Un rol en el detrimento del debate en materia de seguridad pública han tenido los medios de comunicación y así se ha reconocido en el marco de la tramitación del proyecto Nain-Retamal. 

Como “una legislación al calor del matinal” se ha calificado la iniciativa de ley fusionada por Chile Vamos que plantea disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada de las policías, y que hasta este viernes, había concitado la preocupación y el rechazo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía Chile y la Organización de las Naciones Unidas para América del Sur.

Poniendo el foco en el tratamiento informativo, la ex senadora del PPD, Adriana Muñoz, señaló al panel político de Radioanálisis, que el arrinconamiento que la derecha ha ejercido sobre el Gobierno en materia de seguridad, ha estado “muy bien avalado por los medios de comunicación”.

“Yo no sé en qué sociedad democrática plural es soportable una cadena nacional todos los días para los voceros de la derecha en la instalación de un mantra: ‘este Gobierno no nos defiende frente a la delincuencia'”, criticó.  Mientras que el docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy, relevó que “la prensa es de los mismos dueños de los que comandan los partidos políticos de la derecha”.

Considerando ello y la herencia de la Concertación -que “delegó la política de prensa” al “oligopolio”- el académico llamó a que “las fuerzas progresistas y las fuerzas de izquierda tengan un conjunto de medios de prensa que instalen una visibilización de un discurso alternativo”.

Pero para la promoción de un sistema medial amplio y diverso, que siente las bases de una ruta hacia medios locales, regionales, descentralizados y desconcentrados, es que el Gobierno firmó el convenio “Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia” con tres universidades estatales: La Universidad de Chile, Universidad de La Frontera y Universidad de La Serena. 

La voz de las universidades

Con la firma de este convenio, las instituciones educativas encabezaron un proceso de diálogo para levantar un diagnóstico del ecosistema comunicacional e informativo chileno; definir buenas prácticas y desafíos, y elaborar propuestas para mejorar, lo que contó con 13 entrevistas grupales semiestructuradas y cinco grupos de discusión.

Este trabajo derivó a un informe con cerca de 40 recomendaciones -ordenadas por categorías como interculturalidad, perspectiva de género, educación, sistema de medios y democracia- que las casas de Estudio entregaron a la Segegob el pasado 20 de enero. 

Hasta la fecha, las universidades dicen no haber tenido una retroalimentación sobre el mismo por parte del Ejecutivo, lo que alimenta la incertidumbre de algunos respecto de si el Gobierno irá a levantar políticas públicas a raíz de este insumo. 

Según precisó el académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Dino Pancani, en el informe hay “37 medidas para mejorar el sistema mediático” y “solo 11 de esas medidas pasan por el Congreso”. 

“Es decir, hay 26 medidas en las cuales un Gobierno con voluntad política puede generar políticas públicas en algunos casos y en otros casos, medidas para mejorar y ampliar estas voces”.

Reforzando ese punto, la doctora en Comunicación y Periodismo y académica de la Universidad de Chile, Ana Maria Castillo, señaló que “en todas las alas del informe lo que nosotros hacemos es proponer medidas que no requieren de diálogo político, que requieren de voluntad política”.

“Otra parte, que es de mediano y largo plazo, si requiere diálogo y requiere que haya más de un sector de acuerdo, pero en general, prácticamente en todos los ámbitos de recomendación, hay al menos uno que requiere solo de la voluntad política del Ejecutivo”, enfatizó.

Los vetos del diálogo

Por mencionar algunas de las propuestas en la categoría de medios y democracia, en el informe se recomienda: Transparentar y regular la publicidad estatal de modo de que se asegure el cumplimiento de los objetivos relativos a las políticas públicas y a la efectividad del mensaje, estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias.

Asimismo, se exhorta a definir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en un medio de comunicación, asociación o empresa que tenga varios medios de comunicación y dividir los gastos del avisaje y las campañas en: a) medios de comunicación de carácter comunitario; b) medios de comunicación que tienen facturación menor a cinco millones de pesos mensuales y; c) medios de comunicación de mayor facturación.

Ahora bien, desde las universidades son conscientes que tanto estas como otras medidas, que radiquen en modificar el sistema mediático, es un asunto que provoca resistencias. El cuestionamiento que manifestó a este proceso de diálogo la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y la carta que parlamentarios UDI enviaron a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contra esta misma agenda, es ejemplo de ello.

