En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, se refirió a la compleja situación de las isapres, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas de salud a aplicar la tabla de factores de riesgo elaborada por la Superintendencia de Salud.
A propósito de la presentación del proyecto de ley de su autoría que busca crear un “Fondo E” en Fonasa en caso de quebrar alguna isapre, el legislador aclaró que la iniciativa “no es una solución, sino más bien una medida de última instancia a un rescate eventual a los afiliados”.
“Tenemos 12 años en que las tablas de factores de riesgo de las isapres fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ciento de miles de recursos de protección que se presentan todos años ante las Cortes de Apelaciones de nuestro país, tres comisiones asesoras presidenciales en gobiernos de distinto color político que no han logrado dar una propuesta que generara consenso en el sistema político para avanzar y en el 2022 dos fallos de la Corte Suprema que diría fue el jaque mate definitivo al sistema de las isapres”, expresó.
De todos modos, señaló que dependerá del instructivo de la Superintendencia de Salud –encabezada por Víctor Torres- para implementar el fallo del máximo tribunal “si es que se le da la estocada final al sistema de las isapres o si es que se le da un poco de aire, sobre todo considerando que la eventual quiebra de una isapre genera impactos dramáticos, no solamente en sus afiliados, sino al sistema en su conjunto. Primero, porque no solo terminan las obligaciones contractuales, sino también las judiciales, pueden quebrar muchos pequeños prestadores no relacionados a los holdings de los dueños de las isapres y finalmente tienen un impacto en el sistema de salud porque la inyección de decenas o cientos de miles de nuevos usuarios a Fonasa, con una alta carga de enfermedad, también desestabiliza significativamente al sistema público de salud”.
Es bajo ese escenario que el parlamentario comentó que hizo la presentación de la iniciativa a la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, con el objeto de crear “un régimen especial dentro de Fonasa, pero bien podría ser en otra institución o una nueva institución. Solamente para disminuir el costo financiero del proyecto de ley lo colocamos en el mismo Fonasa, y que este régimen especial existe en el peor de los casos: que quiebre una isapre y ninguna isapre restante del sistema haya estado disponible para absorber la cartera de afiliados”.
“(Uriarte) sabe la urgencia que tiene este tema y que debe tener una respuesta institucional por parte del Ejecutivo. Algún proyecto de ley, alguna instancia de conversación más amplia que todavía no se ha dado, el sistema político todavía está en el mundo de las preguntas y este proyecto de ley, independiente de la visión que pueda tener cada persona, es para tratar de dar un paso al mundo de las respuestas”, dijo.
También afirmó que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “por lo menos me señaló personalmente en una reunión que sostuvimos para presentarle este proyecto que elaboré en conjunto con el economista David Debrott, que iba a ser considerado de forma muy importante en las medidas que están evaluando aplicar al sistema de las isapres”.
El parlamentario fue enfático en señalar que la medida “no tiene ninguna intención de rescatar a las isapres, sino de ir a rescatar a los afiliados y a sus beneficiarios” y agregó que de declararse la insolvencia de una isapre y no haber un tercero que pueda recibir a los afiliados afectados “toda esa cartera es traspasada a Fonasa sin ningún filtro, es decir, a las letras A, B, C y D, generando un eventual impacto negativo por la cantidad usuarios que se transfieren de la noche a la mañana y también porque muchos de ellos tienen cargas de enfermedades muy importantes”.
En esa línea, apuntó que “recordemos que cerca de un 40% de la cartera de afiliados de cada una de las isapres son cautivos, es decir tiene cargas de enfermedad elevada y también muchas de ellas después se consideran preexistencias para la movilidad dentro del sistema de salud. Considerando esto, nosotros generamos un régimen especial que para efectos prácticos le hemos llamado ‘Grupo E’ y que es absolutamente cerrado, solamente pueden ingresar a este régimen especial personas que provengan de una isapre que haya quebrado, cuya licitación pública se haya declarado desierta y existirá hasta que se desafilie o fallezca su último afiliado”.
Además, detalló que la iniciativa permite mantener las obligaciones contractuales previas, “es decir, el afiliado tiene que cancelarle lo que le cancelaba a la isapre por su plan al régimen especial y recibir las prestaciones establecidas en el plan, porque se transfiere la cartera, se ceden los contratos y por supuesto se tratan de traspasar trabajadores que cumplan funciones esenciales, sobre todo obligada a convenios y contratos en la isapre, que son capacidades que no existen en el sector público el día de hoy, sistemas informáticos y también eventualmente convenios con prestadores. Tratamos de morigerar el impacto en todo el sistema de la quiebra de una isapre”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, se refirió a la compleja situación de las isapres, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas de salud a aplicar la tabla de factores de riesgo elaborada por la Superintendencia de Salud.
