Un “fast track” legislativo impulsó el Gobierno junto al Congreso Nacional para responder a la crisis de seguridad derivada del nuevo tipo de criminalidad. Misma que se ha caracterizado -entre otros aspectos- por el aumento de homicidios y de delitos sin imputado conocido, que además de civiles, ha cobrado la vida de efectivos policiales, siendo el asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, y del cabo primero, Daniel Palma, aquellas defunciones que concitaron mayor sensibilidad de la opinión pública.

Es así que en el marco de pocos días, el Parlamento dedicó atención exclusiva a la tramitación de iniciativas que versaron sobre el aumento de las penas en ilícitos tales como secuestro, sicariato, tenencia ilegal de armas y delitos contra Carabineros. Mociones que no han estado exentas de la observación crítica de quienes ponen el acento en la agudización de la crisis penitenciaria que genera esta agenda. 

Tales aprensiones apuntan al aumento sostenido de la población penal en el país, que deriva del alza de personas bajo prisión preventiva, lo que ha radicado en un nivel de hacinamiento promedio de la infraestructura penitenciaria de 107 por ciento, según la cifra de Gendarmería.

Advirtiendo las consecuencias de este copamiento, el jefe del departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, destacó que “Santiago Uno, que debe ser el caso más emblemático hoy en día, que es una cárcel que estaba pensada para mil 800 personas, hoy tiene casi 5 mil, entonces evidentemente se producen problemas de seguridad, problemas de seguridad para la integridad física y psíquica tanto de los funcionarios de Gendarmería como para los internos, pero además se empiezan a producir fenómenos que son bastante complejos como extorsiones, disputas por terreno y si uno lo mira de otra perspectiva, las posibilidades de reinserción social, cuando el aparataje que ya es limitado y bien precario en términos de reinserción social con la cantidad que hay, se hace inabordable ese trabajo”.

En esa línea, Felipe Álvarez, director de ONG Leasur (Litigación Estructural para América del Sur), dio cuenta de que la evidencia comparada ha probado que centrarse únicamente en la cárcel como herramienta de control de la criminalidad, es ineficiente y genera costos importantes para el sistema.

“Gendarmería informó al Ministerio de Justicia que el gasto promedio mensual por interno el 2021, la última cifra da cuenta de que es de 810 mil 945 pesos por persona, y esto genera en definitiva una sobrecarga en las arcas fiscales naturalmente, porque estamos en definitiva desviando recursos que podríamos estar destinando a atención, reparación de situaciones de víctimas, o de grupos vulnerables que atraviesan por primera vez por el sistema penal, prevención de jóvenes infractores de la ley”, indicó.

En ese sentido, la profesora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, afirmó que “el ámbito penitenciario ha sido uno de los más descuidados en nuestro país, porque si bien se han generado fórmulas de penas alternativas, como las penas en beneficio de la comunidad, la estructura social, el aparataje que requiere moverse no ha sido preparado ni dispuesto para acoger este tipo de sanciones”. 

Para efectos de la viabilidad de las penas alternativas, indicó que “aquí se requiere por ejemplo, para las penas en beneficio de la comunidad, una alianza importante en los municipios, pero si nosotros miramos la oferta programática que va hacia los municipios desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, tu no vas a encontrar, desde hace varios años, programas que estén orientados a las personas que han cumplido penas, a la reinserción desde el enfoque local”.

En ese sentido, Mohor aseveró que es sobre la crisis penitenciaria donde “vemos menos inversión estatal, menos atención de la sociedad en su conjunto, e incluso diría menos voluntades de los diferentes actores del sistema que son relevantes para activar los mecanismos que apunten a que la imposición de una pena no solo cumpla su función, sino que además cumpla con la resocialización, que es como se espera y está en el mandato legal”.

Complementando el diagnóstico sobre la falta de una visión integral respecto al fenómeno de la criminalidad, Aranda hizo hincapié en que “las carreras delictuales comienzan a muy corta edad y uno ve que los factores que son comunes a los jóvenes que comienzan las carreras delictuales, tienen que ver con falta de control parental, desescolarización, consumo de drogas, vivir en ambientes que son bastante precarizados, de riesgo, sin acceso a salud, educación, etcétera, y esos factores nunca se han tratado por parte del Estado de Chile”, advirtió.

“Digo el Estado porque más allá de los gobiernos que han pasado, es algo que permanece. Entonces, cuando uno ve que ciertos sectores políticos hablan, por ejemplo, de cortar la puerta giratoria, de que la tercera es la vencida, de que les acabó la fiesta y la ley es agravar penas o facilitar prisión preventiva, sabemos que no tiene ningún efecto real en la disminución de la delincuencia”, añadió.

