Ministro Cordero y querella del INDH por presunto tráfico de influencias: “Pudo haber sido una decisión precipitada”
Si bien el instituto es querellante en el caso "Operación Topógrafo", el titular de Justicia indicó que las acciones por los delitos de funcionarios son ejecutados, con previa evaluación, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Miércoles 12 de junio 2024 15:04 hrs.
Ministro de Justicia, Luis Cordero. Foto: ATON.
Como una acción que pudo ser “precipitada” calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, la querella por presunto tráfico de influencias que ingresó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco de las conversaciones reveladas por Ciper Chile que deslizan injerencias indebidas en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema.
Esto, bajo la investigación por el caso “Operación Topógrafo”, sobre espionaje a periodistas y militares que denunciaron corrupción dentro del Ejército, cuyas aristas salpicaron a exministros de Defensa de los gobiernos de Sebastián Piñera, entre ellos, Mario Desbordes, quien hoy se perfila como carta al municipio de Santiago.
Esto, por una posible intervención que favoreció la elección de la actual ministra María Teresa Letelier, tras conversaciones registradas entre el exministro con el ex juez Juan Antonio Poblete.
El ministro Cordero precisó que “el Ministerio Público, en el contexto del caso Operación Topógrafo, y luego de haberse revelado las conversaciones que se encuentran en esa investigación por el peritaje del teléfono del exjuez Poblete, ha decidido, como lo informó el día lunes, abrir una investigación separada respecto de eventuales delitos funcionarios que se podrían haber cometido”.
En esa línea, sostuvo que “es cierto que ellos (INDH) son querellantes en el caso Topógrafo, donde hay un asunto de derechos que compromete al periodista Mauricio Weibel, pero una cosa distinta son los delitos funcionarios. En Chile quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.
Dicho eso, el titular de Justicia, representando al Gobierno, se distanció de la materia y llamó a esperar la decisión del CDE: “Habiéndose abierto una investigación reciente y estando por indagar lo que sucede ahí, y habiendo comprometido potencialmente, según se ha informado por el Ministerio Público, un potencial delito funcionario, creo que lo relevante es escuchar primero la decisión del Consejo de Defensa del Estado”.
Consultado respecto a la acción del INDH, Cordero respondió que “mi impresión es que pudo haber sido una decisión precipitada“.
Como una acción que pudo ser “precipitada” calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, la querella por presunto tráfico de influencias que ingresó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco de las conversaciones reveladas por Ciper Chile que deslizan injerencias indebidas en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema.
Esto, bajo la investigación por el caso “Operación Topógrafo”, sobre espionaje a periodistas y militares que denunciaron corrupción dentro del Ejército, cuyas aristas salpicaron a exministros de Defensa de los gobiernos de Sebastián Piñera, entre ellos, Mario Desbordes, quien hoy se perfila como carta al municipio de Santiago.
Esto, por una posible intervención que favoreció la elección de la actual ministra María Teresa Letelier, tras conversaciones registradas entre el exministro con el ex juez Juan Antonio Poblete.
El ministro Cordero precisó que “el Ministerio Público, en el contexto del caso Operación Topógrafo, y luego de haberse revelado las conversaciones que se encuentran en esa investigación por el peritaje del teléfono del exjuez Poblete, ha decidido, como lo informó el día lunes, abrir una investigación separada respecto de eventuales delitos funcionarios que se podrían haber cometido”.
En esa línea, sostuvo que “es cierto que ellos (INDH) son querellantes en el caso Topógrafo, donde hay un asunto de derechos que compromete al periodista Mauricio Weibel, pero una cosa distinta son los delitos funcionarios. En Chile quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.
Dicho eso, el titular de Justicia, representando al Gobierno, se distanció de la materia y llamó a esperar la decisión del CDE: “Habiéndose abierto una investigación reciente y estando por indagar lo que sucede ahí, y habiendo comprometido potencialmente, según se ha informado por el Ministerio Público, un potencial delito funcionario, creo que lo relevante es escuchar primero la decisión del Consejo de Defensa del Estado”.
Consultado respecto a la acción del INDH, Cordero respondió que “mi impresión es que pudo haber sido una decisión precipitada“.
Como una acción que pudo ser “precipitada” calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, la querella por presunto tráfico de influencias que ingresó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco de las conversaciones reveladas por Ciper Chile que deslizan injerencias indebidas en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema.
Esto, bajo la investigación por el caso “Operación Topógrafo”, sobre espionaje a periodistas y militares que denunciaron corrupción dentro del Ejército, cuyas aristas salpicaron a exministros de Defensa de los gobiernos de Sebastián Piñera, entre ellos, Mario Desbordes, quien hoy se perfila como carta al municipio de Santiago.
Esto, por una posible intervención que favoreció la elección de la actual ministra María Teresa Letelier, tras conversaciones registradas entre el exministro con el ex juez Juan Antonio Poblete.
El ministro Cordero precisó que “el Ministerio Público, en el contexto del caso Operación Topógrafo, y luego de haberse revelado las conversaciones que se encuentran en esa investigación por el peritaje del teléfono del exjuez Poblete, ha decidido, como lo informó el día lunes, abrir una investigación separada respecto de eventuales delitos funcionarios que se podrían haber cometido”.
En esa línea, sostuvo que “es cierto que ellos (INDH) son querellantes en el caso Topógrafo, donde hay un asunto de derechos que compromete al periodista Mauricio Weibel, pero una cosa distinta son los delitos funcionarios. En Chile quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.
Dicho eso, el titular de Justicia, representando al Gobierno, se distanció de la materia y llamó a esperar la decisión del CDE: “Habiéndose abierto una investigación reciente y estando por indagar lo que sucede ahí, y habiendo comprometido potencialmente, según se ha informado por el Ministerio Público, un potencial delito funcionario, creo que lo relevante es escuchar primero la decisión del Consejo de Defensa del Estado”.
Consultado respecto a la acción del INDH, Cordero respondió que “mi impresión es que pudo haber sido una decisión precipitada“.
