El presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios del Estado (ANEF), José Pérez, afirmó que el pliego presentando al Gobierno de reajuste para el sector es “bastante modesto”, basado principalmente en la recuperación del poder adquisitivo y que en términos reales significa un reajuste salarial del 3 por ciento.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Pérez se mostró optimista frente a las negociaciones con el Ejecutivo que este miércoles 30 de noviembre entrará en su fase principal con la participación de los ministros del Trabajo, Jeannette Jara y de Hacienda, Mario Marcel, para definir aspectos económicos y laborales, donde esperan recibir la oferta de las autoridades.
El dirigente precisó que el pliego se estructura en base a aspectos económicos, donde los gremios que integran la Mesa del Sector Público, coordinados por la CUT, acordaron pedir un reajuste que esté por sobre la inflación, es decir recuperar el IPC de 12 por ciento, más un 3 por ciento real para todos las y los trabajadores de la administración pública.
Pérez indicó que la demanda contempla pisos mínimos para auxiliares de 550.000 pesos; 600.000 para administrativos y técnicos 650.000 pesos, mientras que para los que ganan menos de 400,000 pesos, se está solicitando un bono particular mensual “para hacernos cargo de lo que significa también, atendiendo a los compañeros que tienen rentas por debajo los 500.000 pesos”. Además, los funcionarios incorporan en el pliego bonos por escolaridad, vacaciones y término de negociación.
Este es el piso “bastante moderado que apunta a recuperar el poder adquisitivo del IPC, que está en 12,8 por ciento, y agregar a este delta que se construye conforme a la expectativa de crecimiento del país que es de 3% por ciento real”, indicó el dirigente.
Respecto de los funcionarios a honorarios y a contrata, Pérez indicó que en la negociación está incorporado el traspaso de honorarios a contrata que se da desde del año 2014 que partió con cupo determinado. Hasta el 2020 eran 8 mil funcionarios para el traspaso y luego se bajó a 4 mil. “Aquí nosotros reforzamos que los contratos a honorarios no pueden ser permanentes de acuerdo al estatuto administrativo, que es por un tiempo acotado y en una función determinada”, indicó.
Agregó que este año, la Contraloría emitió un dictamen donde pide “sincerar” los funcionarios que están en esa condición en todos los estamentos del Estado y que pone excepciones en quienes tienen jornada parcial y los cargos de nominación política y que en opinión del dirigente, esto “permite terminar con una situación que ha sido abusiva en el tiempo”, acotó.
“Hemos puesto énfasis de que ya no resiste más esta condición precaria, estructural en el Estado, particularmente de los honorarios, pero también con las contratas. Hay personas que llevan a honorarios más de 20 años y los contratas también y este contrata se va renovando anualmente”, dijo el presidente de la ANEF.
En esa línea, agregó que ya es un avance en el sentido de que el Gobierno renovará los contratos de los honorarios y quienes están en condición de contrata a partir de este miércoles 30 de noviembre. Además, se ha establecido la “confianza legítima” que señala que quien lleva dos períodos consecutivos con la renovación de sus contratos, no puede ser despedido o tiene que estar muy justificada su exoneración.
Pérez finalmente indicó que hasta el momento, las conversaciones y en sus distintas mesas “hay una positiva recepción” de las demandas de los funcionarios, pero los aspectos económicos se comenzarán a definir a partir del 1 de diciembre.