Luego que la PDI decidiera iniciar la demolición del ex Cuartel Borgoño de la CNI, ubicado a un costado de la Estación Mapocho, diversas organizaciones en conjunto con la Municipalidad de Independencia lograron la paralización de las obras, para evaluar una salida alternativa y conservar el lugar como un espacio de memoria.
Que se levante el secreto de los testimonios del Informe Valech, así como el incremento de sus pensiones, entre otras son las exigencias de un grupo de ex presos políticos para deponer la huelga de hambre que llevan a cabo, y que cumple 19 días.
Opiniones divergentes ha generado la entrega de este beneficio. Mientras Gendarmería y el Ejecutivo exigen mayores pericias, el Capellán Nacional, el INDH y diversas organizaciones sociales apuntan a las condiciones que se viven en las cárceles y la nula política de reinserción.
Fiscales involucrados con causas contra comuneros mapuche reconocieron haber recibido preparación antiterrorista en el extranjero, entre las que destacan materias como “técnicas de interrogatorio”. Ante esto reaccionaron abogados defensores y organizaciones de Derechos Humanos, quienes entregaron su más enérgico rechazo a “un plan de capacitación” incentivado por el gobierno.
El Gobierno intentará lograr acuerdos sobre la agenda corta antidelincuencia cuya discusión se inició este miércoles en comisión mixta y buscarán aprobar el control preventivo de identidad con la exclusión de menores. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, dijo que esta medida no terminará con el problema de la delincuencia y enfatizó en que el tema de fondo es la necesidad de revisar la política criminal en Chile.
La embajada de Honduras en Chile será el escenario en el cual distintas organizaciones sociales chilenas se manifestarán para pedir justicia por el crimen de Berta Cáceres, líder indígena y defensora de los derechos humanos asesinada en oscuras circunstancias.
De acuerdo a lo planteado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, el Gobierno de ese país anticipará la liberación de los documentos relativos al enclave germano, correspondiente al período entre 1986 y 1996.
Más de 4,500 personas fue la estimación de la organización de la IV marcha de los Pueblos (plurinacional) por la defensa y recuperación de las aguas y territorios realizada en la ciudad de Temuco este 23 de abril.
Los restos del poeta estarán durante el día lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago antes de ser llevados a la localidad costera. Se espera que en las próximas semanas se conozca si hubo o no intervención de terceros en su muerte.
Luego de la renuncia de la directora del Sename Marcela Labraña, la Asociación de Trabajadores del Sename aseguraron que la medida no cambiará el contexto en que se encuentra el organismo debido a la falta de dotación de personal y de insumos técnicos a nivel nacional.
Un grupo de ayunantes reclama por la falta de definiciones del Gobierno para abordar sus demandas de una reparación integral. La huelga cumple una semana este lunes y no se descarta que más ciudades se sumen al movimiento.
Una serie de trabas burocráticas, defensas corporativas de las Fuerzas Armadas y otros sectores denunciaron dirigentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Estas tendrían la finalidad de retrasar o impedir el establecimiento de distintos Sitios de Memoria y la devolución de sus respectivos territorios.
El diputado demócrata cristiano criticó las indicaciones incorporadas en la Agenda Antidelincuencia y el proyecto de Ley Antiterrorista calificándolas como un intento de la Cámara Alta de protegerse de las investigaciones por corrupción. “Estas normas solo generan más rabia en la ciudadanía”, indicó.
Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército, participó como inculpado en la reconstitución de escena del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, en una diligencia encargada por el ministro Mario Carroza que investiga presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.
El retraso en el envío al Congreso de una nueva ley migratoria, ha encendido las alarmas tanto en organizaciones sociales, como en el mismo Parlamento, tal como lo plantea el diputado de la DC Claudio Arriagada, para quien urge legislar sobre este tema debido a los maltratos que sufren muchos de ellos, “y el Gobierno y las policías saben que eso está ocurriendo”, afirmó el parlamentario.
