Según Patricia Ibarra, el nivel de ingreso de causas que tiene Fiscalía es mucho más elevado de lo que se proyectó cuando comenzó la reforma procesal penal hace más de 20 años.
El principal objetivo de este acuerdo es agilizar y hacer más oportuna la entrega de información desde los bancos a los fiscales del Ministerio Público, especialmente, en casos urgentes y calificados.
La experta en derechos humanos afirmó que Chile enfrenta una situación en donde falta una defensa firme de la independencia de los poderes del Estado. “Existe un ataque certero contra algunos fiscales y jueces de nuestro país”, cuestionó.
El abogado, director de Espacio Público y académico señaló, luego de la absolución del ex Cabo Zamora, que “los grupos atrincherados, para ambos lados, lamentablemente le meten mucha distorsión” al análisis del sistema de justicia.
El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
El tribunal de segunda instancia resolvió que la cautelar era la única medida “que resulta proporcional al fin del procedimiento”. Desde el CDE señalaron que “la resolución fue contundente”, mientras la defensa insistió en la falta de fundamentos.
El fiscal Ángel Valencia destacó los avances en la gestión del período 2023, pero hizo énfasis en la necesidad de modernizar el sistema penal. Además, relevó la importancia de sacar adelante el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público.
La oposición llama a no celebrar los “paupérrimos” datos del Informe de Homicidios Consumados 2023. Mientras, el oficialismo valoró el reporte entregado por el Ministerio del Interior y el CEAD, pero enfatizó que “esto no basta”.
La ministra (s) de RR.EE., Gloria De la Fuente, insistió en la importancia de mantener las relaciones diplomáticas con el país sudamericano. No obstante, advirtió que la colaboración entre ambas naciones debe traducirse en “acciones concretas”.
El tribunal, en fallo unánime, determinó que no existía un derecho claro en riesgo y que la acción constitucional no podía prosperar. La acción legal fue presentada por el abogado Mario Andrés Vargas Cociña contra el CDE y el Ministerio Público.
Mejoras en inteligencia, en herramientas tecnológicas y mecanismos para incentivar la colaboración de detenidos en investigaciones, son los elementos que el Ministerio Público considera necesarios para optimizar persecuciones penales de este tipo.
La entidad operará en instalaciones del Ejército y se espera que comience a funcionar este año.
