Los presidentes de los partidos políticos del oficialismo expresaron su preocupación por el retraso de la agenda de seguridad que se tramita en el Parlamento, por lo que instaron a los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y de la Cámara a priorizar en estas materias.

El tema fue abordado este lunes en el comité político en La Moneda, donde analizaron el compromiso que tiene el Presidente Gabriel Boric con la ciudadanía y en particular tras el acuerdo establecido con Chile Vamos para dar celeridad a las distintas iniciativas.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, señaló que “vimos con preocupación que se han planteado algunas noticias respecto del retraso de la agenda de seguridad y queremos invitar a los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado a priorizar los proyectos que el proyecto ha puesto en urgencia y que cumplen con el compromiso del pacto de fast track respecto del proyecto de seguridad”.

La dirigenta afirmó que “creemos que ha habido alguna interferencia que nos preocupa porque los presidentes de ambas cámaras están absolutamente comprometidos y es en las comisiones de seguridad donde hemos tenido algunos atascos”.

En ese sentido, destacó que para la opinión pública es importante “saber que el Gobierno tiene tremenda necesidad de sacar adelante sus proyectos y que el compromiso sigue de manera indeclinable respecto de ahondar en el pacto de seguridad que importa a todos los chilenos y chilenas”.

Consultada sobre quiénes en concreto están poniendo trabas en la tramitación, la presidenta del PPD se limitó a invitar “a los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado porque a pesar que tienen urgencia, a veces no son priorizados en la tabla”.

En relación a la ley antiterrorista, Piergentili precisó que ésta “no es parte del acuerdo de seguridad y tal como señaló el Gobierno está trabajando en ella y a la brevedad la va ingresar al Congreso”.

Por otro lado, el relación a situación generada por la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien pidió a la Gobernación del Biobío financiar  un proyecto de 5 millones de dólares para construir un mercado de madera en la comuna de Santa Juana, la dirigenta afirmó que “la Cancillería ya le ha pedido informar y presentar un informe formal de la situación de modo de evaluar el caso con esos antecedentes sobre la mesa”.

“Creo que tenemos que esperar su informe y que todos tenemos en beneficio de la duda respecto de que un informe acabado me parece que es la forma pertinente de actuar en estos casos”, indicó Piergentili frente a los pedidos de renuncia de la embajadora.

Sobre este punto, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que “procede que camine esta petición (de la Cancillería), que será contra el tiempo, pero debe haber un informe que asuma la embajadora en cuestión, asumiendo los términos que están planteados públicamente y sobre la base no tengo ninguna duda aquí se va a actuar con rigor y en lo que sea más correcto”.

Carmona agregó que “sería una muy mala coincidencia (con el caso convenios), si fuera una exageración innecesaria que no corresponde a las competencias que tiene el trabajo diplomático, también sería malo, pero no sería yo quien va a determinar, porque son designaciones que vienen desde el Gobierno y de la Cancillería en particular, pero más que nada (…) porque se le ha pedido un informe para evaluar y adelantarse a eso me parece imprudente”.

El dirigente comunista también fue consultado por el encuentro del fin de semana donde participaron dirigentes de la colectividad, como Hugo Gutiérrez, que llamaron a rechazar la propuesta constitucional que elabora el Consejo Constitucional. Al respecto señaló que “el PC una vez que se conozca la propuesta que surja de esa Convención vamos, en conocimiento de causa y en su mérito, a tomar posición frente a ello y lo vamos a hacer buscando una opinión que compartamos con nuestros aliados”.

Carmona afirmó que “lo que me preocupa más de fondo es que en conocimiento de la correlación que tienen, las fuerzas de derecha y particularmente la ultraderecha, están elaborando una propuesta que bajo ninguna condición se pueda aceptar porque retrocede en lo que es la Constitución vigente, retrocede en los avances que tienen las políticas públicas, por ejemplo sobre los derechos de la mujer, y en esa condición que sepa la derecha que aquí no termina el proceso constituyente, porque el mandato es nueva constitución, (y esta) nueva no es; es la misma y peor”.