Se agudizan las diferencias entre el Gobierno y Apruebo Dignidad a propósito del respaldo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó a la aplicación del denominado “criterio Valencia”: una directriz que ha promovido el fiscal nacional para que los persecutores soliciten prisión preventiva para extranjeros que sean detenidos sin portar documento de identificación.

La brecha entre la coalición que levantó el liderazgo del Presidente Gabriel Boric y el Ejecutivo se profundiza a pocos días de que la bancada del Frente Amplio haya pedido al Ministerio del Interior tomar el control sobre la agenda de seguridad. Ello tras la promulgación de la ley Naín Retamal, que contemplaba la defensa legitima privilegiada de la policía a la cual se opuso el sector, viéndose finalmente impedido de llevar artículos de la moción al Tribunal Constitucional.

Sobre el denominado “criterio Valencia”, la titular de Interior calificó como una buena señal el primer caso de su aplicación y adujo que “quizás el día de mañana se pueda establecer por ley esto para que no sea criterio del juez o criterio del fiscal solicitarlo”.

En ese sentido, argumentó que “cuando hay una persona con un aparente compromiso en un delito y no tenemos elementos de identificación, todo hace pensar que va a ser difícil después ubicarlo y que podemos tener muchos vacíos respecto a su identidad o su compromiso en otros delitos o a órdenes pendientes respecto a esa persona”

Por tanto, señaló que “parece muy razonable este criterio que la Fiscalía está implementando y muy positivo también que sea acogido por parte de los jueces”.

Cabe destacar que haciendo eco a las palabra de la ministra, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, dijo sobre la decisión de Fiscalía que “es muy importante que las personas imputadas por delito que no tienen documentos de identidad puedan ser enroladas, vale decir que podamos conocer sus rostros, sus manos, su identidad”.

“En ese sentido, el trabajo que está haciendo la Fiscalía y la bajada que se dio a esa instrucción es una necesidad muy importante y nos va a ayudar a identificar a todas las personas que han cometido delitos que tienen una situación de irregularidad”, agregó.

Las líneas rojas de Apruebo Dignidad

El hecho que el Gobierno no haya manifestado un rechazo categórico al “criterio Valencia” y que por el contrario, haya dado un paso más adelante con la propuesta de Tohá de avanzar en una ley que aúne los criterios de los persecutores, es un asunto que preocupa a las huestes de la coalición. Fuentes de Apruebo Dignidad reconocen que el planteamiento de la ministra desdibuja el programa de Gobierno en materia de seguridad y no se condice con el llamado que se le hizo a Tohá de empoderar la agenda propia.

Asismismo, precisan que la coalición no está por oponerse a la agenda de seguridad del Ejecutivo en su conjunto -de ahí que figuras de Apruebo Dignidad han relevado su respaldo a más de un artículo de la ley Naín-Retamal –sino  que buscan marcar sus “líneas rojas” en materia de seguridad, donde cabe el denominado “criterio Valencia” dada la criminalización de la migración que entraña la medida.

Contrario a la posición de la titular de Interior, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, afirmó que “el fiscal Valencia ha tomado un criterio que va en contra de la naturaleza propia del debido proceso que se ha establecido y que se ha configurado en nuestro país”.

“Me parece un despropósito porque precisamente la prisión preventiva está configurada para actos particulares, es decir, para los antecedentes que existan en dicha carpeta investigativa, de la gravedad del hecho, de la violencia que pudo haber existido en el hecho, pero si vamos a empezar en este caso a aplicar prisiones preventivas quizás a delitos menores, que inclusive sus penas no son privativas de libertad, creo que eso obviamente da una configuración a un abuso importante”, señaló.

En lo que respecta al Ejecutivo, Ramírez, consideró que “efectivamente hay una lectura errada al momento de apoyar una decisión que, insisto, puede derivar en determinados abusos”. Por lo demás, acotó que “hay que tener sentido de urgencia respecto a la situación de seguridad, pero también sobre dónde está derivando el debate y yo creo que en eso al Gobierno le ha faltado claridad respecto a cuál es la agenda legislativa en materia de seguridad”.

