En su fallo, los magistrados del 17° Juzgado Civil de Santiago argumentaron que la fundación incumplió sus propios estatutos y que su objeto social es ambiguo y carente de definiciones concretas.
La Segunda Sala del máximo tribunal estableció la improcedencia de la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dado que lo que correspondía era iniciar el proceso para solicitar la extradición del imputado.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota abrió una investigación por eventuales apremios ilegítimos que vivieron los conscriptos en Putre, situación que también incluye la muerte de Franco Vargas, ocurrida el sábado 27 de abril pasado.
La abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hizo hincapié en la solicitud de indulto que ingresaron en enero de 2024 y reiteró que en su caso los tribunales fallaron “injustamente”, sin considerar su contexto de maltrato.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de su defensa y resolvió mantener la medida cautelar decretada para la exautoridad, quien fue acusado por delitos de revelación de información secreta en el marco del caso Audios.
La solicitud incluye aplazamiento de la formalización para permitir a su defensa estudiar los antecedentes incluidos en la carpeta de investigación, cuestión que fue resuelta con la decisión del tribunal que la fijó para octubre.
El fiscal a cargo de la investigación expuso que Castillo aceptó los hechos por los cuales fue imputado: robo con intimidación y violencia y manejo bajo la influencia de estupefacientes. Anteriormente, estuvo ligado a 26 causas penales.
Los persecutores a cargo de la causa, Pablo Sabaj y Felipe Olivarí, habían dicho que el proceso podría durar meses. Ahora, tras la decisión de la Quinta Sala del tribunal de alzada la Fiscalía expuso que el trámite “continúa vía diplomática”.
La defensa del alto mando de la institución policial solicitó conocer los hechos puntuales que enmarcan la investigación. Según la acción judicial, los fiscales Armendáriz y Chong han “demostrado un evidente sesgo” en la tramitación de la causa.
Desde la Fiscalía informaron que el persecutor Pablo Sabaj formalizó en ausencia al sujeto y solicitó detención previa. Además, se inició trámite de extradición del imputado.
El máximo tribunal consideró que se vulneraron las garantías de los imputados, porque en la audiencia de factibilidad técnica no se le entregó a las defensas la información sobre los motivos para realizar esta etapa penal de manera remota.
El líder de la CAM es condenado por los delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Previo a su audiencia, pidió ser absuelto y destacó que aun cuando él sea penalizado “seguirá existiendo el conflicto mapuche”.
El viernes pasado, la Corte Suprema ordenó que las audiencias sean telemáticas hasta que se resuelva el fondo de los recursos presentados por las defensas de 19 acusados que están recluidos en diferentes penales del país.
El representante del alcalde, Ramón Sepúlveda, anuncio una acción judicial por el delito de prevaricación, luego del frustrado viaje del edil a Venezuela. El abogado enfatizó que no se trata de “una estrategia para desviar el foco”.
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, el alcalde suplente y acusado Mario Morales prometió beneficios económicos a cuatro concejales de Tierra Amarilla a cambio de sus votos dentro del Concejo Municipal.