Al respecto, la académica de la Universidad de La Frontera, Bárbara Eytel, opinó que “se generan conflictos porque estamos hablando de un ámbito que es relevante en el país, que tienen que ver con los medios de comunicación y también con los recursos que el Estado destina, por ejemplo, en el avisaje”.

“Sería muy inocente pensar que no van a haber tensiones en estos temas, pero creo que somos un país bastante maduro para poder asumir estas discusiones, para poder llevar a cabo estas discusiones en un tema que surgió en las discusiones de los actores que nosotros invitamos a conversar”, añadió.

En tanto, el académico de la Universidad de La Serena, Pablo Andrada, señaló que los vetos a este diálogo “fue evidente durante el proceso de la mesa, que recibimos bastantes columnas de opinión o afirmaciones en medios, incluso en CNN Chile, en el programa Tolerancia Cero, que curiosamente nadie nos llamó para preguntarnos sobre las aseveraciones que se hacían o los prejuicios que habían”.

Por tal motivo, Andrada reflexionó que “los medios y el ámbito especialmente periodístico es muy reticente a autoreflexionar sobre su práctica. Sí a nivel académico, pero eso no tiene muchas consecuencias, pero al nivel, sobre todo de los grandes medios, cuesta bastante”.

Si bien destacó la apertura que se manifestó desde Anatel y Archi, recordó que “el caso de mayor resistencia fue la ANP, entonces tenemos que entender que el sistema de medios chilenos es un sistema totalmente comercial y hay muchos intereses”.

Con todo, y al margen de la ANP, Castillo relevó que “una vez que sientas a tantas personas, instituciones y organizaciones diferentes, lo que te das cuenta es que están todos más o menos remando hacia el mismo lugar“.

“Todo el mundo quiere un mejor ecosistema de medios fortalecido, independiente, más plural, por lo tanto eso es lo que se propone este informe, poder instalar la conversación y ver cuales son los puntos comunes”. 

Los tiempos de Segegob

Consultados sobre este informe, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno dicen estar en el proceso de revisión de las propuestas y que así se lo han hecho saber a las casas de estudio.

Considerando las distintas dimensiones, reparticiones y servicios que las recomendaciones abarcan, en el Ministerio no se aventuran a fijar una fecha para un eventual pronunciamiento. Por lo demás, acotaron que la temporada de vacaciones, sumada a la emergencia de los incendios, derivó a solo disponer de marzo para estudiar el insumo.

Aguardando los tiempos del Ejecutivo, desde las universidades dicen estar disponibles a seguir colaborando en esta prioridad y destacan que el proceso de diálogo ya es algo inédito por sí mismo, considerando la participación que hubo de dos universidades de regiones.

“Lo importante es que se instaló un espacio de discusión y reflexión en torno a lo que a nosotros como país estamos viviendo, en términos comunicacionales y de medios, y que de alguna forma hay una necesidad en torno a poder generar algunas transformaciones”, destacó Eytel.

De todas formas, las expectativas son que este insumo derive en la presentación de políticas públicas, las que eventualmente podrían marcar la diferencia, por ejemplo, sobre el tratamiento informativo en materia de seguridad.

“Este tipo de propuesta de informe lo que ayudaría, si logra ser tomada en cuenta por legisladores, por el Ejecutivo, es a primero definir si es que los medios de comunicación tienen o no un rol educativo”, indicó Andrada, apuntando a que “se dice que tienen una responsabilidad pública, pero eso queda bastante difuminado, entonces, si tiene un rol educativo, no pueden construir la noticia de cualquier forma o solo buscando el mayor rating”.

“Después de eso se debiera tratar de establecer mecanismos para que infringir menoscabo a ciertos grupos o que el aprovechamiento de la situación coyuntural de una familia, tenga alguna consecuencia”, indicó.

Y añadió que “en general solo existe que el Consejo Nacional pueden hacer multas a partir de denuncias de televidentes, pero eso pareciera muy poco y no ha causado el efecto de mejorar y desde ahí también, que se puedan crear medios tanto públicos como privados comunales o de asociación civil que eleven el nivel. En la medida que tengamos una elevación del nivel cultural y educativo de los medios, debiera las personas elegir esos medios y los más sensacionalistas quedar en un lugar más pequeño y no ser lo hegemónico como es hoy día”.