Para poner al día a la institucionalidad del país en materia de derechos humanos y en la prevención de malos tratos fue creado el Comité para la Prevención de la Tortura con una ley que se promulgó en 2019. En medio del contexto de la pandemia, la entidad logró instalarse y comenzar su trabajo que es eminentemente preventivo y que busca asegurar las condiciones de dignidad y seguridad a las personas que son privadas de libertad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del comité, Sebastián Cabezas, comentó que la labor que desempeñan “es hacer visitas periódicas no programadas a todos los lugares de privación de libertad en Chile para hacer recomendaciones a las autoridades para que ofrezcan un trato digno a todas las personas detenidas”.

El rango de acción de la instancia abarca no sólo cuarteles policiales, sino también recintos penales y hospitales psiquiátricos, además de entidades que mantienen a menores de edad con medidas cautelares o con condenas por delitos. “Es un trabajo amplio de terreno, de visitas y eventualmente en esas visitas nosotros vemos qué posibilidades tienen las autoridades y las instituciones para en primer término prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes”, explica.

Por ejemplo, en el caso de las cárceles, Cabezas explica que en el marco de la pandemia aseguraron el cumplimiento de los derechos de los detenidos y condenados a través del uso de dispositivos y mantener de alguna forma la posibilidad de contacto con sus familiares.

“Desde hace un año estamos realizando visitas a distintos penales del país. Efectivamente hay una situación compleja en los distintos recintos penitenciarios y por lo mismo lo que permite el trabajo en terreno es visualizar ciertas acciones que se pueden tomar para ir mejorando el trato y la situación de derechos de las personas privadas de libertad”, puntualiza el abogado.

“Cuando hay violación a los derechos humanos, la investigación y la sanción es clave para actuar como una señal disuasiva” 

Una de las preocupaciones más extendidas entre organismos de derechos humanos, activistas y dirigentes de entidades humanitarias, es el trato que se da a las personas que son detenidas, en particular en el contexto de las manifestaciones masivas.

Esto se hizo patente con el caso de las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de los manifestantes en el marco del estallido social, con cientos de personas que perdieron uno o sus dos ojos producto del disparo de perdigones por parte de carabineros y la aplicación de malos tratos como denunciaron las víctimas.

Para el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Sebastián Cabezas, en estos últimos años se han registrado algunos avances, en especial con la instalación de cámaras en los recintos policiales que permiten resguardar y vigilar la acción de los funcionarios.

“Hemos visto que ha habido un avance en las políticas de Carabineros que a lo menos en las comisarías que están en capitales regionales o polos urbanos importantes, la colocación de cámaras tanto en los lugares perimetrales de las comisarías, en el patio donde llegan los vehículos con los detenidos, en el tránsito, en el lugar donde se hacen los registros personales y en los calabozos es bastante buena”, sostuvo Cabezas.

A eso se suma el trabajo de difusión y formativo que hace la entidad que dirige para entregar a los efectivos policiales herramientas que permitan un cambio de la cultura de los policías en materia de resguardo de los derechos fundamentales de las personas.

“En el ámbito de sensibilización, formación y capacitación en materia de prevención de tortura y malos tratos, en principio, como en todos los temas de derechos humanos, cuesta de alguna manera divulgarlo entre funcionarios públicos. Pero cuando se explica la metodología que consiste en visitar, mirar e identificar factores de riesgo para proponer medidas de protección para que las situaciones de vulneración nunca ocurran, es convocante porque ahí, en el caso específico de Carabineros ven una oportunidad y ahí se ha avanzado en temas bien importantes”, subrayó.

Durante la semana pasada los representantes del comité visitaron comisarías de Santiago Centro, Providencia, Peñalolén y Puente Alto, todas sin anuncio previo y con el objetivo de conocer la realidad que viven un día común y corriente.

“En el ámbito de la prevención de la tortura y los malos tratos, sí funcionan las salvaguardas y las medidas de protección. Las cámaras resultan una protección para la persona detenida porque todo el procedimiento de entrega de la persona detenida, el descenso del carro, su traslado, la zona donde se registra y el calabozo al tener cámara efectivamente eso funciona como una protección para la persona privada de libertad”, precisa Cabezas.

Consultado por la situación de los funcionarios que participaron en la represión de las manifestaciones del estallido social, el representante indicó que si se determina que cometieron atropellos en el marco de esas acciones, “el Estado tiene la obligación de investigar y castigar proporcionalmente y por supuesto hay que avanzar en este sentido. Desde el punto de vista de la prevención es fundamental. Cuando hay violación a los derechos humanos, la investigación y la sanción es clave para actuar como una señal disuasiva”.

De todas formas, subrayó que “mientras no sean sancionados, por supuesto tienen que ser parte de estas políticas de sensibilización y de formación porque nosotros entendemos que en la formación y en la incorporación de la perspectiva de derechos humanos a la función policial, ahí hay una posibilidad importante de hacer cambios estructurales, cambios culturales que hagan entender a los funcionarios y funcionarias de las policías que ellos son los custodios, los responsables del bienestar y buen trato de las personas privadas de libertad”.

El presidente del comité explicó que durante el trabajo de esta nueva institucionalidad de derechos humanos, han visitado cuarteles de Carabineros y la PDI en la regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y de Coquimbo, mientras que esperan realizar dos nuevas a recintos que no pudo revelar para asegurar que se trate de una gestión sorpresa que les permita identificar elementos que deban ser atendidos para asegurar el trato digno de las personas detenidas.