A propósito de la presentación del proyecto de ley de su autoría que busca crear un “Fondo E” en Fonasa en caso de quebrar alguna isapre, el legislador aclaró que la iniciativa “no es una solución, sino más bien una medida de última instancia a un rescate eventual a los afiliados”.
“Tenemos 12 años en que las tablas de factores de riesgo de las isapres fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ciento de miles de recursos de protección que se presentan todos años ante las Cortes de Apelaciones de nuestro país, tres comisiones asesoras presidenciales en gobiernos de distinto color político que no han logrado dar una propuesta que generara consenso en el sistema político para avanzar y en el 2022 dos fallos de la Corte Suprema que diría fue el jaque mate definitivo al sistema de las isapres”, expresó.
De todos modos, señaló que dependerá del instructivo de la Superintendencia de Salud –encabezada por Víctor Torres- para implementar el fallo del máximo tribunal “si es que se le da la estocada final al sistema de las isapres o si es que se le da un poco de aire, sobre todo considerando que la eventual quiebra de una isapre genera impactos dramáticos, no solamente en sus afiliados, sino al sistema en su conjunto. Primero, porque no solo terminan las obligaciones contractuales, sino también las judiciales, pueden quebrar muchos pequeños prestadores no relacionados a los holdings de los dueños de las isapres y finalmente tienen un impacto en el sistema de salud porque la inyección de decenas o cientos de miles de nuevos usuarios a Fonasa, con una alta carga de enfermedad, también desestabiliza significativamente al sistema público de salud”.
Es bajo ese escenario que el parlamentario comentó que hizo la presentación de la iniciativa a la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, con el objeto de crear “un régimen especial dentro de Fonasa, pero bien podría ser en otra institución o una nueva institución. Solamente para disminuir el costo financiero del proyecto de ley lo colocamos en el mismo Fonasa, y que este régimen especial existe en el peor de los casos: que quiebre una isapre y ninguna isapre restante del sistema haya estado disponible para absorber la cartera de afiliados”.
“(Uriarte) sabe la urgencia que tiene este tema y que debe tener una respuesta institucional por parte del Ejecutivo. Algún proyecto de ley, alguna instancia de conversación más amplia que todavía no se ha dado, el sistema político todavía está en el mundo de las preguntas y este proyecto de ley, independiente de la visión que pueda tener cada persona, es para tratar de dar un paso al mundo de las respuestas”, dijo.
También afirmó que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “por lo menos me señaló personalmente en una reunión que sostuvimos para presentarle este proyecto que elaboré en conjunto con el economista David Debrott, que iba a ser considerado de forma muy importante en las medidas que están evaluando aplicar al sistema de las isapres”.
El parlamentario fue enfático en señalar que la medida “no tiene ninguna intención de rescatar a las isapres, sino de ir a rescatar a los afiliados y a sus beneficiarios” y agregó que de declararse la insolvencia de una isapre y no haber un tercero que pueda recibir a los afiliados afectados “toda esa cartera es traspasada a Fonasa sin ningún filtro, es decir, a las letras A, B, C y D, generando un eventual impacto negativo por la cantidad usuarios que se transfieren de la noche a la mañana y también porque muchos de ellos tienen cargas de enfermedades muy importantes”.
En esa línea, apuntó que “recordemos que cerca de un 40% de la cartera de afiliados de cada una de las isapres son cautivos, es decir tiene cargas de enfermedad elevada y también muchas de ellas después se consideran preexistencias para la movilidad dentro del sistema de salud. Considerando esto, nosotros generamos un régimen especial que para efectos prácticos le hemos llamado ‘Grupo E’ y que es absolutamente cerrado, solamente pueden ingresar a este régimen especial personas que provengan de una isapre que haya quebrado, cuya licitación pública se haya declarado desierta y existirá hasta que se desafilie o fallezca su último afiliado”.
Además, detalló que la iniciativa permite mantener las obligaciones contractuales previas, “es decir, el afiliado tiene que cancelarle lo que le cancelaba a la isapre por su plan al régimen especial y recibir las prestaciones establecidas en el plan, porque se transfiere la cartera, se ceden los contratos y por supuesto se tratan de traspasar trabajadores que cumplan funciones esenciales, sobre todo obligada a convenios y contratos en la isapre, que son capacidades que no existen en el sector público el día de hoy, sistemas informáticos y también eventualmente convenios con prestadores. Tratamos de morigerar el impacto en todo el sistema de la quiebra de una isapre”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, se refirió a la compleja situación de las isapres, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas de salud a aplicar la tabla de factores de riesgo elaborada por la Superintendencia de Salud.
