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Defensoría Penal: 66 mil imputados en 2022 fueron inocentes o no condenados

El representante de la entidad dio cuenta del balance respecto del año anterior, donde señaló que en la mayoría de los casos fueron cerrados por la decisión de la Fiscalía de no perseverar con la investigación.

Diario UChile

  Martes 23 de mayo 2023 15:27 hrs. 
Santiago, 23 de mayo de 2023.
El Defensor Nacional Carlos Mora entrega el balance de la gestión institucional 2022 de la Defensoría Penal Pública.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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En el marco de la cuenta pública de la gestión institucional 2022 de la Defensoría Penal Publica, el defensor Nacional, Carlos Mora Jano, informó que 66 mil 112 (24,7%) personas imputadas durante dicho periodo fueron declaradas inocentes o no condenadas.

Durante la instancia, Mora precisó que la causa más frecuente fue la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación en 42 mil 182 (63,8 por ciento) casos.

Además, detalló que en 11 mil 947 (18,1%) causas, los imputados fueron absueltos en juicios orales, mientras que en 11 mil 228 (17,1) se decretó el sobreseimiento definitivo.

En esta línea, indicó que de las personas que mantuvieron su estado de inocencia en 2022, mil 782 estuvieron privadas de libertad durante el proceso en su contra.

“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que –eventualmente- terminarán sentenciadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción ser absueltas de todo cargo”, comentó la autoridad máxima de la Defensoría Penal Pública.

De acuerdo a las cifras de la institución, 5 mil 594 de los acusados que estuvieron privados de libertad durante la investigación penal fueron sentenciados a penas sin cárcel.

Respecto a la prisión preventiva, el defensor nacional señaló que durante el año pasado se decretó la máxima medida cautelar en 20 mil 723 casos (7,7%), lo que significó un aumento en comparación con años anteriores.

En los años 2020 y 2021, las causas en donde se decretó la privación de libertad llegaron a un 5,1% y 4,9%, respectivamente.

En ese sentido, Mora afirmó que “el uso excesivo de esta medida cautelar ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones para poder abordar debidamente el fenómeno de la criminalidad, evidenciando con ello la tragedia humana que se vive al interior de las cárceles chilenas”.

“El desafío es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que debe obedecer a políticas públicas pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son éstos los cimientos de cualquier normativa democrática”, manifestó.

Proyecto inocentes

El defensor nacional abordó la iniciativa que este 2023 cumple 10 años desde su creación y que busca visibilizar públicamente los errores sufridos por personas que enfrentan un proceso penal.

“A través de esta iniciativa buscamos reparar en lo posible el daño que sufren quienes han estado en la cárcel sin ser culpables, haciendo públicos sus casos y brindándoles apoyo legal gracias a la alianza público-privada que tenemos con fundaciones como Pro Bono y Proyecto B”, expresó Mora.

Personas extranjeras

La máxima autoridad de la Defensoría Nacional sostuvo que, en el caso de las personas extranjeras, el total de atenciones aumentó de 17 mil (5,6%) en 2021 a 21 mil (7,9%) en 2022.

Dentro de los principales delitos por lo que fueron acusados se encuentran lesiones (20,2%), delitos de la Ley de Tránsito (18%) y los delitos de la Ley de Drogas (12,6%).

Por otro lado, Mora realizó un llamado a continuar con la búsqueda de la autonomía institucional “que nos otorgaría el necesario estatus de independencia que ya tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“La autonomía constituye un avance indispensable para mejorar la posición relativa de la institución en el sistema. Es fundamental avanzar en esta materia para que el sistema de justicia criminal sea consistente con el desarrollo de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos y garantice el respeto al debido proceso en materia de persecución criminal, dotando a los intervinientes del sistema, de una autonomía funcional que dé garantías, ahora y siempre, para la efectiva protección del funcionamiento del sistema de justicia”, precisó.

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