La Defensoría de la Niñez presentó a inicios de este mes un nuevo informe titulado “Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia”, elaborado por el Observatorio de Derechos, donde se alertan indicadores críticos relacionados, entre otras temáticas, a ejes como la vida, supervivencia, desarrollo, protección y participación.

El documento fue elaborado en base a cruces de datos y sistematización de información respectiva a los indicadores ya mencionados, teniendo como horizonte la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Uno de los puntos destacados por el defensor de la niñez, Anuar Quesille, fue la situación educacional. En conversación con Semáforo sostuvo que, en dicho aspecto, lo que más preocupa “es la forma en que han aumentado las situaciones de violencia en el contexto educativo. Tenemos un problema de cobertura e infraestructura en la cual el Estado está trabajando, pero donde probablemente no existe una estrategia tan clara es sobre la violencia contra la niñez en los contextos educativos y particularmente la violencia que se produce entre pares (estudiantes)”.

“Y, ahí, parte de los datos que releva el diagnóstico tiene que ver con este aumento importante en los últimos cuatro años de las denuncias que se presentan a propósito de la temática de la convivencia escolar y que son recibidas por las Superintencia de Educación. Hay cerca de un 38% de aumento“, afirmó.

Si bien parte de este incremento podría responder al mayor conocimiento de los mecanismos de denuncia, Quesille indicó que lo que preocupa es que “tenemos una tasa importante en los establecimientos educacionales que no solamente está dada por el bullying o la violencia física al interior de los colegios, sino que por formas que se dan en el contexto del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones: el cyberbullying, el acoso online, el sexting, sextorsión y grooming, son situaciones que en definitiva han repercutido de manera negativa en la garantía del derecho a la educación y, por otra parte, la protección de la niñez frente a toda forma de violencia”.

El defensor de la niñez vinculó esta problemática al estado de la salud mental, dado que que se han registrado preocupantes tasas de suicidio, y, por otra parte, “cifras importantes en materia de listas de espera, donde los NNA, y así lo refleja el diagnóstico, manifiestan un porcentaje importante que no ha podido ir a un diagnóstico psicológico o atención psiquiatrica, lo que también repercute en altas tasas de suicidio adolescente”.

“En el último tiempo uno podría dar cuenta de un promedio de 100 suicidios al año de NNA y que se debe en gran parte a la falta de acceso a salud mental. Eso se agrava a un más en quienes están bajo protección del Estado”, apuntó.

Quesille además destacó las problemáticas en relación a la niñez en contexto de movilidad humana. “Ahí lo que falta es avanzar hacia un plan que permita que los NNA puedan acceder a derechos sociales, en las mismas condiciones que los nacionales. Esto, en ningún caso, debería implicar desproteger los derechos de los nacionales, sino que se trata de nivelar la forma en que el Estado atiende y garantiza los derechos humanos, por ejemplo, en educación, vivienda y salud”.

Por otro lado, el defensor de la niñez cuestionó la utilización de la medida cautelar de internación provisoria respecto a los adolescentes en conflicto con la ley “porque el diagnóstico nos indica que del 100% de los adolescentes que están vigentes en internación provisoria, o estuvieron vigentes, para el periodo de la investigación, solo el 33% de esos adolescentes terminaron en una sanción privativa de libertad, es decir, el otro 67% o fue absuelto o fue sancionado a una medida en el medio libre”.

“Estamos frente a una utilización excesiva de la internación provisoria en criscuntancias que el mandato del nuevo servicio de reinserción social juvenil es precisamente buscar alternativas que permitan una responsabilización por los delitos que cometan los adolescentes, pero a la vez, medidas para que esos adolescentes puedan reinsertarse académicamente, laboralmente, y que efectivamente esto produzca efectos pertinentes, es decir, que los adolescentes no vuevan a delinquir”, dijo.

Por último, como desafío, indicó que se debe abordar el diagnóstico de manera transversal: “Acá se necesita un trabajo coordinado entre todas las instituciones que permitan identificar aquellas deficiencias para poder abordarlas de manera integral, holística y de manera que se pueda superar la brecha garantizando otros derechos”.

Para acceder al documento, puedes ingresar a la página  www.observatorio.defensorianiñez.cl