Fue por más de 10 horas que esta semana el ex presidente Sebastián Piñera prestó declaración ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en el marco de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad durante el denominado estallido social.

Dicho interrogatorio, que se llevó a cabo en la oficina del ex mandatario, ubicada en Vitacura, responde a querellas interpuestas en su contra por el otrora senador del PRO, Alejandro Navarro, y otras diversas organizaciones, en las que también se ven involucrados altos mandos de Carabineros y ex autoridades de Gobierno, tales como los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los ex subsecretarios de la cartera, Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, analizó los avances de la indagatoria y recalcó que desde el organismo “señalamos en su momento que existieron graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en el período del estallido social. En ese contexto, afirmamos que era fundamental que se esclarecieran las responsabilidades no solo de quienes apretaron el gatillo, sino también de los altos mandos de las policías y de las autoridades políticas de turno”.

En esa línea, planteó que “nos parece relevante que el ex presidente Piñera haya declarado en esta investigación y que se pueda esclarecer si efectivamente todos quienes tenían algún tipo de responsabilidad y funciones relevantes durante ese período realizaron todas las acciones u omisiones para frenar las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo”.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por la defensa del ex jefe de Gobierno, que apuntan a que el actuar de Piñera no configuraría delito, por haber obedecido al correcto cumplimiento de sus funciones, Bustos sostuvo que “lo que creemos es que no se puede cortar el hilo por lo más delgado, porque pareciera ser que todas las autoridades les echan la responsabilidad a otras autoridades de rango más bajo o fundamentalmente al personal de Carabineros que estaba en Plaza Italia o en otras plazas a lo largo del país”.

“Existieron alertas de Amnistía Internacional y otros organismos internacionales desde los primeros días respecto, por ejemplo, a los efectos que estaba generando la utilización de la escopeta antidisturbios y, sin embargo, se siguió usando durante varias semanas con el resultado de más de 400 personas con lesiones oculares. Por lo tanto, es fundamental esclarecer si las autoridades civiles y de los altos mandos de Carabineros adoptaron realmente medidas para frenar las violaciones a los derechos humanos durante ese período”, recalcó.

Por otra parte, profundizó sobre las figuras del ex general director de Carabineros, Mario Rozas, quien dejó el cargo en medio de un polémico procedimiento policial en Talcahuano, donde funcionarios balearon a dos menores de edad en un centro dependiente del Sename en noviembre de 2020, y de la actual máxima autoridad de la institución, Ricardo Yáñez, cuando se desempeñaba como jefe de Orden y Seguridad al momento de las protestas.

“(Ambos) tenían funciones muy relevantes durante el período del estallido social y tenían la posibilidad de adoptar decisiones que frenaran las violaciones a los derechos humanos. Hoy día la investigación que lleva adelante la fiscal Chong tendrá que aclarar qué medidas tomaron, si fueron medidas eficaces, si no adoptaron medidas y, en ese caso, eventualmente podrían estas personas ser formalizadas, imputadas por apremios ilegítimos por no haber realizado las acciones correspondientes de acuerdo a las atribuciones que tenían por su cargo”, explico.

Por lo mismo, enfatizó en que “esperamos que no sólo se investiguen las responsabilidades, sino que se adopten medidas tendientes a la no repetición de estas conductas y, por cierto, es fundamental que se esclarezcan las responsabilidades de todas las personas que eran autoridades en esa época. Si eso significa que puedan ser condenadas por algún delito, así tendrá que ser, porque eso es lo que corresponde en un Estado de derecho y así es lo que también determinan los compromisos internacionales que tiene nuestro país en virtud de los tratados de derechos humanos que se han suscrito”.

De todos modos, en relación al actual escenario de crisis de seguridad que enfrenta el país, el abogado apuntó que “por cierto que carabineros tiene que tener todos los elementos para poder realizar su trabajo adecuadamente, los funcionarios tienen que tener los elementos de protección para no tener afectaciones a su integridad física, eso es tremendamente importante, pero lamentablemente las medidas legislativas que han avanzado en el Congreso no van en la dirección ni de fortalecer el rol de la policía ni tampoco de proteger a los carabineros”.

Para Bustos más bien “se tratan de medidas vinculadas al populismo penal, que no fortalece la seguridad de nuestro país y que, en cambio, pueden dar espacio a posibles vulneraciones de derechos humanos como han sucedido en el pasado”.

“Algunos han planteado dejar atrás todo lo sucedido durante el estallido social respecto a las violaciones a los derechos humanos por justamente los problemas de seguridad que se enfrentan en Chile y la verdad es que necesitamos una policía legitimada, que respete los derechos humanos y que al mismo tiempo sea capaz de enfrentar los problemas de seguridad, no es una cosa u otra, son ambas materias fundamentales porque eso es lo que corresponde respecto a una policía en un Estado democrático de derecho”, manifestó.