¿Por qué ha aumentado la población penal?

Si bien las fuentes consultadas por este medio relevan que la reforma procesal penal sirvió para reducir efectivamente el nivel de población bajo prisión preventiva y que a partir de ese período se impulsaron modificaciones penales tendientes a incrementar y mejorar las penas alternativas, advierten que ello ha ido de la mano con reformas que han terminado por gatillar la dictación automática de esta medida cautelar. 

“Por ejemplo, el año 2012, tuvimos la ley de penas sustitutivas y se incrementó el número de beneficios que buscaban efectivamente la reinserción de las personas y con eso disminuir el uso de la cárcel o hacer un uso de la cárcel más racional y eficiente. Sin embargo, progresivamente lo que hemos ido observando en el lapsus de los años es que con un catálogo de delitos que contemplaba inicialmente la ley, se han ido excluyendo delitos de su aplicación, entonces un beneficio al que se podía acceder hoy ya no se puede para este tipo de delitos, o que se van endureciendo, por ejemplo, los requisitos para acceder a mecanismos alternativos a la privación de libertad”, explicó Álvarez.

En ese sentido, Mohor acotó que “esta cuestión del aumento de penas y el endurecimiento de los criterios para la habilitación de sanciones no privativas de libertad, no es algo nuevo. O sea, a la par que se ampliaba el repertorio de penas no privativas de libertad, se iban reduciendo los márgenes en que los jueces pueden utilizarla”.

En ese sentido, Aranda reparó que el aumento en la dictación de la prisión preventiva no se traduce en un alza de los condenados a penas privativas de libertad. “Ocurre un fenómeno bien lamentable, que aumentan los presos preventivos que después terminan sus causas, o terminan absueltos, o con penas sustitutivas en el medio libre. Entonces de alguna manera, se le está dando como una pasada por la cárcel a muchas personas que no debieran haber estado en prisión preventiva y pudieran haber tramitado su procedimiento con otras medidas cautelares menos gravosas”, indicó.

La “derivada” de la migración

Otra de las iniciativas que ha encendido las alarmas en términos de su potencial afectación en la crisis carcelaria es la intención de convertir en ley el denominado criterio Valencia, que radica en la solicitud de prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no estén portando cédula nacional de identidad o un documento que los identifique.

Desde la perspectiva del Jefe de Estudios de la DPP, la medida presenta problemas en cuanto a su racionalidad y proporcionalidad “porque esto aplica para todo extranjero, sin importar el delito y efectivamente lo que podría comenzar a pasar si el criterio Valencia tuviera efecto es que se van a llenar las cárceles aún más con pequeñas prisiones preventivas muy cortitas de días o de semanas a la espera de la obtención del documento de identidad, pero que van a salir en libertad porque el delito no amerita la racionabilidad de la prisión preventiva”. 

En tanto Álvarez señaló que la medida “va generar más frustración en las personas porque estas leyes no van a tener el impacto que están teniendo actualmente en el debate público político, sino que van a generar más desviación de recursos, un mayor uso ineficiente de los recursos que ya son escasos y hoy día es dinero que podemos estar destinando por ejemplo a la reinserción de jóvenes infractores de la ley, responsabilidad penal adolescente”.

Con todo, el criterio que emana la Fiscalía Nacional ha generado una serie de señalamientos de parte de las organizaciones de derechos humanos en cuanto no se condice con los compromisos suscritos por Chile a nivel internacional. 

“Cuando comenzamos a discutir legislativamente e ignoramos y dejamos de lado esta discusión o se pone en entredicho estas decisiones del concierto internacional respecto de cuáles son los límites que debe observar el Estado en el respeto de los derechos humanos, estamos cometiendo un error gravísimo”, señaló Mohor.

Por lo demás, calificó de “eventuales” las vinculaciones que se hacen entre migración irregular y criminalidad. “Ni siquiera tenemos un escenario claro de cuánto de esa migración irregular genera criminalidad, qué tipo de criminalidad y nuevamente estamos entrando en esta vorágine de legislar para la galería, pensando probablemente en una posible reelección que en preservar el bienestar de la sociedad hoy día, pero también en cinco años más”, criticó.

Por tanto, concluyó que “esta agenda de populismo punitivo, donde la respuesta del legislador en algunos casos es bastante irreflexiva en torno a las consecuencias sociales y comunitarias, familiares e individuales que tienen sus decisiones de endurecer criterios, aumentar penas, etcétera, no ha ido de la mano a un diálogo más racional”.