Una intensa agenda de reuniones con los actores políticos de la educación sostuvo la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
A primera hora llegaron hasta el Ministerio de Educación los representantes del conglomerado Chile Vamos para entregar su propuesta de financiamiento para el inicio de la gratuidad 2016, según señaló el diputado UDI Jaime Bellolio.
“Nosotros hemos propuesto distintas alternativas. Una de ellas es la reasignación del fondo, con lo que a través del convenio de gratuidad se llega a más de 315 mil estudiantes del 50 por ciento más vulnerable de instituciones con cuatro años de acreditación. Otra alternativa es crear una beca de gratuidad, que cubra la brecha entre el arancel real y los aranceles de referencia”.
Para Bellolio, la gratuidad debe cubrir a todas las instituciones con cuatro años de acreditación, lo que dejaría a tres instituciones del Consejo de Rectores fuera del comienzo de la implementación de la gratuidad. Estas instituciones son la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, se refirió en duros términos a la propuesta de la derecha, responsabilizando a dicho sector por la incertidumbre que viven las familias de los jóvenes que podrían acceder a este derecho.
“La propuesta de la UDI es una propuesta absolutamente populista, que no tiene viabilidad alguna. Ellos saben perfectamente la situación económica que el país tiene, ellos son los que más insistieron en que el gasto público no puede expandirse más que el crecimiento. Acá es muy fácil levantar castillos en el aire, pero lo concreto es que hay que preocuparse de los cientos de miles de jóvenes que la UDI dejó en vilo, y que si se tomara el camino de la UDI tendrían que seguir endeudados”.
Mientras, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, indicó que el Gobierno tiene que ser práctico y concentrarse en aportes basales para el Consejo de Rectores, para resolver mediante el sistema de ayuda estudiantil existente la situación de las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.
“Nosotros creemos que no podemos perder el foco de que lo importante son los jóvenes, en esto no hay que ponernos creativos ni dueños de las ideas y buscar un mecanismo para resolver la chambonada que se ha hecho”.
De este modo, continúa la indefinición del Gobierno en relación al financiamiento de la educación superior, situación en la que el Ejecutivo aparece expectante ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional adelante la publicación de la sentencia que limita el procedimiento original de financiamiento.
Todo esto debe quedar esclarecido antes del martes de la próxima semana, fecha límite para que las instituciones determinen su participación o no en el comienzo de la implementación del derecho a una educación gratuita.
Una intensa agenda de reuniones con los actores políticos de la educación sostuvo la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
A primera hora llegaron hasta el Ministerio de Educación los representantes del conglomerado Chile Vamos para entregar su propuesta de financiamiento para el inicio de la gratuidad 2016, según señaló el diputado UDI Jaime Bellolio.
“Nosotros hemos propuesto distintas alternativas. Una de ellas es la reasignación del fondo, con lo que a través del convenio de gratuidad se llega a más de 315 mil estudiantes del 50 por ciento más vulnerable de instituciones con cuatro años de acreditación. Otra alternativa es crear una beca de gratuidad, que cubra la brecha entre el arancel real y los aranceles de referencia”.
Para Bellolio, la gratuidad debe cubrir a todas las instituciones con cuatro años de acreditación, lo que dejaría a tres instituciones del Consejo de Rectores fuera del comienzo de la implementación de la gratuidad. Estas instituciones son la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, se refirió en duros términos a la propuesta de la derecha, responsabilizando a dicho sector por la incertidumbre que viven las familias de los jóvenes que podrían acceder a este derecho.
“La propuesta de la UDI es una propuesta absolutamente populista, que no tiene viabilidad alguna. Ellos saben perfectamente la situación económica que el país tiene, ellos son los que más insistieron en que el gasto público no puede expandirse más que el crecimiento. Acá es muy fácil levantar castillos en el aire, pero lo concreto es que hay que preocuparse de los cientos de miles de jóvenes que la UDI dejó en vilo, y que si se tomara el camino de la UDI tendrían que seguir endeudados”.
Mientras, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, indicó que el Gobierno tiene que ser práctico y concentrarse en aportes basales para el Consejo de Rectores, para resolver mediante el sistema de ayuda estudiantil existente la situación de las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.
“Nosotros creemos que no podemos perder el foco de que lo importante son los jóvenes, en esto no hay que ponernos creativos ni dueños de las ideas y buscar un mecanismo para resolver la chambonada que se ha hecho”.
De este modo, continúa la indefinición del Gobierno en relación al financiamiento de la educación superior, situación en la que el Ejecutivo aparece expectante ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional adelante la publicación de la sentencia que limita el procedimiento original de financiamiento.
Todo esto debe quedar esclarecido antes del martes de la próxima semana, fecha límite para que las instituciones determinen su participación o no en el comienzo de la implementación del derecho a una educación gratuita.
Una intensa agenda de reuniones con los actores políticos de la educación sostuvo la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
A primera hora llegaron hasta el Ministerio de Educación los representantes del conglomerado Chile Vamos para entregar su propuesta de financiamiento para el inicio de la gratuidad 2016, según señaló el diputado UDI Jaime Bellolio.
“Nosotros hemos propuesto distintas alternativas. Una de ellas es la reasignación del fondo, con lo que a través del convenio de gratuidad se llega a más de 315 mil estudiantes del 50 por ciento más vulnerable de instituciones con cuatro años de acreditación. Otra alternativa es crear una beca de gratuidad, que cubra la brecha entre el arancel real y los aranceles de referencia”.
Para Bellolio, la gratuidad debe cubrir a todas las instituciones con cuatro años de acreditación, lo que dejaría a tres instituciones del Consejo de Rectores fuera del comienzo de la implementación de la gratuidad. Estas instituciones son la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat.
Por su parte, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, se refirió en duros términos a la propuesta de la derecha, responsabilizando a dicho sector por la incertidumbre que viven las familias de los jóvenes que podrían acceder a este derecho.
“La propuesta de la UDI es una propuesta absolutamente populista, que no tiene viabilidad alguna. Ellos saben perfectamente la situación económica que el país tiene, ellos son los que más insistieron en que el gasto público no puede expandirse más que el crecimiento. Acá es muy fácil levantar castillos en el aire, pero lo concreto es que hay que preocuparse de los cientos de miles de jóvenes que la UDI dejó en vilo, y que si se tomara el camino de la UDI tendrían que seguir endeudados”.
Mientras, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, indicó que el Gobierno tiene que ser práctico y concentrarse en aportes basales para el Consejo de Rectores, para resolver mediante el sistema de ayuda estudiantil existente la situación de las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales.
“Nosotros creemos que no podemos perder el foco de que lo importante son los jóvenes, en esto no hay que ponernos creativos ni dueños de las ideas y buscar un mecanismo para resolver la chambonada que se ha hecho”.
De este modo, continúa la indefinición del Gobierno en relación al financiamiento de la educación superior, situación en la que el Ejecutivo aparece expectante ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional adelante la publicación de la sentencia que limita el procedimiento original de financiamiento.
Todo esto debe quedar esclarecido antes del martes de la próxima semana, fecha límite para que las instituciones determinen su participación o no en el comienzo de la implementación del derecho a una educación gratuita.
