Se trata de Jaime Ojeda Torrent quien se encuentra procesado en calidad de cómplice en este caso. En tanto, el abogado Cristián Cruz, conversó con Diario y Radio Unviersidad de Chile acerca del permiso que tiene Juan Emilio Cheyre de abandonar el país las próximas semanas para ir a Colombia, como supuesto agente de paz y aseguró que la salida de Cheyre del país representa un serio peligro de que el ex militar eluda definitivamente a la justicia.
Jean Arnault, delegado de la ONU para el proceso de paz en Colombia, desmintió que el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre sea parte de la misión de paz que supervisa los diálogos entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. “Tiene antecedentes penales y es una regla absoluta que cualquier personas civil o militar que tenga antecedentes penales no pueda llegar a ser observador”, aseguró el funcionario del organismo.
Las ciudades de Talca, Linares y Parral, concentran la mayoría de víctimas atribuidas a este enclave que fue utilizado por la dictadura cívico- militar, tanto por el Ejército como la DINA, para violar los derechos humanos de personas que fueron llevadas allá entre 1973 y 1978, tras ser secuestradas y, posteriormente, hechas desaparecer.
Por carecer “del comportamiento intachable” que exige la ley, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones decidió rechazar la entrega de la libertas condicional al ex brigadier de Ejército y ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, haciendo énfasis en su calidad de “condenado por delitos de lesa humanidad”.
Organizaciones de derechos humanos fustigaron la autorización recibida por el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre para viajar a Colombia y supervisar el proceso de paz entre las FARC y el gobierno, previo pago de un millón de pesos. La parte querellante presentó este lunes una apelación para revertir una medida que consideran “impresentable” y “vergonzosa”.
Centros de tortura como el subterráneo de la Plaza de la Constitución, así como las dependencias del Banco del Estado que fueran utilizadas por el Comando Conjunto, fueron agregados a la Ruta Patrimonial de la Memoria, a través de la cual se pretende conservar y relevar los sitios que fungieron como recintos de detención clandestinos durante la Dictadura.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) se refirió a la dilatación del cierre del penal Punta Peuco, calificándolo como una “extorsión a la democracia”, y negó que no existan los recursos para trasladar a los internos a otro penal, que según el parlamentario, se encuentra construido en Colina. Acusó que los gobiernos de la postdictadura han cumplido un “pacto de privilegios” con las Fuerzas Armadas para “no molestar a la familia militar” en relación a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura.
A penas de 15 a 20 años de cárcel por los delitos de secuestro calificado y secuestro simple fueron condenados siete funcionarios en retiro de Carabineros involucrados en la muerte de 15 campesinos en el marco del llamado caso Hornos de Lonquén, hechos ocurridos en octubre de 1973.
El país rindió este domingo diversos homenajes al Presidente Salvador Allende, derrocado hace 43 años por un Golpe Militar, con un reiterado llamado a la memoria, justicia y verdad. En las calles, hubo ofrendas florales en la puerta de Morandé 80 y en el monumento del ex mandatario, en la Plaza de la Constitución. En tanto, La Moneda confirmó a Lorena Fríes como la primera subsecretaria de Derechos Humanos.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó los escasos avances en verdad y justicia ocurridos durante la post dictadura y advirtió que hoy se está en riesgo de perder lo logrado con la posible liberación de criminales condenados.
El anuncio lo realizó este domingo la Presidenta Michelle Bachelet. Lorena Fríes, quien fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde 2010 hasta julio de este año, será la encargada de iniciar el trabajo de este organismo.
26 años han pasado desde el fin de la dictadura cívico-militar y hasta el día de hoy son cientos de familias las que aún esperan justicia y reparación frente a las violaciones a los Derechos Humanos. Como agravante, y a pesar de los discursos de los gobiernos en pos de lograr hacer justicia, permanecen resabios de la dictadura, como la vigencia del Decreto de Ley de Amnistía o la Justicia Militar, entre otras cosas, que alejan a la sociedad de conocer su verdad y determinar responsabilidades.
Como una de las tantas deudas que han dejado los gobiernos de la posdictadura, las organizaciones de derechos humanos califican a la mantención del secreto de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura consignados en el Informe Valech. “En el gobierno de Ricardo Lagos, y él siendo responsable de esta cláusula de secreto durante 50 años aduciendo algo que es falso que es la protección de las personas testimoniantes”, señalan.
La investigación, que fue realizada por la académica de la Universidad de Chile, Pascale Bonnefoy, revela el organigrama de los altos mandos del Ejército que tomaron el control del coliseo durante los dos primeros meses de la Dictadura de Pinochet. A través de sus páginas, el texto también incluye los testimonios de los ex militares y detenidos que estuvieron en el recinto.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado por el rechazo de la Cámara de Diputados a terminar con el secreto por 50 años del Informe Valech. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, aseguró que el actual gobierno es el que menos ha avanzado en esta materia a pesar de contar con un programa del que se valió en su campaña política.
