El proyecto de ley que busca modernizar el sistema de relaciones laborales se mantiene en la Comisión de Trabajo del Senado. Su lento avance ha generado preocupación y críticas desde diversos sectores, considerando las indicaciones que buscan modificar lo legislado previamente en la Cámara de Diputados.

De hecho, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han cuestionado el actuar del Gobierno, calificándolo de traición y deslealtad. Críticas que por cierto han tensionado las relaciones dentro de la Nueva Mayoría.

“Para nosotros, como Partido Comunista, es tremendamente compleja la situación en la que se encuentra el proyecto de Reforma Laboral. Nos preocupa, porque la CUT ha tenido un rol protagónico en este proceso, especialmente en el proceso pre-legislativo”.

El reconocimiento de la diputada Karol Cariola se basa en que “lo que ocurre es que hoy los trabajadores tienen que pagar las consecuencias de las crisis económicas y de los cambios sociales que se han venido arrastrando. Han sido víctimas del plan laboral de José Piñera realizado durante la Dictadura”.

“Los trabajadores –agrega la legisladora– no tienen herramientas para negociar efectivamente, sin ser reemplazados de forma interna o sin caer en prácticas antisindicales. O que los propios sindicatos estén debilitados, producto de las fórmulas de construcción que se han dado, en que hay grupos negociadores y no existe titularidad sindical”.

Por ello su preocupación de que se intente desnaturalizar el proyecto de Reforma Laboral pasando a llevar “elementos que son básicos para poder garantizar una herramienta efectiva para los trabajadores, en su vínculo con el empleador”.

“Que hoy surjan nuevas posiciones relativas producto del temor, me parece que no es lo que corresponde y es una deslealtad con los trabajadores chilenos y también con el programa de Gobierno que comprometimos. Una deslealtad del Gobierno y de aquellos que han hecho presiones internamente para generar modificaciones en función de quedar en mejor chance con los grandes empresarios de este país”.

Un intento de desmembrar, asegura la diputada, una de las reformas más importantes que tiene esta administración. “La que además ha sido producto de conversaciones con los propios trabajadores. Por lo que retroceder sería una pésima señal hacia el país. El Gobierno tiene que re-analizar las decisiones que están tomando”.

Incluso, plantea que se trata de “la ley del embudo, donde la parte más chica queda para los trabajadores y la parte más grande para los empresarios. Ya no lo podemos seguir resistiendo y ésta es la oportunidad histórica para desarrollar un cambio real en el plano laboral. Es la clase trabajadora que no quiere votar y que no quiere participar porque no creen, porque hay tantas promesas incumplidas”.

En ese contexto, no duda en enviar un mensaje al oficialismo. “Que el comportamiento del Gobierno haga honor a esa posición de principios que se tuvo desde el momento en que se determinó tener un programa común, que fue construido entre los siete partidos que componemos la Nueva Mayoría”.

En ese sentido, advierte que ella y su partido defenderán la Reforma Laboral, “porque creemos que en los términos que salió de la Cámara, al menos son los mejores desde el punto de vista de las voluntades políticas y de lo que se pudo avanzar en un proceso de conversación y negociación con la CUT”.

Asimismo, hizo la exigencia de que no se trabaje políticamente a espaldas de los trabajadores. “Espero que el Senado aprenda de las experiencias previas. No queremos más cocinas entre cuatro paredes. El Congreso Nacional es para hacer políticas públicas en función de lo que la gente necesita”.

Consecuencias del fallo del TC

Entre los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, como también entre los rectores del Cruch y los dirigentes de las federaciones estudiantiles, han criticado la improvisación del Gobierno a partir del fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la glosa de gratuidad para educación superior.

Sin embargo, para Karol Cariola la apreciación es otra. “Mi impresión es que el Gobierno tuvo una reacción bastante ágil y rápida. La Presidenta salió a entregar un comunicado nacional en relación a la decisión clara de seguir adelante con el proyecto de gratuidad, tanto desde el punto de vista del proyecto de ley de educación superior, como de este adelantamiento que se decidió hacer a través de la Ley de Presupuestos”.

