Llega el cierre de año y las organizaciones defensoras de derechos humanos realizan un balance sobre la gestión del Ejecutivo -y otros poderes del Estado- sobre los ejes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Identificando los avances, los rezagos y las deudas que se heredan para el 2023, las agrupaciones consultadas por Radio y Diario Universidad de Chile dan cuenta de una preocupación común: La esquiva relación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, con la Justicia y la pasividad que manifiesta el Gobierno sobre la materia.
Y es que el líder de la institución policial se encuentra en calidad de imputado en el marco de la investigación por presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desde una responsabilidad superior o “altos mandos”. Una indagatoria que dirige la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
En el marco de ese proceso, el general director se ha excusado de las tres oportunidades en que se le ha citado a declarar. ¿Las razones? Problemas de agenda, apelación al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal para entregar su testimonio en el lugar que ejerce funciones o en su domicilio y, finalmente, una solicitud de audiencia para una declaración judicial, para efectos de comparecer ante un juez de garantía y no ante la fiscal Chong. Ello, porque la defensa del policía considera que la persecutora no da garantías de imparcialidad por pertenecer a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), que es querellante del caso.
Cabe recordar que, en contexto del estallido social, Carabineros era dirigido por el general (R) Mario Rozas, mientras que Yáñez detentaba el cargo de jefe de Orden y Seguridad, el que tiene bajo su responsabilidad las estrategias para enfrentar las manifestaciones.
Sobre el titular de la policía, la presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Chile, Sofia Lanyon, reconoció que “nos preocupa que siga en ejercicio existiendo un procedimiento que está pendiente”, considerando que “a nuestro entender, su colaboración en el caso que él está involucrado no habría sido la que corresponde”.
“Es importante que el Ejecutivo tenga claro que promueva e incentive que el general director vaya y cumpla con sus deberes de funcionario público en el sentido de que si un Tribunal lo cita, él tiene que asistir y tiene que colaborar con la justicia y los distintos procedimientos”.
Si bien acotó que “nosotros también tenemos muy claro que existe un principio de presunción de inocencia y mientras el general director no esté condenado, no tenga una sentencia condenatoria, firme y ejecutoriada, lo beneficia esa presunción”, relevó que “es ahí donde radica la importancia de su participación colaborativa en este proceso, para que se puedan deslindar las responsabilidades”.
Sofía Lanyon.
A su vez, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, consideró inaceptable que el Ejecutivo respalde al actual general director de Carabineros y no haya mostrado avances significativos sobre la reforma a las policías, “institución que concentra el 91% de las denuncias de la actual tramitación por violación a los derechos humanos cometidas durante el estallido social”, destacó, recordando que “fue el propio Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en su informe para Chile y el estallido social lo solicitó (la reforma) entre sus recomendaciones”.
“En cambio el Gobierno ha optado por respaldar al director general de Carabineros Ricardo Yáñez Reveco, quien acumula querellas y denuncias ante el Ministerio Público como ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en los crímenes contra los derechos humanos cometidos por Carabineros durante el estallido social”, recordó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, aseguró que la salida de Yáñez no es un requerimiento antojadizo de las organizaciones de derechos humanos, sino una demanda que se asienta en los graves antecedentes que hay en contra del uniformado.
“Carabineros ha sentido nuevamente un respaldo del Gobierno y yo creo que el Gobierno debe respaldar a Carabineros, pero en hechos concretos, en la forma de trabajo, que lo valore, pero cuando hay antecedentes, incluso se han dado reportajes con antecedentes serios, el señor Yáñez como lo han hecho otros Gobiernos ha sido inamovible, por lo cual, la mala escuela que ha quedado, debe generar un grado de sospecha de parte del Presidente y del Gobierno cuando casi todos los directores de Carabineros y del Ejército de Chile están desfilando hoy día en los tribunales de justicia”, consideró.
De hecho, en términos de avances en el eje de Justicia, Amnistía Chile saca cuentas pendientes. “Nosotros creemos que aquí reina la impunidad. De más de 10.800 casos que se identificaron como violaciones de derechos humanos, que fueron denuncias de víctimas en el contexto del estallido social, han habido solo 16 condenas, lo que es equivalente al 0,1% del total de casos que ha llegado a puerto con condenas a los perpetradores de esas violaciones a los derechos humanos”, relevó.
Por ello, criticó la falta de recursos y medidas concretas de parte del Poder Judicial para efectos de acelerar las causas, y reprobó el actuar de Carabineros en cuanto “a la poca colaboración que ha tenido no solo en entregar la información, en realizar las dirigencias, sino también en efectuar sus propios juicios y procedimientos administrativos internos para poder dilucidar la responsabilidad de las personas que se han visto involucradas en estos actos de violaciones a los derechos humanos”.
