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Año XVI, 21 de abril de 2024


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Por fraude al fisco: CDE se querella contra exseremi de Vivienda y Daniel Andrade

El Consejo de Defensa del Estado interpuso la acción judicial tras constatar perjuicio fiscal en los convenios suscritos. "Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo", señalaron.

Diario UChile

  Sábado 2 de septiembre 2023 11:17 hrs. 
Santiago, 24 de junio de 2023
Imagenes referenciales fachada de Democracia Viva.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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En medio de las investigaciones por el Caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella contra Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

A través de un comunicado, el órgano anunció que “la acción del Consejo, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi“.

“Quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos”, afirmó el CDE.

A lo último, el organismo añadió que “en dicho marco, el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal”.

La querella presentada por el CDE precisó que los tres convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, causó un perjuicio fiscal de al menos $391.768.516.

El presidente del CDE, Raúl Letelier, declaró que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco“.

“La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal”, concluyó Letelier.

Imagen de Portada: Agencia ATON

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