Una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda con presencia de los titulares de Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, más los subsecretarios de dichas carteras. La instancia se enfocó en los avances implementados durante los últimos dos años en centros carcelarios.
Tras la instancia, el Gobierno anunció prioridades legislativas y medidas de gestión. En particular, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que se pondrá urgencia, para agilizar su tramitación, al proyecto de ley de expulsiones.
“Un número importante de personas privadas de libertad actualmente están condenadas por la ley 20.000 y de acuerdo a la modificación legal ha sido imposible su expulsión. El Ejecutivo considera que esas personas deben ser expulsadas del país y en consecuencia eso nos va permitir una descongestión relevante en el sistema penitenciario”, afirmó.
También se buscará penalizar el lanzamiento de elementos prohibidos al interior de establecimientos carcelarios y, en tercer lugar, “el Ejecutivo va a remitir un proyecto de ley al Congreso que viene estudiando hace un tiempo y que está en su análisis de evaluación presupuestaria, que es una medida cautelar intermedia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva, que está vinculada a un arresto domiciliario con control telemático“.
“El control telemático en lugares cerrados por parte de Gendarmería tiene una alta tasa de éxito y eso nos permitirá tener un número aproximado de 10 mil personas fuera de los establecimientos penitenciarios cumpliendo una medida cautelar”, añadió Cordero.
Como última medida legislativa, el titular de Justicia sostuvo que se establecerá la obligación para que todos los funcionarios de Gendarmería, cualquier sea su rango, formulen declaraciones de patrimonio con regularidad.
En razón de las medidas de gestión, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, detalló que se ha avanzado en distintos ejes, pero principalmente fortaleciendo la infraestructura, para abordar la sobrepoblación en los recintos como también para mantener la segregación “necesaria y suficiente” que requieren los reclusos con los delitos más gravosos.
En segundo lugar, Gajardo relevó que en 2022 “solo existían seis módulos de alta seguridad a lo largo de los 82 establecimientos penitenciarios que hay en todo el país, estos seis módulos tenían una capacidad aproximada para 300 personas, en estos dos años de Gobierno hemos duplicado ese número“.
“Hoy día tenemos una capacidad para más de 600 personas en siete módulos, más la rehabilitación que hicimos de la cárcel de alta y máxima seguridad que se encontraba despoblada desde el año 2021, después de una importante inversión, se recuperó este establecimiento penitenciario y fue inaugurado por el Presidente de la República en abril del año pasado, es decir, hemos aumentado en el doble de la capacidad para tener a los delincuentes mas peligrosos”, afirmó.
Por último, señaló que pronto publicarán una nueva licitación para la instalación de inhibidores de telefonía celular que incorporarán en nueve establecimientos penitenciarios para alcanzar a la mitad de la población reclusa en este gobierno.
Imagen de Portada: Agencia ATON.
Una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda con presencia de los titulares de Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, más los subsecretarios de dichas carteras. La instancia se enfocó en los avances implementados durante los últimos dos años en centros carcelarios.
Tras la instancia, el Gobierno anunció prioridades legislativas y medidas de gestión. En particular, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que se pondrá urgencia, para agilizar su tramitación, al proyecto de ley de expulsiones.
“Un número importante de personas privadas de libertad actualmente están condenadas por la ley 20.000 y de acuerdo a la modificación legal ha sido imposible su expulsión. El Ejecutivo considera que esas personas deben ser expulsadas del país y en consecuencia eso nos va permitir una descongestión relevante en el sistema penitenciario”, afirmó.
También se buscará penalizar el lanzamiento de elementos prohibidos al interior de establecimientos carcelarios y, en tercer lugar, “el Ejecutivo va a remitir un proyecto de ley al Congreso que viene estudiando hace un tiempo y que está en su análisis de evaluación presupuestaria, que es una medida cautelar intermedia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva, que está vinculada a un arresto domiciliario con control telemático“.
“El control telemático en lugares cerrados por parte de Gendarmería tiene una alta tasa de éxito y eso nos permitirá tener un número aproximado de 10 mil personas fuera de los establecimientos penitenciarios cumpliendo una medida cautelar”, añadió Cordero.
Como última medida legislativa, el titular de Justicia sostuvo que se establecerá la obligación para que todos los funcionarios de Gendarmería, cualquier sea su rango, formulen declaraciones de patrimonio con regularidad.