Sobre ese asunto Margotta también manifestó su preocupación. Atendiendo a las escasas condenas sobre los agentes del Estado, y al hecho de que ningún caso corresponda a un alto mando, el jurista relevó que aún hay cerca de 40 presos del estallido social “condenados en juicios con graves infracciones a las reglas del debido proceso”. Si bien valoró los indultos que el Presidente Gabriel Boric ordenó para 12 jóvenes privados de libertad por hechos asociados a las protestas del “18-O”, apremió la liberación de todos los reclusos.
Carlos Margotta.
Otras observaciones
Al abordar otras aristas del balance 2022, la percepción de Amnistía Chile está lejos de ser negativa, y es que un hito que Lanyon destacó en materia de derechos humanos fue la instalación del propio Gobierno. “Marcó una diferencia muy importante porque comenzó reconociendo que los hechos y mutilaciones, irregularidades y las consecuencias del actuar de la policía a propósito del estallido social, son reconocidas como violaciones a los derechos humanos y para nosotros eso es bastante importante”, señaló.
“Parece ser algo bastante sencillo pero eso es la base fundamental que orienta las políticas públicas”, acotó, apuntando en ello a “la instalación de una mesa de trabajo para la elaboración de una política integral de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos” y “la mesa de trabajo para la reforma a las policías, que sin perjuicio que avanza mucho más lento de lo que a nosotros nos gustaría y estimamos necesario para poder efectivamente materializar una medida que garantice la no repetición, estimamos que es una buena señal”.
En tanto, la presidenta de la AFEP valoró el hecho de que “por primera vez un presidente de la República haga el anuncio de una propuesta de llevar a cabo este Plan Nacional de Búsqueda, que haya recibido y escuchado a las agrupaciones, donde incluso le pudimos entregar la propuesta histórica de todas las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”
No obstante, la dirigenta advirtió el rezago que presenta el programa en términos de avances considerables. “Hemos estado en encuentros tanto acá en Santiago como se han hecho agrupaciones en regiones, pero en concreto, de decir que hemos avanzado, no tenemos nada en las manos”, afirmó.
Y añadió que “todavía vemos muy lento el proceso, porque lo que necesitamos, a 49 años que no hubo esta preocupación de otro Gobierno, que no hubo una propuesta concreta de búsqueda, es rapidez por parte del Gobierno del Presidente Boric”.
Por otro lado, si bien Lira dio cuenta de la valoración que las organizaciones de derechos humanos hacen sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar que anunció el Ejecutivo, dijo esperar que la narrativa no sea la de minimizar los hechos acontecidos durante dicho período, “considerando que aún tenemos 900 familiares que esperan sus detenidos y detenidas desaparecidas, una cantidad de familiares que aún esperan los restos de sus ejecutados políticos”, destacó.
Alicia Lira.
A su vez, haciendo la retrospectiva, Margotta indicó que “para nuestra institución, el año que termina no es alentador en materia de avance en derechos humanos”.
“En primer lugar nos parece que es necesario contar a la brevedad con una legislación que sancione el negacionismo. No es verdad que la sanción contra el negacionismo constituye un atentado a la libertad de expresión, si fuera cierto se estaría desconociendo que la libertad de expresión tiene límites, por esta razón existen los tipos penales de injurias y calumnias que precisamente sancionan los dichos injuriosos y los califica como delitos”, afirmó.
Junto a ello, lamentó que el Presidente no haya cumplido aún con “enviar un proyecto de ley que asegure la persecución penal especializada en derechos humanos, que permita avanzar en materia de las tramitaciones penales relativas a las violaciones de derechos humanos cometidos en el estallido social”.
En materia de reparación, dijo preocuparle “el que después de ocho meses de instalación del Gobierno no se haya convocado a una comisión por la verdad y la reparación que permita otorgarle a las víctimas una debida reparación”.
Por lo demás, en la línea de lo manifestado por la presidenta de la AFEP, Margotta valoró el Plan Nacional de Búsqueda, pero acotó que “esta iniciativa, si no tiene recursos asociados, necesarios y suficientes, será solo una medida efectista, pero no efectiva”.
Por último, desde el punto de vista más sistémico, el abogado criticó el acuerdo constitucional al que arribaron los partidos en cuanto “vulnera gravemente el artículo primero del pacto internacional de derecho civil y político que consagra el derecho de libre determinación del pueblo chileno y el artículo 25 del mismo pacto que consagra el derecho de los ciudadanos de participar en asuntos públicos y a tener acceso a la función pública”.
