Sin una declaración conjunta por parte del oficialismo fue que terminó la votación de las más de 600 observaciones que comisionados expertos realizaron a la propuesta constitucional del Consejo.

La disconformidad con el texto era evidente, más aún si a esto se suma la falta de acuerdos que hubo en el proceso de negociaciones previo a la votación de las indicaciones, donde el sector acusó a la derecha de no hacer modificaciones sustanciales en los puntos más conflictivos, especialmente, en lo concerniente a la provisión de derechos sociales, tales como salud, pensiones y educación.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la comisionada independente patrocinada por la Federación Regionalista Verde Social, Magaly Fuenzalida, realizó un balance de esta situación, señalando que “claramente este proceso desde que se empezó a discutir en las comisiones no era lo que hubiéramos esperado. De hecho, ya el texto que se nos entregó del Consejo era un espacio muy difícil de abordar, en el sentido de que, como lo hemos dicho muchas veces, no nos veíamos en el documento. Nuestro sector prácticamente fue sacado del anteproyecto y el anteproyecto en sí fue hecho de nuevo”.

La también periodista remarcó que durante el trabajo de las subcomisiones “nos dimos cuenta de que en cada artículo el documento emanado del Consejo tenía modificaciones. Desde ahí ya el escenario se veía complejo. Llevamos más de 600 observaciones y solo pasaron alrededor 195, que no alcanza ni a ser un tercio. Se pudo avanzar en algunas cosas, logramos algunas aprobaciones donde la derecha nos acompañó como, por ejemplo, en paridad; la expulsión “en el menor tiempo posible” de los migrantes, que logró suprimirse; se suprimió también la objeción de conciencia; se repuso el estándar internacional en derecho al medioambiente sano, capítulo que prácticamente desapareció; se eliminó la exención del pago de contribuciones”.

Sin embargo, apuntó que “en lo sustantivo, en aquellos temas que a nosotros nos han movido para estar aquí, como lo es todo lo relativo al Estado social y el capítulo de Derechos, no hubo grandes cambios. Es más, el Estado social quedó subsumido en un primer artículo que, si bien logramos devolverlo, quedó en un tercer inciso, después de familia y flanqueado como digo yo por servicialidad y grupos intermedios. Las cosas que para nuestro sector eran importantes no tuvieron grandes cambios, al haber sido rechazadas las observaciones de uno y otro lado pasan al Consejo, quedando firmes. Entonces, no puedo hacer necesariamente un buen balance de esta etapa”.

Esto último, según Fuenzalida “sobre todo porque he sido muy crítica de cómo la derecha se desligó de los acuerdos que habíamos alcanzado en la primera etapa cuando asumimos como comisionados expertos. Siempre lo he dicho, para mí esa etapa, incluso viniendo del mundo político, de trabajar en la política, me devolvió un poco la esperanza de cómo era posible llegar a acuerdos, pero al parecer esos acuerdos no tuvieron las convicciones suficientes de parte de la derecha”.

En cuanto al planteamiento de republicanos de reponer materias que fueron suprimidas por los expertos, como la expulsión de migrantes, la eliminación de contribuciones y la objeción de conciencia, la representante del oficialismo consideró que dichas propuestas “son más bien ofertas falsas, populistas, que logran llamar la atención de la población, pero que en la revisión más jurídica nos damos cuenta de que no tienen la efectividad que dicen que van a tener”.

En esa línea, la comisionada explicó que en el caso de migraciones se trata de una norma que “prácticamente no podrá ser aplicada, tiene problemas técnicos como, por ejemplo, que exige la expulsión de los migrantes por países vecinos nuestros con los que no tenemos convenios, como Perú y Bolivia y esos son problemas que estamos teniendo hoy día con las reconducciones”.

“Perú y Bolivia no deja pasar migrantes de otros países por sus fronteras y nosotros, a pesar de que lo pongamos en la constitución, no podemos obligar a otro país a llevar a cabo nuestra constitución en el fondo”, dijo.

Por lo mismo, sostuvo que “lamentablemente, no tenemos mayoría en el Consejo, ni siquiera tenemos un empate y si las llevan a su votación probablemente las repongan o al menos terminarán en (Comisión) Mixta, donde otra vez quedamos en desventaja porque son seis por la Comisión Experta y seis por el Consejo. En la Comisión estamos empatados, iríamos tres del sector progresista, tres de derecha y en el Consejo los seis podrían ser de derecha. He escuchado a través de algunos colegas que es posible que sean cinco y uno del mundo progresista, pero vamos a quedar cuatro a ocho”.

Pese al panorama adverso, Fuenzalida insistió en que como sector progresista seguirán pendientes del proceso en las fases que quedan previo al plebiscito. “En ese sentido, en general los comisionados hemos sido súper respetuosos y si bien me cuesta verme o vernos o encontrarnos en este nuevo documento, queremos que las etapas que vienen tienen que llevarse a cabo, podemos tener quizá algunas sorpresas o tener nuestro propio poder de convencimiento lograr algún pequeño movimiento, pero, así como está, es un documento que a mí me costaría mucho acompañar”, expresó.