Con un total de 24 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, la sala del Senado aprobó en general el proyecto de Sala Cuna Universal presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera en enero de 2022.

La iniciativa que busca establecer el derecho de sala cuna, sin importar el número de trabajadores, trabajadoras e independientes que tenga una empresa, no contó con el respaldo de los senadores oficialistas y de la Democracia Cristiana.

Desde dichos sectores, se alega que se estaría pasando a llevar el derecho a la educación de los niños y niñas y además, existe molestia por el retraso del Gobierno en presentar indicaciones.

En ese sentido, la senadora de la Democracia Cristiana y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, aseguró que se trata de una “ley de guarderías”, que implica un importante retroceso.

“No es casual que aquí estén todas las organizaciones de educación inicial. Las distintas organizaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de los jardines vía transferencia de fondos, de Integra, de los jardines particulares, están con una postura clara de rechazo a esta iniciativa. Y uno se pregunta: si todas quienes han estado durante años comprometidas con la educación inicial, están en contra de este proyecto, ¿qué es lo que busca esta iniciativa que se acaba de aprobar con los votos de la derecha? Lo que busca es precarizar la educación inicial, generar lucro e invisibilizar a los niños”, acusó.

A lo anterior, la parlamentaria de la DC agregó que la ley de Sala Cuna Universal sería un “Sename 2.0”. “En Chile tenemos un problema creciente, que es de abuso sexual infantil, ¿y dónde ocurre este abuso sexual infantil? Fundamentalmente en los hogares y queremos llevar a los niños a esos hogares. Lo que busca la derecha es construir un nuevo Sename en donde nuestros niños estén al arbitrio de las voluntades, pero también de los riesgos que existen”, dijo.

AJUNJI: “Abre un sistema de cuidados al libre albedrío”

El debate en la sala del Senado fue seguido de cerca por los integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNJI.

A juicio de la presidenta de la organización, Silvia Silva, el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, es “un peligro para la seguridad de los niños y niñas”, al mismo tiempo que “representa, para nosotros mismos, un retroceso en los estándares de calidad y abre espacio a la mercantilización”.

“No es un proyecto con un foco educativo, es un proyecto que tiene una perspectiva laboral y no uno que emana desde el Ministerio de Educación. En ninguna parte del proyecto se señala a los niños y las niñas y eso abre un sistema de cuidados al libre albedrío. Es colocar en riesgo la seguridad, la vida y la educación de los niños y las niñas”, expresó.

Para las jornadas de este jueves 4 y viernes 5 de abril, la AJUNJI llamó a un paro de actividades. Esto último, con la intención de presionar al Gobierno en la presentación de indicaciones.

“Hemos tomado la definición política de llamar a un paro nacional de advertencia de 48 horas para que el Gobierno agilice estas indicaciones sustitutivas y que también puedan ser trabajadas con las organizaciones sociales de nuestro sector”, señaló Silva.

Ministra Orellana: “Este proyecto no es de Sala Cuna Universal”

Desde el Gobierno, tanto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunciaron que se está trabajando en una indicación sustitutiva para cambiar el contenido del proyecto de ley.

La ministra Orellana justificó esta acción en que no se trata de una iniciativa universal y también, en las posibles consecuencias sobre la educación de niños y niñas.

“Este proyecto no es de Sala Cuna Universal porque en primer lugar no habla de corresponsabilidad en serio. Sitúa el derecho a Sala Cuna en quien tiene la tuición, generando una burocracia innecesaria a lo que ya existe, generando límites a que los padres puedan integrarse como beneficiarios de la Sala Cuna y también exponiendo innecesariamente a mujeres que no tengan contactos con los padres, a tener que ratificar la tuición mediante un proceso que puede ser engorroso en tribunales de familia”, argumentó Orellana.

Asimismo, la secretaria de Estado apuntó a que el proyecto “no menciona la palabra educación, no garantiza la protección de la infancia y su desarrollo y en ese sentido, es importante que como país no retrocedamos en los estándares conseguidos en las últimas décadas”, instó.

“Desde hace 70 años que a través de instituciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, nuestro país ha ido mejorando la forma en que protege y desarrolla a la niñez y eso es algo que no puede relativizarse”, advirtió.