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Año XII, 3 de junio de 2020

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Organizaciones de DDHH intentan desbloquear datos de Comisión Valech

Agrupaciones y profesionales participaron en alegatos en la Corte de Apelaciones con el fin de que la Justicia conozca la base de datos digital que contempla información de crímenes y torturas cometidas en dictadura. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política.

Rodrigo Fuentes

  Jueves 4 de mayo 2017 20:06 hrs. 





Organizaciones y abogados de Derechos Humanos junto a la Fundación Nodo XXI presentaron un recurso por ilegalidad en tribunales por la decisión del Consejo para la Transparencia y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de denegar a Haydée Oberreuter, ex prisionera política, el acceso a la Base de Datos Digital de las Comisiones Valech I y II.

Ambas entidades justificaron su decisión amparándose en la Ley 19.992, sobre los 50 años de secreto. Además, estableció que esta publicación afectaría los derechos de las personas, como lo estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, según los abogados, esta misma norma, en su artículo 20, plantea una solución: los terceros interesados pueden ser notificados.

Tanto el INDH como el Consejo para la Transparencia argumentan que eso no es posible, porque sería una acción inviable: no podrían contactar a todos los asistentes a las Comisiones Valech I y II.

Este miércoles,  los demandantes participaron de los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Según Haydée Oberreuter, hay acuerdos entre políticos y militares para proteger a los torturadores, lo que imposibilita que más personas sean imputadas por este tipo de delitos ocurridos en dictadura.

“En condición de sobreviviente solicité a las cortes que dejaran disponible la base de datos digital. Como tal podría facilitar enormemente los avances judiciales en materia de verdad y justicia, sin necesidad de estar yendo caso a caso y tomando los debidos resguardos en el caso de aquellas personas que no quieran poner a disposición su información”.

Dichos antecedentes fueron declarados secretos por 50 años, pero en 2015 la justicia determinó que quienes prestaron testimonio en el proceso sí pueden acceder a la información en forma individual.

El integrante del equipo jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Francisco Jara, indicó que respetan el resguardo a la identidad.

“Algunas personas no quieren que se dé a conocer su testimonio por distintas razones, no quieren que su familia sepa lo que les pasó, no quieren revivir esto por un tema de discriminación secundaria, muchas razones, todas legítimas. Por lo mismo nosotros pedimos que a esas personas se les consulte y si la persona no autoriza, simplemente no se puede”.

La abogada e investigadora de Fundación Nodo XXI, Paz Becerra,  explicó la importancia de la apertura de estos archivos, con el fin de que la justicia sepa en detalle sobre los crímenes de lesa humanidad y torturas cometidos durante la dictadura cívico-militar.

“Permitiría conocer un sinnúmero de antecedentes, hoy secretos, que agilizarían y habilitarían las investigaciones en casos de tortura, cuestión que es una deuda del Estado de Chile, ya que hay muy pocos casos abiertos. En general, las personas tienen el problema de la prueba en los procesos de apremios ilegítimos y tienen que volver a dar su testimonio”.

Agregan que “esta base de datos sistematizó en soporte digital los antecedentes aportados por todas y todos los sobrevivientes y familiares que concurrieron a prestar su testimonio a las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura y cuenta con un motor de búsqueda que permite hacer cruces de información e indagar sobre centros de detención y tortura, nombres y apodos de victimarios, entre otros”.