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Año XII, 26 de enero de 2020

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Rectores enfrentan posiciones por destinos de gratuidad

Por más de cuatro horas, 18 organizaciones se presentaron en el Tribunal Constitucional sus argumentos a favor y en contra de la glosa de gratuidad presentada por el Ejecutivo para entregar este beneficio a los alumnos considerados vulnerables que asisten a instituciones de educación superior y que cumplen con los requisitos para recibirla, cuestión que motivó a Chile Vamos a presentar un recurso para impugnarla en el TC.

Carlos Arias

  Miércoles 9 de diciembre 2015 16:08 hrs. 

Comenzó el proceso de revisión del requerimiento que 31 diputados de derecha presentaron ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de impugnar la glosa con que el Gobierno determinó el inicio de la gratuidad universitaria.

En la instancia de audiencias públicas, que contó con la participación de 18 organizaciones, el abogado de la fundación Jaime Guzmán, Máximo Pávez delineó los alcances del requerimiento indicando que no se refieren a los recursos destinados a educación sino que a la forma de distribuirlos.

Además, indicó que no cabe legislar sobre un derecho constitucional como la educación mediante una glosa presupuestaria.

El vicepresidente ejecutivo del consejo de rectores de las universidades chilenas, Aldo Valle recalcó la necesidad de una política de gratuidad universitaria, indicando que el Cruch es aludido de manera a su juicio inexacta en el requerimiento, pues a su omite aspectos relevantes de la institucionalidad de dicho organismo y su relación con el Estado.

Además, Valle recordó el ejemplo de la Universidad del Mar donde a pesar de haber tenido acreditación y recibido a estudiantes vulnerables, hubo apropiación de recursos públicos.

“La racionalidad del fundamento de la gratuidad tal como está en la glosa presupuestaria no se reduce a reconocer vulnerabilidad y acreditación, porque hemos visto que hace pocos años una universidad donde había estudiantes vulnerables y estaba acreditada, de la noche a la mañana cerró sus puertas y miles de estudiantes quedaron sin universidad”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se refirió a la posibilidad de reconstruir un sistema de educación superior a partir de la gratuidad de comienza a implementarse.

“Lo que hagamos hoy es trascendente si queremos construir un sistema de universidades que apunte a la cohesión social y ofrezca un entorno para que los estudiantes que ingresen a ella puedan desarrollarse como personas y como ciudadanos”

Por su parte, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Fernando Montes, indicó que el inicio de la implementación de la gratuidad, en estas condiciones, va a generar un déficit importante en su universidad, pero que por otro lado acelerará la discusión del nuevo marco regulatorio de educación superior, algo que interesa a las universidades con vocación pública como es su casa de estudios.

“Si se rechaza la glosa habrá menos apuro en hacer una ley donde se empareje el terreno que hoy está verdaderamente disparejo, donde los más pobres tienen mucho que perder”.

En ese sentido, el sacerdote jesuita indicó que no saben qué es peor, que se rechace la glosa o que el Tribunal resuelva mantener el statu quo.

El ex vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, en representación del Instituto Igualdad defendió la glosa, indicando que el gobierno ha dado este paso en un contexto de recursos limitados, por lo que en su concepto es fundamental ser responsables con la distribución de los recursos.

“El fallo del Tribunal Constitucional es muy relevante, porque en la medida en que no se modifique la norma aprobada en el Congreso, que por lo demás cumple con todos los estándares establecidos en la Constitución, vamos a poder iniciar un camino muy relevante para consagrar en Chile educación gratuita y de calidad para todas y todos”.

Finalmente, Miguel Ángel Fernández, del Centro de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, cuestionó que la glosa de gratuidad alcance los cinco deciles más vulnerables, pues no considera a los alumnos de las instituciones que tienen fines de lucro.

En este sentido, para Fernández no hay razones lógicas para excluir a 250 mil alumnos de entidades privadas y con fines de lucro del proceso de gratuidad 2016.