Este miércoles la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados continuó la discusión del proyecto que modifica la ley de migración, en lo referido a la devolución inmediata de personas extranjeras que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país.

A lo anterior, se suma el debate por una enmienda aprobada en el pleno del Consejo Constitucional la semana pasada, que señala que: “Los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible”.

Para abordar ambas iniciativas, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la abogada del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Gabriela Hilliger, quien expresó, respecto al artículo visado por el Consejo, que se trata de algo “preocupante”, con pocas posibilidades de ser aplicado en la práctica.

“Esto no solamente desde una perspectiva de derechos, de que haya un debido proceso, sino que también es imposible materializar una expulsión de inmediato, porque toda expulsión requiere que el país hacia donde se va a dirigir esa persona, dé su consentimiento”, dijo Hilliger.

La abogada además manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que podría traer la enmienda. A su juicio, se corre el riesgo de que el proceso establecido para las expulsiones en la actual ley de migración, ya no se respete.

“Esta frase “de inmediato”, ¿Qué quiere decir para efectos de la revisión que hacen las cortes respecto a la legalidad de las expulsiones? ¿Cómo va a chocar esto, qué tipo de directriz se da, siendo la Constitución la norma suprema en un país? Hoy día lo que nosotros tenemos es una ley que regula las expulsiones, que es un proceso que tiene que cumplir ciertos estándares, pero si el mensaje de la Constitución es que lo más relevante de esta materia es que las personas sean expulsadas de inmediato, eso puede traducirse en muchos obstáculos, vulneraciones de derechos fundamentales y de compromisos internacionales que tenga el Estado de Chile”.

Hilliger profundizó señalando que la falta de garantías en los procesos de expulsión podría traer “separaciones familiares en frontera, niños y niñas cuyos padres sean expulsados a vista de ellos, un poco también pensando en las medidas que se tomaron en Estados Unidos en el gobierno de Trump, que vulneraron todo tipo de derecho y fueron sancionadas a nivel de comunidad internacional”.

“Entonces, ahí es cuando uno dice: la seriedad del proyecto constitucional se debilita, porque una norma así tiene tintes más de efecto mediático, que de lo provechoso que puede resultar, o del bien que genera pensando en el objetivo de una Constitución”, acusó.

Ampliar el rango

Respecto al proyecto de ley que hoy se está discutiendo en el Congreso, que fue propuesto por el propio Gobierno y también se refiere a la expulsión de migrante irregulares, la abogada del SJM explicó que lo que se busca es “ampliar el rango de kilómetros en los cuales le permiten a una persona ser reconducida. La reconducción es un procedimiento de expulsión, pero podríamos decir que es express o simplificado, que se justifica desde la perspectiva que la persona recién estaba intentando ingresar al país y está en un contexto de frontera”.

Hilliger continuó indicando que: “En general, los países establecen un límite de kilómetros desde la frontera en los cuales se puede aplicar la reconducción y a partir de dichos kilómetros esa persona tiene que ser sometida a un procedimiento de expulsión tradicional, que suele tener más garantías de debido proceso que el de reconducción. En la medida en que ampliamos el rango, más personas pueden ser sometidas a la reconducción y tienen menos garantías de debido proceso y por lo tanto, siempre es preocupante ver cuál va a ser el límite de kilómetros que se va a establecer”.

La iniciativa del Ejecutivo también contempla cambios al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, agregándole una etapa más, lo que de acuerdo a Hilliger, podría hacer más engorroso y largo un proceso que ya tiene esas características.

“Hay que hacer presente que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado toma mucho tiempo en la actualidad y por lo tanto creo que a este debate le falta la discusión pública de con qué recursos se va a dotar al Servicio Nacional de Migraciones para que efectivamente el análisis de las solicitudes se pueda hacer de manera fundada, diligente, que tome menos tiempo y las personas que requieren protección la obtengan rápidamente”.

Por último, la abogada se refirió a los posibles motivos del Gobierno para proponer un proyecto de este tipo. A su juicio, “se está reaccionando a una legítima demanda que hay de la ciudadanía en materia de seguridad, pero creo que falta un análisis más fino con respecto a medidas que realmente, más allá de lo simbólico, conectan con esta necesidad”.

“Si hay algo en que la población chilena está de acuerdo es que la persona que requiere protección pueda ser reconocido como refugiado, por lo tanto, si la agenda de seguridad tiene que ver con refugio, no se entiende la vinculación”, concluyó.