La jornada de este lunes el Pleno del Consejo Constitucional recibió en audiencia al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para entregar sus observaciones sobre el anteproyecto de la nueva constitución.
En la sesión –que se enmarca en la exposición que se han hecho estas últimas semanas de representantes de diversos organismos del Estado- el titular de la Segpres apuntó a la relevancia de la labor que tiene en manos el organismo electo, toda vez que “la cuestión constitucional que ha dado origen a este proceso precisamente radica en que hoy día no exista un texto que sea expresión de un consenso o apoyo transversal de la sociedad chilena. Creemos que ese fue el mismo problema que adoleció en alguna medida el texto propuesto por la Convención Constitucional que fue rechazada en el plebiscito”.
Es por esta razón por la que el secretario de Estado llamó a los consejeros a estar a la altura de este debate. “Cómo generamos una constitución que no sea un factor de controversia permanente en la sociedad chilena. Como Gobierno queremos destacar que la constitución no puede prohibir el debate democrático. Una constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial, requiere una mayoría sustantiva, porque eso permite que se proyecte en el tiempo”, señaló.
En cuanto a la revisión del texto constitucional, destacó disposiciones tales como la establecida en el artículo 10 que apunta al deber del Estado de garantizar la integridad pública y a la concepción de la corrupción como un fenómeno contrario al bien común, junto con la mantención de la facultad exclusiva del Presidente de la República para impulsar iniciativas que involucren gasto fiscal.
Con todo, en términos de representación política destacó la necesidad de establecer “incentivos para una transición que contribuya a que el sistema político chileno tengamos partidos más amplios y representativos y, por tanto, más allá incluso de los umbrales, se tienen que generar mecanismos que permitan que quienes tengan visiones compartidas se pongan de acuerdo y trabajen con cierto sentido unitario elemental para promover esas ideas”.
“Uno de los problemas que tenemos en Chile también dice relación con que muchas veces cuando se vota, no se vota por las ideas que representa el candidato, sino que se vota por la cercanía, por los rasgos personales, etcétera, lo que hace que finalmente no haya un correlato entre quienes votan por una determinada persona y lo que esa persona hace al momento de legislar. Por tanto, es necesario establecer una conexión que permita tener un nuestro sistema político que sean las ideas las que determinen el debate político, el contraste entre visiones de mundo y que finalmente los ciudadanos al momento de concurrir a las urnas voten por esas ideas”, manifestó Elizalde.
Por otra, parte defendió la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, desestimando que el principio de responsabilidad fiscal sea contrario a esta innovación constitucional.
En ese sentido, el titular de la Segpres explicó que “bajo la lógica de la progresiva expansión del reconocimiento de derechos y la garantía de los mismos, es fundamental la responsabilidad fiscal, que es la capacidad que tiene el Estado para garantizar estos derechos. En América Latina no son pocas las constituciones que consagran un catálogo extenso de derechos sociales; sin embargo, no todas los cumplen, el caso quizás más grave en esta materia es Haití, que consagra el derecho a la seguridad social, pero está lejos de cumplirse”.
“Por tanto, el concepto de responsabilidad fiscal está íntimamente asociado con ciertos estados sociales y democráticos de derecho porque es la forma de actuar con responsabilidad en la perspectiva de largo plazo que permita ir garantizando de manera adecuada los derechos, conforme a las capacidades que tiene la economía”, puntualizó.
Junto con esta sesión plenaria, cabe agregar que en los próximos días las comisiones del Consejo deberán recibir en audiencia a los representantes de las Iniciativas Populares de Norma que lograron superar el requisito de 10 mil firmas para presentarse al organismo como propuestas de enmiendas al anteproyecto constitucional, entre los cuales destacan, por ejemplo, “Chile por los animales” (25 mil 415 apoyos), “Con mi plata no” sobre ahorros previsionales (24 mil 505 apoyos), y “Por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” (19 mil 941 firmas), que fueron las propuestas que más respaldos obtuvieron por parte de la ciudadanía.
