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Avanza proyecto que garantiza derechos a trabajadores de temporada

Pese a la rotunda oposición de la Sociedad Nacional de Agricultura, el Gobierno logró un acuerdo en la Cámara Alta para aprobar el proyecto que regula los contratos por obra o faena. Una gradualidad de tres años para implementar completamente la norma fue la idea que destrabó una iniciativa que se venía tramitando desde 2015.

Rodrigo Fuentes

  Miércoles 24 de octubre 2018 18:07 hrs. 
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A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que regula el contrato por obra o faena, después de que el Senado despachara con indicaciones una pre normativa que, principalmente, mejora las condiciones de las personas que se desempeñan en la construcción o como trabajadores agrícolas de temporada.

La propuesta que modifica el Código del Trabajo, confiere el derecho a feriado anual y una indemnización equivalente a dos y medio día de remuneración por cada mes ocupado si el contrato ha estado vigente por un mes o más.

También regula vacaciones y cobertura de salud, dos beneficios que hoy día son inexistentes para este sector laboral.

Con la aprobación del Senado, el proyecto que regula el contrato por obra o faena quedó a un paso de ser ley. Ahora solo resta la aprobación de las enmiendas en la Cámara Baja.

El presidente de la Comisión del ramo, diputado socialista Gastón Saavedra, informó que en una semana más la iniciativa tendría que ser despachada al pleno de la sala.

“Importante y halagüeño que se haya aprobado este proyecto, por lo que espero llegue pronto para darle curso y aprobarlo también. En la medida que los trabajadores tengan más derechos, vamos a estar estructurando el empleo de forma distinta. Uno de cada tres trabajadores en Chile está bajo una situación precaria, sin ninguna protección. Por lo tanto, en la medida que se vayan aprobando leyes, garanticen derechos, me parece del todo saludable para superar la desigualdad en el país”, argumentó.

La iniciativa viene tramitándose desde el año 2015 y se había paralizado debido a, sobre todo, presiones de algunos gremios y representantes del sector privado, entre ellos, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

El presidente de dicho gremio, Ricardo Ariztía, había liderado la ofensiva contra el proyecto ya que, según él, sería perjudicial para la formalización del empleo en el agro y elevaría los costos de la mano de obra, por lo que generaría un impacto en la generación de puestos de trabajo, principalmente en regiones.

Opinión coincidente se ha emitido desde el Instituto Libertad y Desarrollo. Entre sus publicaciones destaca que el proyecto de ley pretende seguir la misma lógica que los contratos a plazo fijo, lo que para la instancia choca con la estacionalidad o transitoriedad de los empleos.

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Para el parlamentario socialista, Gastón Saavedra, el proyecto que modifica el contrato por obra, faena o servicio se enmarca en el fenómeno de la precarización del trabajo, donde las personas están en situación de desprotección y vulnerabilidad que se manifiesta, por ejemplo, en la no procedencia de una compensación equivalente a la indemnización por años de servicio.

Al respecto, la dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Alicia Muñoz, valoró la aprobación por parte de Senado y criticó el lobby ejercido por los gremios empresariales para rechazar la iniciativa.

“Es importante este eventual avance, ya que las condiciones en las que se desempeñan ellos son muy malas, no son condiciones de trabajo decente como lo dice la OIT. Esto es realmente un problema para las mujeres sobre todo, quienes pagan las consecuencias más fuertes. La hacen laborar más allá de la hora acordada, tampoco se reporta cuando existe algún accidente laboral, los empleadores no se hacen cargo, incluso cuando hay una situación de intoxicación con químicos”, afirmó.

Para el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Caamaño, el proyecto de ley no cambiará nada sustancial.

Según el experto en la materia, el problema de fondo de los trabajadores por obra o faena, son sus dificultades para poder negociar colectivamente, sobre todo en actividades con fuerte uso de subcontratación.

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