Será el próximo jueves 29 de febrero que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) deberá pronunciarse sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), con el fin de que puedan ser administradas por comunidades indígenas.

Se trata de las solicitudes sobre “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscan –a través de la Ley Lafkenche (N°20.249)- el reconocimiento y protección de derechos territoriales sobre el espacio marítimo, las cuales han sido fuertemente cuestionadas por la industria salmonera.

Así, por ejemplo, en entrevista con El Mercurio, el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, acusó que con estas solicitudes se pondrían en riesgo 300 concesiones acuícolas, que corresponden al 45% de las existentes en la Región de Aysén y equivalen a cerca del 25% de la capacidad nacional de cultivo de salmones.

Mientras, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en una carta dirigida al Gobierno, expresó que con los ECMPO “podría suceder que grupos de pocas personas puedan acceder a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo”. Por lo que, “una mala decisión podría tener un impacto muy negativo e irreversible en todas aquellas familias cuyas vidas dependen de las actividades relacionadas con los mares de la región”, según recoge el matutino.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el lonko de la comunidad Pu Wapi de Melinka y miembro del comité bentónico de Aysén, Daniel Caniullán, desestimó las críticas de la industria, calificando como “una mentira” un eventual desmedro del sector en caso de aprobarse estas solicitudes.

En ese sentido, comentó que “la industria salmonera, de esas 724 concesiones ocupa 300, quedan más de 400 disponibles para que ellos se puedan seguir desarrollando (…) Le están mintiendo al Gobierno y a mucha gente, diciendo que si se aprueba el espacio ellos no van a poder desarrollarse, que las comunidades les van a cobrar. Les he dicho a ellos como gerentes que ‘ustedes hagan su trabajo, ya tienen el mar a su favor’, pero como comunidad costera necesitamos desarrollarnos con actividades económicas colectivas”.

Del mismo modo, descartó conflictos con pescadores artesanales. “Hay un mundo de familias que dependemos única y exclusivamente del mar. Por eso hicimos un acuerdo en 2021 con los pescadores, donde dijimos que el único mecanismo que nos permite protegernos de todas las amenazas es la Ley Lafkenche y ese acuerdo está firmado”, dijo.

Acuerdo de pescadores artesanales y comunidades lafkenche del litoral de la Región de Aysén.

“Esta región (Aysén) tiene la tercera mayoría en población de pueblos originarios: mapuche, huilliche, lafkenche. Entonces, con todos esos datos, hemos convivido de la mejor manera con los pescadores. Nosotros queremos proteger lo poco que queda, porque la Ley Lafkenche no quita derechos a nadie, al contrario, protege lo que queda y es como que nosotros, las comunidades, nos quedamos con las sobras. El sistema va a colapsar si el Gobierno sigue entregando más concesiones, con lo que tienen es suficiente”, acusó.

El presidente de la Federación Flota Norte de Puerto Cisne, Carlos Torres, compartió este análisis y apuntó a los efectos que ha conllevado la salmonicultura en la zona. “Hoy día ningún ente político ha tomado el guante de la contaminación grave que tenemos en nuestros canales, la poca oxigenación que está quedando, los escapes de salmón que quedan desapercibidos”, manifestó.

“Hemos trabajado con CONADI, con los pueblos originarios porque vemos nosotros, los pescadores artesanales, que la única alternativa que nos queda para preservar los bancos naturales es el tema de fondo. Las ‘triple AAA’ (Áreas Aptas para la Acuicultura) le otorgaron) 724 concesiones a la salmonicultura y la mayoría de ellas están acreditadas por créditos hipotecarios que van por sobre los mil 500 millones de dólares por cada una”, agregó.

El próximo 29 de febrero a Comisión Regional de Uso del Borde Costero deberá definir la constitución de e los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs) Islas Huichas y Cisnes. Foto: Cedida

Asimismo, Torres denunció que “se está hipotecando el mar“, mientras que los pescadores están “quedando fuera de toda la perspectiva de conservación de los recursos”. “Todos los indicadores de recuperación de la biomasa están en crisis y cuando hablamos de crisis hablamos de crisis alimentaria de la pesca artesanal”, destacó.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano y coordinadora del Programa de Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo de la entidad, Lorena Arce, tildó de “malintencionados” los argumentos planteados por la industria salmonera y la CPC.

“Decir que poner en riesgo el 45% de la actividad en la región es simplemente falso, porque todos los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en la Ley Lafkenche pasan antes por un análisis de sobreposición y, en ese análisis, todas las concesiones acuícolas que menciona el señor Monge, las más de 300, ya fueron excluidas del espacio. Es decir, el ECMPO no toca ninguna de esas concesiones, esas van a seguir operando”, rectificó Arce.

En detalle, la ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez indicó que “solo existen entre 10 y 15 concesiones que están paralizadas por el momento, esperando a la resolución del ECMPO, pero 15 de más de 700 que existen en la región y de más de 300 que se sobreponen con los ECMPO. Entonces, no vemos por dónde esto puede paralizar a la industria salmonera”.

Asimismo, Arce fue enfática en señalar que “los ECMPO no son figuras que excluyen a otros usuarios del territorio. Hay usuarios que son titulares y que son las comunidades que invocan el ECMPO, hacen la solicitud, pero hay usuarios no titulares y permite todo tipo de usos en el espacio. No se otorga un derecho de uso exclusivo al mar”.