esa es la lógica que subyace al tema del financiamiento vía voucher”, indicó.
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