Agrupaciones y profesionales participaron en alegatos en la Corte de Apelaciones con el fin de que la Justicia conozca la base de datos digital que contempla información de crímenes y torturas cometidas en dictadura. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política.
La subsecretaria de Derechos Humanos se pronunció además sobre las peticiones de rebaja de penas por parte de los reos en Punta Peuco, y a la carta enviada por los reclusos donde piden que se elimine el Programa de Derechos Humanos que ahora depende de dicha repartición.
Su abogada, Karina Riquelme, afirmó que no se realizaron peritajes fundamentales para esclarecer los hechos. Por lo mismo, indicó que apelarán a esta decisión.
El jurista indicó que las nuevas diligencias tienen por objetivo conseguir una pena de cárcel efectiva para todos los militares en retiro involucrados en los asesinatos ocurridos en el regimiento de La Serena durante el paso de la llamada Caravana de la Muerte.
Parlamentarios solicitaron investigar las causas del fallecimiento de más de 230 niños que se encontraban en lista de espera durante 2016. Además, enfatizaron en los 18 mil adultos mayores que fallecieron sin recibir atención de especialistas, donde muchos no pudieron optar a un tratamiento alternativo del ofrecido por el sistema público dado sus bajas pensiones.
Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de “cuello y corbata”, sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.
En la cuenta pública de la institución, Jorge Abbott reconoció que con las atribuciones actuales, los delitos de “cuello y corbata” pueden no tener la sanción correspondiente, apuntando al actuar del Servicio de Impuestos Internos.
El militante PPD presentó una solicitud para que se pusiera fin a la investigación, sin embargo, el Tribunal rechazó la medida. Ahora estudian apelar.
La organización de consumidores calificó como una vergüenza el dictamen que benefició Pablo Alcalde. En tanto, la Superintendencia de Valores y Seguros evaluó recurrir a la Corte Suprema ante el fallo que benefició a unos de los principales imputados por fraude financiero que afectó a miles de personas.
Francisco Castro valoró dictamen judicial que somete a prisión preventiva a dos ejecutivos de CGE acusados como autores de 5 delitos por incendios forestales.
El magistrado consideró que ambos representantes de la compañía pudieron prever que se darían incendios de grandes magnitudes en las zonas que finalmente resultaron afectadas.
La declaración de uno de los imputados señala que el fraude que suma más de $16 mil 500 millones tendría su origen en 1996, fecha anterior a que se instaurara la Reforma Procesal Penal.
Uno de los condenados por la muerte del padre de Michelle Bachelet, fue declarado en estado de demencia, por lo que cumplirá la pena en su domicilio.
Un reciente fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró su competencia para abordar la demanda de un grupo de accionistas en contra de la minera no metálica. Si bien el juicio civil, los eventuales interrogatorios y antecedentes que surjan del proceso podrían tener consecuencias insospechadas para la empresa.
De manera unánime, la comisión de Constitución de la Cámara Alta decidió aprobar las nominaciones realizadas por la Presidenta para ocupar los cupos de ministro y fiscal judicial. Durante esta tarde, la sala ratificó a Prado Puga y a Lya Cabello.
