El pleno del Consejo Constitucional aprobó este jueves la descentralización en lo que corresponde al capítulo VI: “Gobierno y Administración Regional y Local” de la propuesta de nueva Carta Magna.
Entre las materias abordadas está la organización del territorio “en regiones, provincias, comunas y territorios especiales” y tendrá como metas la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país.
Uno de los principios consagrados es la radicación preferente; es decir, se priorizará “que las funciones públicas sean radicadas en el nivel en que se ejerzan con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional”.
El Consejo no recogió el artículo propuesto por la Comisión Experta que detallaba la prohibición de tutela; es decir, que el gobierno central decida sobre las competencias propias de los gobiernos locales y regionales. Esta disposición será “observada preferentemente” junto al resto de principios consagrados.
Por otra parte, se aprobó que la ley establezca mecanismos para “respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas” en las regiones y comunas, especialmente en aquellas donde su población es significativa. Sin embargo, se rechazó una enmienda de Unidad para Chile que los “garantizaba”.
El consejero Christian Suárez (PS) criticó la falta de “una política verdaderamente descentralizadora” que permita avanzar hacia un Estado regional y señaló que el texto mantiene “las mismas normas declarativas que han existido siempre”.
Otros de los principios que no resultó aprobado es el de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria es decir, la distribución equitativa de recursos para las regiones. Entre las que sí quedaron en el texto se incluyen la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, solidaridad y equidad territorial, coordinación y asociatividad, sin perjuicio del deber del Estado de “dictar orientaciones nacionales desde el nivel central”.
El consejero Edmundo Eluchans (UDI) señaló que la normativa descentralizadora es “insuficiente”, pero avanza “en la dirección correcta”.
Desde Unidad para Chile cuestionaron que la Comisión Experta, compuesta mayormente por santiaguinos, presentara mayores avances que la propuesta del Consejo Constitucional, integrado por consejeros de regiones. El consejero Aldo Valle (PS) consideró que se está “perdiendo una oportunidad histórica”.
El pleno del Consejo Constitucional aprobó este jueves la descentralización en lo que corresponde al capítulo VI: “Gobierno y Administración Regional y Local” de la propuesta de nueva Carta Magna.
Entre las materias abordadas está la organización del territorio “en regiones, provincias, comunas y territorios especiales” y tendrá como metas la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país.
Uno de los principios consagrados es la radicación preferente; es decir, se priorizará “que las funciones públicas sean radicadas en el nivel en que se ejerzan con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional”.
El Consejo no recogió el artículo propuesto por la Comisión Experta que detallaba la prohibición de tutela; es decir, que el gobierno central decida sobre las competencias propias de los gobiernos locales y regionales. Esta disposición será “observada preferentemente” junto al resto de principios consagrados.
Por otra parte, se aprobó que la ley establezca mecanismos para “respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas” en las regiones y comunas, especialmente en aquellas donde su población es significativa. Sin embargo, se rechazó una enmienda de Unidad para Chile que los “garantizaba”.
El consejero Christian Suárez (PS) criticó la falta de “una política verdaderamente descentralizadora” que permita avanzar hacia un Estado regional y señaló que el texto mantiene “las mismas normas declarativas que han existido siempre”.
Otros de los principios que no resultó aprobado es el de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria es decir, la distribución equitativa de recursos para las regiones. Entre las que sí quedaron en el texto se incluyen la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, solidaridad y equidad territorial, coordinación y asociatividad, sin perjuicio del deber del Estado de “dictar orientaciones nacionales desde el nivel central”.
El consejero Edmundo Eluchans (UDI) señaló que la normativa descentralizadora es “insuficiente”, pero avanza “en la dirección correcta”.
Desde Unidad para Chile cuestionaron que la Comisión Experta, compuesta mayormente por santiaguinos, presentara mayores avances que la propuesta del Consejo Constitucional, integrado por consejeros de regiones. El consejero Aldo Valle (PS) consideró que se está “perdiendo una oportunidad histórica”.
El pleno del Consejo Constitucional aprobó este jueves la descentralización en lo que corresponde al capítulo VI: “Gobierno y Administración Regional y Local” de la propuesta de nueva Carta Magna.
Entre las materias abordadas está la organización del territorio “en regiones, provincias, comunas y territorios especiales” y tendrá como metas la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país.
Uno de los principios consagrados es la radicación preferente; es decir, se priorizará “que las funciones públicas sean radicadas en el nivel en que se ejerzan con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional”.
El Consejo no recogió el artículo propuesto por la Comisión Experta que detallaba la prohibición de tutela; es decir, que el gobierno central decida sobre las competencias propias de los gobiernos locales y regionales. Esta disposición será “observada preferentemente” junto al resto de principios consagrados.
Por otra parte, se aprobó que la ley establezca mecanismos para “respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas” en las regiones y comunas, especialmente en aquellas donde su población es significativa. Sin embargo, se rechazó una enmienda de Unidad para Chile que los “garantizaba”.
El consejero Christian Suárez (PS) criticó la falta de “una política verdaderamente descentralizadora” que permita avanzar hacia un Estado regional y señaló que el texto mantiene “las mismas normas declarativas que han existido siempre”.
Otros de los principios que no resultó aprobado es el de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria es decir, la distribución equitativa de recursos para las regiones. Entre las que sí quedaron en el texto se incluyen la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, solidaridad y equidad territorial, coordinación y asociatividad, sin perjuicio del deber del Estado de “dictar orientaciones nacionales desde el nivel central”.
El consejero Edmundo Eluchans (UDI) señaló que la normativa descentralizadora es “insuficiente”, pero avanza “en la dirección correcta”.
Desde Unidad para Chile cuestionaron que la Comisión Experta, compuesta mayormente por santiaguinos, presentara mayores avances que la propuesta del Consejo Constitucional, integrado por consejeros de regiones. El consejero Aldo Valle (PS) consideró que se está “perdiendo una oportunidad histórica”.
Santiago, 28 septiembre 2023.
Sesión N°23 Pleno Consejo Constitucional para discutir y votar en particular las propuestas de normas constitucionales relativas al Capítulo VI Gobierno y Administración Local y Regional, artículos 123 a 129
Marcelo Hernandez/Aton Chile 