En esa línea, considera que la definición del fallo, “producto del requerimiento que hace la UDI junto con Renovación Nacional, más que incorporar nuevos estudiantes busca dejar fuera a muchos de ellos. Porque para ser sinceros, lo que hemos escuchado hace muchos años, es que ellos no están de acuerdo con la gratuidad”.

“No hay que dejarse engañar –agrega la legisladora– por parte de aquellas posiciones que lo que han hecho es cuestionar la gratuidad de la educación, no por un tema de justicia ni de igualdad de oportunidades, sino que básicamente por una posición ideológica que los obliga sostener una posición en favor de la educación de mercado que, por lo demás, fueron ellos mismos quienes la impulsaron”.

Frente a las críticas de que el Gobierno se apresuró y optó por consolidar la gratuidad antes de que existiera un marco institucional, la diputada comunista asegura que “aquí no hay improvisación, sino que tomar los resguardos ante las amenazas de la UDI de llevar al Tribunal Constitucional todo lo que no les parezca. Un Tribunal formado con criterios políticos, además de ser designado. El último ingreso de Cristián Letelier, ex diputado de la UDI, ha generado que el peso de la balanza esté a favor de ellos”.

Asimismo, plantea su acuerdo con que el Gobierno adelantara la gratuidad. “Se trata de una necesidad de resolver la situación de más de 200 mil familias que en este momento están decidiendo si sus hijos podrán o no estudiar en la educación superior”.

Respecto de las opciones disponibles a partir del fallo del Tribunal Constitucional, permitidas por la institucionalidad, la parlamentaria destaca que “hasta ahora no habíamos tenido un pronunciamiento como el del TC, según el cual por el hecho de establecer criterios se incurre en discriminación. Sin embargo, en todos los programas sociales hay criterios de focalización que no son discriminatorios. Ahí hay una primera contradicción que me parece bastante burda”.

Lo segundo que plantea es que efectivamente se deben buscar alternativas, considerando que los recursos definidos para la gratuidad no se modificarán. “Lo que se modifica y cuestiona el Tribunal son los criterios. Entonces, lo que queda son dos caminos. Lo primero sería entregar los recursos que ya están asignados por la vía de glosas que estén predefinidas o fórmulas determinadas por ley, como los aportes basales”.

No obstante, advierte que “lo lamentable de eso es que lo que conseguiría la UDI es que las instituciones privadas que iban a quedar dentro de la política de gratuidad, probablemente tengan que quedar fuera”.

Otra opción sería concretar una ley corta que estableciera los criterios, ya que los recursos están designados, en la misma línea y dirección de lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. “Siempre que hay voluntad hay tiempo. Tengo la impresión que si el Consejo de Rectores toma la determinación de ampliar un poco los plazos de postulación y matrícula, perfectamente se podría conseguir el tiempo necesario de aquí a enero”.

“De hecho, estamos estudiando en la Cámara de Diputados poder destinar todo el mes de enero a la discusión legislativa y renunciar a nuestra semana distrital, porque creemos que hay que tomarse el tiempo que sea necesario para resolver aquellos proyectos que son urgentes”.

En cuanto a otras alternativas como las becas, manifiesta su desacuerdo, por considerar que desnaturaliza la propuesta. “Hoy ya existen y son focalizadas, desde una perspectiva subsidiaria y no de derecho, que es la diferencia entre las becas y la gratuidad”.

Y agrega: “La gratuidad es concebir la educación como un derecho social y, por lo tanto, es hacer que el Estado se haga cargo de la responsabilidad no solamente de garantizar el acceso a la educación, sino también de garantizar la mantención de esos estudiantes dentro de las instituciones de educación superior”.

Su conclusión es que cambiar becas por gratuidad simplemente sería un retroceso. “Sería aumentar los recursos en herramientas que ya existen, es decir, poner en duda y en contradicción la lógica de la gratuidad que está contemplada bajo una lógica de garantía de derechos versus una lógica subsidiaria de las becas, que financia a la demanda y no a la oferta”.