Pareciera que para poder sentirnos en la piel de otra tenemos que imaginarnos que se trata de nuestra madre, nuestra hija o nuestra hermana. No basta con saber que a una desconocida le sucedió.
La agrupación de Familiares y Detenidos Desaparecidos (AFDD) aseguró que la decisión de la Corte Suprema que abre la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a tres condenados por violación a los derechos humanos, instala nuevamente “el fantasma de la impunidad en el país”.
A propósito del testimonio del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, quien fue torturado por Carabineros luego de una manifestación, dirigentes universitarios y secundarios hicieron un llamado al Ministro del Interior, Jorge Burgos, a asumir su responsabilidad por la represión excesiva contra los estudiantes.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, recuerda que denuncias de tortura contra Carabineros, como la del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, han aumentado en un 300 por ciento en la última década, por lo que no se trataría de un caso aislado.
En conversación con Diario Uchile, el estudiante contó que fue golpeado y obligado a desnudarse, vejámenes que se le propinaron por ejercer un cargo de representación política.
Políticas públicas de prevención contra la explotación sexual infantil es una de las principales demandas de organizaciones sociales que se dedican a velar por los derechos de los menores de edad. Además, emplazaron al Ejecutivo a realizar un nuevo catastro que revele la cantidad de niños que se encuentran en esta situación.
El caso de la mujer a la que le arrancaron los ojos en Coyhaique deja en evidencia las connotaciones políticas que sostienen la violencia de género. Organizaciones de derechos humanos advierten que el problema de fondo estaría en entender a las mujeres como objetos y naturalizar la violencia.
Este 29 de mayo, el puertorriqueño Oscar López Rivera cumplirá 35 años tras las rejas de una cárcel de alta seguridad estadounidense por “conspiración sediciosa”, sin cesar en su lucha por la independencia de su país.
Las organizaciones sociales están preocupadas por los anuncios que se realizarán el próximo 21 de mayo. Esto porque el gobierno podría presentar el mecanismo de prevención de la tortura antes de tipificar el delito propiamente tal. Además, criticaron la forma en que se está enfrentando la agenda de Derechos Humanos a puertas de un nuevo balance de cumplimento y la aparición de nuevos compromisos…
La idea es dejar atrás la normativa que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, como la posibilidad de reconocer la nacionalidad chilena a niños que habiendo nacido en el país, se les negó porque sus padres se encontraban en irregularidad migratoria al momento de nacer.
Organizaciones y parlamentarios criticaron a la posibilidad de otorgar la libertad condicional a violadores de DDHH como Miguel Krassnoff y Miguel Estay “El Fanta”. “Ellos nunca han tenido actitud de arrepentimiento”, señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
El gobierno de México concluyó el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), responsable de supervisar la investigación del llamado caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos. En entrevista con Radio Universidad de Chile el abogado chileno miembro del equipo internacional de expertos, Francisco Cox, dijo que el presidente de ese país se arrepentirá de cerrar este ciclo y criticó los múltiples obstáculos en la investigación.
Como una forma de visibilizar la violencia hacia las mujeres por parte del Estado durante la Dictadura, el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, ha comenzado una campaña para recuperar y administrar este centro de tortura.
Dirigentes sociales y víctimas de violencia policial, presentaron este martes la campaña “Fin a la Justicia Militar” y emplazaron al Gobierno para que, a partir del discurso del 21 de mayo, inicie la tramitación de un proyecto que permita que carabineros y uniformados respondan ante tribunales ordinarios cuando cometan delitos contra civiles.
El jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval confirmó que el Gobierno decidió aplazar el proyecto de ley argumentando un ajuste presupuestario, y la necesidad de reorganizar los recursos destinados a la futura institucionalidad.
