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Año XVI, 19 de marzo de 2024


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El cinismo como aliado de la impunidad y pactos de silencio

Lo curioso es que a las miles de personas que concurrimos voluntariamente a denunciar estos deleznables hechos nunca se nos advirtió que la reparación que el Estado posteriormente nos ofreció sería a cambio de que nuestros testimonios quedaran en un archivo secreto. Tampoco se sabe de personas que hayan denunciado los horrores sufridos pusieran como condición que éstos no se dieran a conocer.

Juan Pablo Cárdenas S.

  Miércoles 20 de septiembre 2017 7:49 hrs. 
pactos

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A los viejos pactos del silencio entre los militares para salvar a muchos de los victimarios de la Dictadura, siguen ahora los de la clase política para mantener sin develar a los torturadores denunciados por quienes declararon ante la comisión Valech. Toda una operación urdida durante el gobierno de Ricardo Lagos para indemnizar a quienes fueron encarcelados y maltratados, a cambio de mantener en secreto por 50 años a los ejecutores de tan graves violaciones a su dignidad.

Lo curioso es que a las miles de personas que concurrimos voluntariamente a denunciar estos deleznables hechos nunca se nos advirtió que la reparación que el Estado posteriormente nos ofreció  sería a cambio de que nuestros testimonios quedaran en un archivo secreto. Tampoco se sabe de personas que hayan denunciado los horrores sufridos pusieran como condición que éstos no se dieran a conocer. Es decir que sus contundentes revelaciones fueran, así,  desestimadas por la Justicia durante largos años o quizás para siempre.

Para ninguna víctima puede pasar inadvertido que lo que persiguieron los convocantes y administradores de la Comisión Investigadora sobre Prisión política y Tortura fue garantizarle la impunidad de los más siniestros agentes de la represión pinochetista a cambio de ofrecerles una modesta pensión vitalicia a sus víctimas, la que ciertamente no se compadece con todo lo que padeció su gran mayoría. Seguramente en el cálculo que en 50 años de silencio lo más probable era que todos estos criminales murieran antes de recibir alguna sanción por sus crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, delitos  imprescriptibles mientras sus ejecutores se encuentren con vida.

Si todo esto no hubiera sido urdido así, no andaría tan preocupado el propio expresidente Ricardo Lagos y algunos de sus adláteres ante la eventualidad de que prospere una Ley que pueda hacer públicos estos archivos del horror. Incluso con la posibilidad de que quienes prefieran dejar sus testimonios en secreto puedan hacerlo, si creen que ello puede cautelar mejor su intimidad o dignidad. Felizmente, tal parece que gran parte de la política hoy se rinde al deseo de la opinión pública de favorecer la transparencia en tal sentido, aunque haya transcurrido tanto tiempo.

Ya sabemos de los silencios cómplice del pasado y de las horrendas masacres, como la de Santa María de Iquique y la Pacificación de la Araucanía, cuya impunidad ha favorecido que vuelvan acometerse una y otra vez estos atentados.

Que los crímenes del nazismo se sigan denunciando y castigando por más de siete décadas significa que en Europa efectivamente se quiere evitar que vuelva la guerra y prosperen otros regímenes criminales que victimizaron a millones de personas, causando además tanta destrucción. Lo mismo que debiera haber ocurrido con el franquismo en España y tantas tiranías en nuestro Continente. Sin contar con las guerras y genocidios que sigue provocando Estados Unidos en cualquier continente, y cuyas impunidades explican que vuelva a gobernar en ese país un nuevo desquiciado como Hitler, Mussolini y Stalin.

Avergüenza al país, como a las organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo,   que una iniciativa como la de la Comisión Valech esté demostrando un propósito tan contrario a lo que por años se supuso. Esto es, afianzar un nuevo pacto de silencio que, por cierto, explica la arrogante declaración, días atrás, de un grupo de ex oficiales de las FFAA que culminaron sus carreras durante los gobiernos que siguieron a la Dictadura. Fuertemente irritados o destemplados, como los vimos, porque se siga procesando a sus compañeros de armas o secuaces que cometieron tales atrocidades. Al mismo tiempo que oponerse al prometido compromiso de nuestra Mandataria a trasladar a los uniformados del confortable Penal de Punta Peuco a una cárcel común.

Sin embargo, el contenido y la forma de esta declaración publicada en El Mercurio dejó en evidencia la complicidad y acaso la misma responsabilidad de estos militares de tan alto rango en los crímenes de nuestro último Régimen Castrense. Uniformados que prosperaron en su carrera militar, por lo demás, gracias a la cobardía y condescendencia de los gobiernos autodenominados democráticos.

Lo lamentable es que, además de Lagos y otros políticos de su condición, personas de encomiable trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos se hayan dejado tentar por algunos medios de comunicación para manifestarse, ya en su hora postrera, en favor por una reconciliación sin toda la necesaria verdad y  justicia. Actitud que bien puede explicarse en los trastornos de su alta edad o en esa tan habitual pretensión de algunas personas de ser reconocidas antes de morir hasta por quienes los encarcelaron,  torturaron y exiliaron. En un país donde es frecuente rendirle culto a los “ponderados”, como a los hipócritas y oportunistas. Aunque en su pasado hayan destacado, incluso, como los más radicales y vociferantes activistas de nuestra política. Todo lo que habla de lo se denomina como el síndrome de Estocolmo en psicología.

Cuando también ocurre, como ya ha comprobado,  que los más genuinos héroes en su época sean tan corrientemente acusados de extremistas y temerarios, para ser reconocidos muy tardíamente por la historia.

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