En razón de las medidas de gestión, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, detalló que se ha avanzado en distintos ejes, pero principalmente fortaleciendo la infraestructura, para abordar la sobrepoblación en los recintos como también para mantener la segregación “necesaria y suficiente” que requieren los reclusos con los delitos más gravosos.
En segundo lugar, Gajardo relevó que en 2022 “solo existían seis módulos de alta seguridad a lo largo de los 82 establecimientos penitenciarios que hay en todo el país, estos seis módulos tenían una capacidad aproximada para 300 personas, en estos dos años de Gobierno hemos duplicado ese número“.
“Hoy día tenemos una capacidad para más de 600 personas en siete módulos, más la rehabilitación que hicimos de la cárcel de alta y máxima seguridad que se encontraba despoblada desde el año 2021, después de una importante inversión, se recuperó este establecimiento penitenciario y fue inaugurado por el Presidente de la República en abril del año pasado, es decir, hemos aumentado en el doble de la capacidad para tener a los delincuentes mas peligrosos”, afirmó.
Por último, señaló que pronto publicarán una nueva licitación para la instalación de inhibidores de telefonía celular que incorporarán en nueve establecimientos penitenciarios para alcanzar a la mitad de la población reclusa en este gobierno.
Imagen de Portada: Agencia ATON.
Una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda con presencia de los titulares de Interior, Carolina Tohá, y de Justicia, Luis Cordero, más los subsecretarios de dichas carteras. La instancia se enfocó en los avances implementados durante los últimos dos años en centros carcelarios.
Tras la instancia, el Gobierno anunció prioridades legislativas y medidas de gestión. En particular, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que se pondrá urgencia, para agilizar su tramitación, al proyecto de ley de expulsiones.
“Un número importante de personas privadas de libertad actualmente están condenadas por la ley 20.000 y de acuerdo a la modificación legal ha sido imposible su expulsión. El Ejecutivo considera que esas personas deben ser expulsadas del país y en consecuencia eso nos va permitir una descongestión relevante en el sistema penitenciario”, afirmó.
También se buscará penalizar el lanzamiento de elementos prohibidos al interior de establecimientos carcelarios y, en tercer lugar, “el Ejecutivo va a remitir un proyecto de ley al Congreso que viene estudiando hace un tiempo y que está en su análisis de evaluación presupuestaria, que es una medida cautelar intermedia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva, que está vinculada a un arresto domiciliario con control telemático“.
“El control telemático en lugares cerrados por parte de Gendarmería tiene una alta tasa de éxito y eso nos permitirá tener un número aproximado de 10 mil personas fuera de los establecimientos penitenciarios cumpliendo una medida cautelar”, añadió Cordero.
Como última medida legislativa, el titular de Justicia sostuvo que se establecerá la obligación para que todos los funcionarios de Gendarmería, cualquier sea su rango, formulen declaraciones de patrimonio con regularidad.
En razón de las medidas de gestión, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, detalló que se ha avanzado en distintos ejes, pero principalmente fortaleciendo la infraestructura, para abordar la sobrepoblación en los recintos como también para mantener la segregación “necesaria y suficiente” que requieren los reclusos con los delitos más gravosos.
En segundo lugar, Gajardo relevó que en 2022 “solo existían seis módulos de alta seguridad a lo largo de los 82 establecimientos penitenciarios que hay en todo el país, estos seis módulos tenían una capacidad aproximada para 300 personas, en estos dos años de Gobierno hemos duplicado ese número“.
“Hoy día tenemos una capacidad para más de 600 personas en siete módulos, más la rehabilitación que hicimos de la cárcel de alta y máxima seguridad que se encontraba despoblada desde el año 2021, después de una importante inversión, se recuperó este establecimiento penitenciario y fue inaugurado por el Presidente de la República en abril del año pasado, es decir, hemos aumentado en el doble de la capacidad para tener a los delincuentes mas peligrosos”, afirmó.
Por último, señaló que pronto publicarán una nueva licitación para la instalación de inhibidores de telefonía celular que incorporarán en nueve establecimientos penitenciarios para alcanzar a la mitad de la población reclusa en este gobierno.
Imagen de Portada: Agencia ATON.
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