Más de 60 mil personas se manifestaron a nivel nacional por los “retrocesos” en las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. La movilización fue cuestionada por el Gobierno, pero aseguraron que el proceso de ajuste seguirá adelante.
Tras asumir el liderazgo de la Contraloría, Dorothy Pérez dictaminó que el organismo se abstendrá de pronunciarse ante reclamos de funcionarios públicos por posibles vulneraciones a la confianza legítima. Así, quedará en manos de la justicia dirimir.
El dirigente sindical cuestionó que el Gobierno “sacó el pie del acelerador” sobre la Ley de 40 Horas para el sector público, pero dijo tener la expectativa de que se cumpla la palabra empeñada: “Esperamos certeza de nuestra contraparte”.
El presidente de la ANEF explicó que hasta el momento 900 funcionarios han sido traspasados desde el Sename y que en ese contexto, es importante “tener claridad de dónde quedan alojados, en qué centro de trabajo y en qué nivel de remuneración”.
Ad portas de iniciar negociaciones con el Gobierno, el dirigente sindical valoró logros como las 40 horas y el salario mínimo, pero aseguró que son “insuficientes”. Así, expuso que espera anuncios sobre la negociación ramal en la Cuenta Pública.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, destacó la amplia presencia de docentes en las calles. Mientras, desde la ANEF, José Pérez, expresó sus deseos de que este hito acelere la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno.
El dirigente insistió en que la propuesta constitucional que está elaborando el Consejo supone un “retroceso” en materia de derechos laborales y manifestó que “no podemos aceptar que la extrema derecha pretenda desconocer las conquistas sindicales”.
Desde ambas organizaciones criticaron la labor de los consejeros republicanos y de Chile Vamos quienes aprobaron una serie de normas que restringen y prohíben derechos sindicales y laborales en la propuesta constitucional.
Dirigentes de tres organizaciones evaluaron la trayectoria de la propuesta del Gobierno en materia previsional mientras el debate en el Parlamento fue suspendido nuevamente por la negociación con todas las fuerzas políticas.
En la sede del Edificio Tucapel Jiménez se realizó el acto aniversario con la participación de los ministros del Trabajo y Hacienda quienes llamaron a la oposición a no seguir dilatando la discusión por el salario mínimo.
Los gremios agrupados en la Mesa del Sector Público piden un recuperar el poder adquisitivo de acuerdo al IPC, más un 3 por ciento real. Este miércoles comienza la negociación para definir los aspectos económicos del pliego.
Durante la manifestación en el segundo aniversario del estallido social, el presidente de la ANEF sostuvo que esperan el compromiso de los convencionales constituyentes con organizaciones sociales y el mundo sindical.
Los trabajadores agrupados en AFAEB (Asociación Nacional de Funcionarios de la Junaeb) han denunciado una serie de irregularidades en la entrega de la alimentación, además en una repartición que maneja cuantiosos recursos públicos, por lo que piden la salida de su director, Jaime Tohá.
El dirigente criticó además que no ha existido un seguimiento adecuado de quienes llegan: “si el Gobierno no puede hacerlo, al menos debió haber cumplido el compromiso de cerrar el Aeropuerto, pero no hizo una cosa ni la otra”, afirmó.
Este martes, parlamentarios de la oposición se reunieron para preparar una propuesta que será enviada primero a las organizaciones sociales y posteriormente al Ejecutivo. “La contrapropuesta va a ser contundente”, advirtió el diputado PPD, Raúl Soto, posterior al encuentro.
El también presidente de la ANEF, José Pérez, insistió en que se deben poner límites al tráfico aéreo para evitar la propagación del Covid-19. “Las nuevas cepas no aparecieron en nuestro país por generación espontánea, llegaron por nuestro aeropuerto internacional”, recalcó.
El presidente de la ANEF evaluó positivamente el primer encuentro con el nuevo secretario de Estado, pero aseguró que si bien siempre propiciará el diálogo, ello no implica que dejen de defender los intereses de sus representados. “Nos interesa defender el empleo público, el rol del Estado, y la función pública y ahí no transamos”, aseveró.