“Si uno quiere hablar de lucha contra las bandas criminales o el crimen organizado, el narcotráfico, o inclusive la corrupción que instala muchas veces el crimen organizado, se requiere de manera importante una reforma estructural a las policías”, relevó el legislador, aduciendo que “ese debe ser el eje en que se debería estar discutiendo y no solo en aumentar penas hasta un techo ya casi imposible, o caer en esta discusión respecto del gatillo fácil que es la ley Retamal. Yo creo que en eso ha faltado conducción y esperamos que el Gobierno tenga una agenda clara en materia de seguridad que permita discutir esto de manera seria, responsable, pero atacando el fondo del asunto”, sostuvo.

A su vez, el presidente de Comunes, Marco Velarde, señaló a nuestro medio que el denominado criterio Valencia “es una medida efectista, poco reflexiva y que no soluciona los problemas de fondo”.

Si bien explicó que la coalición no busca cuestionar el liderazgo de la ministra Tohá -y en ello relevó su conducción en el acuerdo transversal por la seguridad- precisó que”el llamado de atención que hace la bancada del Frente Amplio es sobre cuáles son los proyectos que hoy día están siendo relevantes en la discusión sobre seguridad, sobre todo después con lo que pasó con la muerte de dos carabineros en las últimas dos semanas”.

“Si uno hace una evaluación sobre estas últimas semanas es evidente que los proyectos que han liderado la discusión y que en el fondo se han llevado toda la agenda, son los proyectos de la derecha: Naín-Retamal, el aumentar penas, la iniciativas del alcalde Carter, que en el fondo no solucionan los problemas de fondo, entonces hay un llamado de atención de la bancada del Frente Amplio, que también es una autocrítica, a que podamos a tener una agenda de seguridad que no sea de orden público y aumentar penas, ni efectista ni represiva, sino que tengamos una agenda de seguridad pública que atienda los principales problemas de seguridad que hay hoy día” señaló.

En ese sentido, apuntó a una agenda que permita “perseguir la ruta del dinero, fortalecer a las policías, modernizarla, también tener una inteligencia preparada para poder atacar los problemas que tenemos en seguridad y que la gente no se sienta insegura, que creo que es uno de los principales problemas que hay”.

Con todo, Velarde concluyó que “retomar el liderazgo significa tener una agenda propia sobre seguridad, que no nos consuma una agenda efectista y represiva. Yo creo que ese es el llamado que hace la bancada a que sea nuestra agenda la prioritaria, la agenda de este Gobierno la que permita marcar pauta y liderar”.

Un reparo de orden técnico fue lo que manifestó la diputada independiente de la bancada de Convergencia Social, Mercedes Bulnes, al relevar que la aplicación de las medidas cautelares “es un problema que el juez debe examinar caso a caso si procede la prisión preventiva, en qué condiciones y eso está determinado por la ley procesal penal, por lo que la instrucción que pueda dar el Fiscal Nacional y que pueda apoyar la ministra del Interior, es su derecho, pero es el juez quien determina si procede o no procede la prisión preventiva”.

En tanto, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, enfatizó que “acabamos de aprobar una ley que viene a modificar el funcionamiento de las expulsiones a migrantes no autorizados, entonces me parece que ese es el mecanismo que tiene que operar y que va a agilizar todo porque lo más dificil de poder agilizar una expulsión eran las notificaciones que no se podían realizar”.

“Hoy en día con el cambio que hicimos, la notificación se va a dar por entendida una vez enviado el correo electrónico por parte de la policía y de la Fiscalía, así que me parece que esa ley puede que no sea necesaria porque el problema de agilizar el proceso de expulsión ya vendría resuelto por la ley que aprobamos ayer”, agregó.