A propósito de la presentación del proyecto de ley de su autoría que busca crear un “Fondo E” en Fonasa en caso de quebrar alguna isapre, el legislador aclaró que la iniciativa “no es una solución, sino más bien una medida de última instancia a un rescate eventual a los afiliados”.
“Tenemos 12 años en que las tablas de factores de riesgo de las isapres fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ciento de miles de recursos de protección que se presentan todos años ante las Cortes de Apelaciones de nuestro país, tres comisiones asesoras presidenciales en gobiernos de distinto color político que no han logrado dar una propuesta que generara consenso en el sistema político para avanzar y en el 2022 dos fallos de la Corte Suprema que diría fue el jaque mate definitivo al sistema de las isapres”, expresó.
De todos modos, señaló que dependerá del instructivo de la Superintendencia de Salud –encabezada por Víctor Torres- para implementar el fallo del máximo tribunal “si es que se le da la estocada final al sistema de las isapres o si es que se le da un poco de aire, sobre todo considerando que la eventual quiebra de una isapre genera impactos dramáticos, no solamente en sus afiliados, sino al sistema en su conjunto. Primero, porque no solo terminan las obligaciones contractuales, sino también las judiciales, pueden quebrar muchos pequeños prestadores no relacionados a los holdings de los dueños de las isapres y finalmente tienen un impacto en el sistema de salud porque la inyección de decenas o cientos de miles de nuevos usuarios a Fonasa, con una alta carga de enfermedad, también desestabiliza significativamente al sistema público de salud”.
Es bajo ese escenario que el parlamentario comentó que hizo la presentación de la iniciativa a la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, con el objeto de crear “un régimen especial dentro de Fonasa, pero bien podría ser en otra institución o una nueva institución. Solamente para disminuir el costo financiero del proyecto de ley lo colocamos en el mismo Fonasa, y que este régimen especial existe en el peor de los casos: que quiebre una isapre y ninguna isapre restante del sistema haya estado disponible para absorber la cartera de afiliados”.
“(Uriarte) sabe la urgencia que tiene este tema y que debe tener una respuesta institucional por parte del Ejecutivo. Algún proyecto de ley, alguna instancia de conversación más amplia que todavía no se ha dado, el sistema político todavía está en el mundo de las preguntas y este proyecto de ley, independiente de la visión que pueda tener cada persona, es para tratar de dar un paso al mundo de las respuestas”, dijo.
También afirmó que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “por lo menos me señaló personalmente en una reunión que sostuvimos para presentarle este proyecto que elaboré en conjunto con el economista David Debrott, que iba a ser considerado de forma muy importante en las medidas que están evaluando aplicar al sistema de las isapres”.
El parlamentario fue enfático en señalar que la medida “no tiene ninguna intención de rescatar a las isapres, sino de ir a rescatar a los afiliados y a sus beneficiarios” y agregó que de declararse la insolvencia de una isapre y no haber un tercero que pueda recibir a los afiliados afectados “toda esa cartera es traspasada a Fonasa sin ningún filtro, es decir, a las letras A, B, C y D, generando un eventual impacto negativo por la cantidad usuarios que se transfieren de la noche a la mañana y también porque muchos de ellos tienen cargas de enfermedades muy importantes”.
En esa línea, apuntó que “recordemos que cerca de un 40% de la cartera de afiliados de cada una de las isapres son cautivos, es decir tiene cargas de enfermedad elevada y también muchas de ellas después se consideran preexistencias para la movilidad dentro del sistema de salud. Considerando esto, nosotros generamos un régimen especial que para efectos prácticos le hemos llamado ‘Grupo E’ y que es absolutamente cerrado, solamente pueden ingresar a este régimen especial personas que provengan de una isapre que haya quebrado, cuya licitación pública se haya declarado desierta y existirá hasta que se desafilie o fallezca su último afiliado”.
Además, detalló que la iniciativa permite mantener las obligaciones contractuales previas, “es decir, el afiliado tiene que cancelarle lo que le cancelaba a la isapre por su plan al régimen especial y recibir las prestaciones establecidas en el plan, porque se transfiere la cartera, se ceden los contratos y por supuesto se tratan de traspasar trabajadores que cumplan funciones esenciales, sobre todo obligada a convenios y contratos en la isapre, que son capacidades que no existen en el sector público el día de hoy, sistemas informáticos y también eventualmente convenios con prestadores. Tratamos de morigerar el impacto en todo el sistema de la quiebra de una isapre”.