La jornada de este lunes el Pleno del Consejo Constitucional recibió en audiencia al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para entregar sus observaciones sobre el anteproyecto de la nueva constitución.
En la sesión –que se enmarca en la exposición que se han hecho estas últimas semanas de representantes de diversos organismos del Estado- el titular de la Segpres apuntó a la relevancia de la labor que tiene en manos el organismo electo, toda vez que “la cuestión constitucional que ha dado origen a este proceso precisamente radica en que hoy día no exista un texto que sea expresión de un consenso o apoyo transversal de la sociedad chilena. Creemos que ese fue el mismo problema que adoleció en alguna medida el texto propuesto por la Convención Constitucional que fue rechazada en el plebiscito”.
Es por esta razón por la que el secretario de Estado llamó a los consejeros a estar a la altura de este debate. “Cómo generamos una constitución que no sea un factor de controversia permanente en la sociedad chilena. Como Gobierno queremos destacar que la constitución no puede prohibir el debate democrático. Una constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial, requiere una mayoría sustantiva, porque eso permite que se proyecte en el tiempo”, señaló.
En cuanto a la revisión del texto constitucional, destacó disposiciones tales como la establecida en el artículo 10 que apunta al deber del Estado de garantizar la integridad pública y a la concepción de la corrupción como un fenómeno contrario al bien común, junto con la mantención de la facultad exclusiva del Presidente de la República para impulsar iniciativas que involucren gasto fiscal.
Con todo, en términos de representación política destacó la necesidad de establecer “incentivos para una transición que contribuya a que el sistema político chileno tengamos partidos más amplios y representativos y, por tanto, más allá incluso de los umbrales, se tienen que generar mecanismos que permitan que quienes tengan visiones compartidas se pongan de acuerdo y trabajen con cierto sentido unitario elemental para promover esas ideas”.
“Uno de los problemas que tenemos en Chile también dice relación con que muchas veces cuando se vota, no se vota por las ideas que representa el candidato, sino que se vota por la cercanía, por los rasgos personales, etcétera, lo que hace que finalmente no haya un correlato entre quienes votan por una determinada persona y lo que esa persona hace al momento de legislar. Por tanto, es necesario establecer una conexión que permita tener un nuestro sistema político que sean las ideas las que determinen el debate político, el contraste entre visiones de mundo y que finalmente los ciudadanos al momento de concurrir a las urnas voten por esas ideas”, manifestó Elizalde.
Por otra, parte defendió la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, desestimando que el principio de responsabilidad fiscal sea contrario a esta innovación constitucional.
En ese sentido, el titular de la Segpres explicó que “bajo la lógica de la progresiva expansión del reconocimiento de derechos y la garantía de los mismos, es fundamental la responsabilidad fiscal, que es la capacidad que tiene el Estado para garantizar estos derechos. En América Latina no son pocas las constituciones que consagran un catálogo extenso de derechos sociales; sin embargo, no todas los cumplen, el caso quizás más grave en esta materia es Haití, que consagra el derecho a la seguridad social, pero está lejos de cumplirse”.
“Por tanto, el concepto de responsabilidad fiscal está íntimamente asociado con ciertos estados sociales y democráticos de derecho porque es la forma de actuar con responsabilidad en la perspectiva de largo plazo que permita ir garantizando de manera adecuada los derechos, conforme a las capacidades que tiene la economía”, puntualizó.
Junto con esta sesión plenaria, cabe agregar que en los próximos días las comisiones del Consejo deberán recibir en audiencia a los representantes de las Iniciativas Populares de Norma que lograron superar el requisito de 10 mil firmas para presentarse al organismo como propuestas de enmiendas al anteproyecto constitucional, entre los cuales destacan, por ejemplo, “Chile por los animales” (25 mil 415 apoyos), “Con mi plata no” sobre ahorros previsionales (24 mil 505 apoyos), y “Por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” (19 mil 941 firmas), que fueron las propuestas que más respaldos obtuvieron por parte de la ciudadanía.
