En medio de un “recrudecimiento” de los hechos de violencia y tras un álgido debate político, la abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, María Jaraquemada, abordó la relación entre el crimen organizado y la corrupción. Un tema no abordado con la prioridad necesaria a nivel nacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la experta indicó que el crimen organizado no solo se expresa en el narcotráfico o delitos violentos: “Son, en el fondo, asociaciones ilícitas que tienen estructuras que generalmente están jerarquizadas, que operan como ’empresas’, y que cometen una serie de crímenes bastantes graves, que incluso va en la trata de personas, secuestros, extorsiones, tráficos de drogas, órganos, contrabando, etc”.

“Básicamente buscan cometer estos delitos no por solo una visión sádica o por el gusto de cometer crímenes, sino que con un fin económico y para eso, para operar de forma adecuada, establecer sus redes operativas, disfrutar de esta economía ilícita que ellos montan, requieren también de la corrupción y del Estado como cómplice para llevar a cabo de manera adecuada. Si no tienen este beneplácito del Estado, ya sea una captura por una corrupción, no operan adecuadamente en esos países”, explicó.

En esa línea, Jaraquemada sostuvo que “si estamos hablando de crimen organizado y de esta crisis, tenemos que, también paralelamente atacar el frente de la corrupción porque se alimentan el uno del otro”.

Lo último, porque las bandas criminales “necesitan disminuir la posibilidad de cumplimiento de la normativa y el control de las fronteras, además de lavar el dinero”.

“Entonces, necesita un Estado débil. Necesita capturar ya sea funcionarios de Aduanas, de Gendarmería, policías, de las fronteras, la Fiscalía, los tribunales, para poder funcionar”, señaló.

Respecto al debate político sobre seguir la ruta del dinero, Jaraquemada cuestionó que la discusión se haya centrado solo en flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, que si bien es una de las tantas medidas que pueden existir, la experta indicó que deben ser varias las medidas complementarias.

“Se ha hablado poco, por ejemplo, de un registro centralizado y público de beneficiarios finales. Hay un proyecto de ley que se ingresó a fines del año pasado en el Senado, pero no se ha avanzado mucho y eso (el registro) también se ha visto incluso en países desarrollados como algo muy potente”, planteó.

En ese sentido, Jaraquemada relevó la importante de profundizar la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario: “Hay que discutir esto, hay que ver cómo podemos avanzar y cómo tratamos de mantener todos estos distintos bienes. En el fondo nos importa la seguridad de nuestro país, no tener un país tan voluble a la corrupción, pero también la privacidad de las personas, en balance. Pero a nosotros se nos ha dicho por instancias internacionales y ciertos indicadores, que Chile es un país -dentro del espectro mundial- que está en el grupo, si lo dividiéramos en cuatro, de los segundos que tiene mas protección del secreto bancario”.

“El Ministerio Público por cierto que puede acceder con autorización bancaria, acá se está planteando respecto a autoridades administrativas que probablemente están en una fase previa a mandar la información a Fiscalía. Efectivamente es una discusión que debemos tener y creo que con los resguardos necesarios. Tenemos que tratar de que tampoco sea abusado y que tenga que ser en casos donde haya presunciones fundadas de crímenes graves”, zanjó.

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