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Año XI, 25 de agosto de 2019

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Estudiantes y rectores critican poca claridad del gobierno en lineamientos de gratuidad

El Ejecutivo determinó un sistema mixto para el financiamiento del beneficio, evitando así legislar en torno al tema. En tanto, desde la derecha anunciaron que presentarán su propia propuesta de gratuidad a la Jefa de Estado.

Carlos Arias

  Lunes 14 de diciembre 2015 19:48 hrs. 
Comité Político

Tras reunirse en Comité Político, el Gobierno acordó financiar mediante aportes basales el comienzo de la gratuidad en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y complementar, mediante el sistema de ayudas estudiantiles, la brecha que perdura en las instituciones que quedaron fuera del ejercicio de este derecho.

En este sentido, más que pactar una fórmula, el conglomerado optó por un sistema mixto que no involucra nuevas legislaciones, según señaló la ministra de Educación, Adriana Delpiano

“Estamos barajando distintas alternativas, porque como dijo la Presidenta, el fallo del TC mandata y, por lo tanto, lo tendremos muy presente, pero efectivamente, el Cruch ya tiene mecanismos para ser atendido el día de hoy. Todo lo demás va a depender del fallo”.

Además, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, explicó que están trabajando para cumplir con lo planteado por la Presidenta en relación a que haya completa claridad para que los estudiantes de Chile sepan a qué instituciones pueden postular.

“Pero la decisión y la convicción nuestra es que sin perjuicio de que pueda o no ingresar a la gratuidad como consecuencia del fallo, esos jóvenes también van a contar con el apoyo del Gobierno. La instrucción de la Presidenta es muy nítida: comienzo de la gratuidad, pero también de extender al máximo los beneficios en este camino que estamos iniciando”.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), senador Jaime Quintana, se refirió a la responsabilidad política de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, pues en su concepto, a causa del requerimiento miles de estudiantes no podrán ejercer su derecho a estudiar gratuitamente este 2016.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, senador Jorge Pizarro, indicó que en relación al Consejo de Rectores no habría problemas para definir los aportes basales, pero que el Gobierno esperará a conocer todos los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, para evitar nuevas sorpresas en relación al financiamiento público de entidades privadas.

Mientras, Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), señaló que las grandes transformaciones de Chile tienen que discutirse con la sociedad y no pueden simplemente pasar por una discusión presupuestaria.

Carolina Figueroa, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep) se refirió en duros términos a la incertidumbre que se mantiene en cuanto a los planteles acreditados que no forman parte del Consejo de Rectores, a la vez que lamentó ver a un Gobierno que se preocupa más por los plazos que por los contenidos de las iniciativas.

Así, la dirigente de las universidades privadas de la Confech indicó que las becas con que el Gobierno pretende resolver el conflicto son las mismas que el movimiento estudiantil ha cuestionado, por lo que consideró que las reformas -hasta ahora- apuntan más a perfeccionar y mantener el sistema que a transformarlo en el sentido que los estudiantes reclaman.

“Han jugado con las expectativas de los estudiantes, pero tampoco vamos a dejar que esta reforma desordenada siga perfeccionando un modelo que desde el 2011 estamos cuestionando. Entonces aquí, asumir los errores por un lado, y por el otro empezar a discutir realmente sobre la reforma educacional, porque si seguimos hablando de financiamiento solo perfeccionamos un modelo que dentro de pocos años tendrá a otros compañeros en problemas”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que solo en Chile se defiende la idea de que no dejar que le den gratuidad a otros porque puede afectar mi propio negocio.

Además, Luis Loyola, vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) señaló que falta aún que el Gobierno establezca claridades que despejen las interrogantes planteadas por el fallo del Tribunal Constitucional.

“Yo creo que el gran problema es el signo de interrogación, de la incerteza de lo que va a ocurrir en los próximos días, desde dos puntos de vista: desde la perspectiva de nuestras universidades, pues esto afecta el presupuesto y desde la visión de nuestros estudiantes, porque obviamente van a querer postular a aquellas universidades que tengan acceso a la gratuidad”.

La diputada comunista y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, señaló que lo único que podría hacer el Ejecutivo es mantener los recursos que están destinados, distribuyendo los aportes basales que se mantienen en la Ley de Presupuestos y, a través de esos aportes, establecer un reglamento que asegure que van a ir destinados a la gratuidad de los estudiantes de los cinco primeros deciles”.

En tanto, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, señaló que espera que el gobierno envíe  una señal de gratuidad y no de becas con las instituciones del Cruch.

Por su parte, desde Chile Vamos aseguraron que le presentarán al Gobierno su propia propuesta de gratuidad, para así lograr que todos los estudiantes de educación superior puedan acceder a este beneficio, tal como lo señaló el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín.

“Chile Vamos le ha pedido a nuestros diputados que han estado trabajando este tema intensamente, que elaboren una propuesta. Que busquemos cómo poder resolver el tema que se ha planteado por esta decisión del Tribunal Constitucional, de manera que todos los alumnos vulnerables tengan beneficios en igualdad de condiciones y así terminar con la discriminación que estaba impulsando el Gobierno”

En este sentido, el diputado gremialista y miembro de la Comisión de Educación, Jaime Bellolio, planteó que la gratuidad se puede obtener a través de mecanismos como becas o situar en una misma categoría a todas las instituciones de educación superior.