La jornada de este lunes el Pleno del Consejo Constitucional recibió en audiencia al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para entregar sus observaciones sobre el anteproyecto de la nueva constitución.
En la sesión –que se enmarca en la exposición que se han hecho estas últimas semanas de representantes de diversos organismos del Estado- el titular de la Segpres apuntó a la relevancia de la labor que tiene en manos el organismo electo, toda vez que “la cuestión constitucional que ha dado origen a este proceso precisamente radica en que hoy día no exista un texto que sea expresión de un consenso o apoyo transversal de la sociedad chilena. Creemos que ese fue el mismo problema que adoleció en alguna medida el texto propuesto por la Convención Constitucional que fue rechazada en el plebiscito”.
Es por esta razón por la que el secretario de Estado llamó a los consejeros a estar a la altura de este debate. “Cómo generamos una constitución que no sea un factor de controversia permanente en la sociedad chilena. Como Gobierno queremos destacar que la constitución no puede prohibir el debate democrático. Una constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial, requiere una mayoría sustantiva, porque eso permite que se proyecte en el tiempo”, señaló.
En cuanto a la revisión del texto constitucional, destacó disposiciones tales como la establecida en el artículo 10 que apunta al deber del Estado de garantizar la integridad pública y a la concepción de la corrupción como un fenómeno contrario al bien común, junto con la mantención de la facultad exclusiva del Presidente de la República para impulsar iniciativas que involucren gasto fiscal.
Con todo, en términos de representación política destacó la necesidad de establecer “incentivos para una transición que contribuya a que el sistema político chileno tengamos partidos más amplios y representativos y, por tanto, más allá incluso de los umbrales, se tienen que generar mecanismos que permitan que quienes tengan visiones compartidas se pongan de acuerdo y trabajen con cierto sentido unitario elemental para promover esas ideas”.
“Uno de los problemas que tenemos en Chile también dice relación con que muchas veces cuando se vota, no se vota por las ideas que representa el candidato, sino que se vota por la cercanía, por los rasgos personales, etcétera, lo que hace que finalmente no haya un correlato entre quienes votan por una determinada persona y lo que esa persona hace al momento de legislar. Por tanto, es necesario establecer una conexión que permita tener un nuestro sistema político que sean las ideas las que determinen el debate político, el contraste entre visiones de mundo y que finalmente los ciudadanos al momento de concurrir a las urnas voten por esas ideas”, manifestó Elizalde.
Por otra, parte defendió la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, desestimando que el principio de responsabilidad fiscal sea contrario a esta innovación constitucional.
En ese sentido, el titular de la Segpres explicó que “bajo la lógica de la progresiva expansión del reconocimiento de derechos y la garantía de los mismos, es fundamental la responsabilidad fiscal, que es la capacidad que tiene el Estado para garantizar estos derechos. En América Latina no son pocas las constituciones que consagran un catálogo extenso de derechos sociales; sin embargo, no todas los cumplen, el caso quizás más grave en esta materia es Haití, que consagra el derecho a la seguridad social, pero está lejos de cumplirse”.
“Por tanto, el concepto de responsabilidad fiscal está íntimamente asociado con ciertos estados sociales y democráticos de derecho porque es la forma de actuar con responsabilidad en la perspectiva de largo plazo que permita ir garantizando de manera adecuada los derechos, conforme a las capacidades que tiene la economía”, puntualizó.
Junto con esta sesión plenaria, cabe agregar que en los próximos días las comisiones del Consejo deberán recibir en audiencia a los representantes de las Iniciativas Populares de Norma que lograron superar el requisito de 10 mil firmas para presentarse al organismo como propuestas de enmiendas al anteproyecto constitucional, entre los cuales destacan, por ejemplo, “Chile por los animales” (25 mil 415 apoyos), “Con mi plata no” sobre ahorros previsionales (24 mil 505 apoyos), y “Por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” (19 mil 941 firmas), que fueron las propuestas que más respaldos obtuvieron por parte de la ciudadanía.
