Los jefes de las bancadas de Chile Vamos, incluidos Republicanos, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, para expresarle su profunda preocupación por las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, tras la no comparecencia del asesor presidencial a la Comisión Investigadora del caso Convenios y luego de la aclaración del Contralor General en la misma instancia quien dijo que “cualquier persona en un cargo de poder en un Estado Democrático tiene el deber de rendir cuentas”.

En la misiva, los parlamentarios señalan, que las declaraciones del ministro, resultan a “nuestro parecer una amenaza velada que busca desalentar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras que la Constitución Política de la República le entrega a esta Cámara de Diputados y por cierto un intento inadmisible de anular a la oposición, cuestión que se relaciona profundamente con el respeto al pluralismo que caracteriza a todo régimen democrático”.

El jefe de bancada de los diputados RN, Frank Sauerbaum dijo que en la misiva solicitan a Cifuentes que “pida al gobierno y colabore con la investigación que se está haciendo en los casos de corrupción para que esto le dé tranquilidad a los chilenos de que se respeta la institucionalidad, se respeta la Constitución y la ley y que la Cámara de Diputados va a seguir ejerciendo su rol fiscalizador”.

El parlamentario agregó que “nos parece que lo que ha hecho el Contralor el día de ayer ha sido darle la razón a nuestras indicaciones anteriores porque el señor Crispi tiene la obligación legal de venir a la Cámara de Diputados como empleado fiscal independiente de su condición”.

Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez agregó que “el Gobierno se opone a ser fiscalizado. Hemos enviado cientos de oficios a ministerios que no han sido contestados, hemos votado en la sala preguntas por el artículo 52 de la Constitución que el Presidente de la República debe responder y no nos ha respondido. Y en las comisiones investigadoras que la Constitución nos permite formar, hemos citado a funcionarios públicos que no han querido venir. El caso más emblemático de todos es el de Miguel Crispi, jefe de Gabinete del Presidente Boric”.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, añadió que “el incumplimiento reiterado a la Constitución y las leyes son una infracción grave. La reiteración es grave bajo nuestro sistema político y por lo tanto, es importantísimo que el Gobierno cese de inmediato con obstaculizar las facultades fiscalizadores del Congreso Nacional y el Contralor General de la República le ha puesto un plazo”.

Mientras, desde la División Jurídica de la Contraloría General se dio plazo de cinco días para que La Moneda informe sobre la negativa a que el jefe de asesores acuda a la instancia parlamentaria, aún cuando desde el Ejecutivo solicitaron un pronunciamiento al órgano que dirige Jorge Bermúdez para que se pronuncie respecto a la obligatoriedad que tiene un funcionario a honorarios (que no tiene el estatus de funcionario público) de acudir a una convocatoria desde el Congreso.

Luego de una ceremonia en el Salón Montt Varas del palacio de Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que sobre el tema el contralor Bermúdez “señaló que no hay jurisprudencia previa en este punto” y que “lo que se dictamine va a ser un criterio que hasta ahora no ha sido establecido”.

La autoridad agregó que “el Ejecutivo lo que ha estado planteado es que es una discusión que excede a Miguel Crispi, sino que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República y las asesorías que tiene”.

Imagen de portada: Agencia ATON