En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la comisionada del Partido Socialista, Catalina Lagos, se refirió al escenario político que enfrenta el país previo al plebiscito del 17 de diciembre, en el que la ciudadanía votará ‘A favor’ o ‘En contra’ del texto elaborado por el Consejo Constitucional.
La académica expresó que, en términos de contenido, el texto que se plebiscitará es “una mala propuesta constitucional por varios motivos”. “Uno, porque tiene numerosas deficiencias técnicas, hay normas que están mal redactadas y que no tienen sustento en evidencia. Por ejemplo: la disminución de los diputados y diputadas a 138 del número que tenemos hoy día, 155”.
En esa línea, mencionó que respecto a esta disposición “preguntamos en innumerables oportunidades sobre cuáles eran las razones que sustentaban este número y la verdad es que seguimos esperando que se justifique”. Así, añadió que dada la falta de consensos políticos en torno al proyecto, su sector ve “que se está cometiendo el mismo error que la Convención Constitucional”.
“Lo que vemos en esta propuesta es una sola visión, una sola interpretación de cómo tenemos que vivir en sociedad y eso queda, además, muy amarrado porque es una propuesta maximalista, programática, de mucho detalle, muy conservadora, que tiene como un plan ‘moralizante’ a propósito de, por ejemplo, la protección que se le da a la vida de quien está por nacer, la visión que hay sobre las niñas, niños y adolescentes, que no son titulares de derechos”, expresó.
Asimismo, expuso que le causa mucha curiosidad que consejeras y comisionadas de derecha afirmen que esta es una Constitución “hecha con letra de mujer”.
“Lo cierto es que eso no es así, porque muchas de las normas que se escriben y que se refieren a las mujeres tienen letra chica o simplemente contravienen los estándares internacionales o a lo menos son insuficientes”, declaró.
En cuanto al cumplimiento de la base institucional que refiere al Estado social y democrático de derecho, Lagos señaló que “aunque nos declaremos nominalmente como tal, si tú miras en lo relevante cómo se consagraron los derechos sociales, te vas a dar cuenta de que en la práctica no es posible implementar muchísimas de las políticas públicas en materia de derechos sociales que se implementan en países que son estado social y democrático de derecho, porque serían inconstitucionales”.
“Por ejemplo, en el caso del derecho a la seguridad social, se establece la propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones en materia de vejez y se establece el derecho a elegir la institución público o privada para que administre esas cotizaciones. La consecuencia de aquello es que, en el fondo, lo que estamos haciendo es impidiendo constitucionalmente construir espacios de solidaridad institucionalizada, o sea, la solidaridad dentro de las políticas públicas relativas a las pensiones va a ser posible cuestionar a propósito de esta constitucionalización”, detalló.
Lagos destacó que “ni siquiera la Constitución del 80 se atrevió a tanto”, debido a que la nueva propuesta regula cuestiones adicionales a la Carta Magna actualmente vigente, “que han sido tan cuestionadas y que han generado mucho malestar en la sociedad e, incluso, va más allá y regula cuestiones que son de política pública”.
“Ese es el mismo error que cometió la Convención Constitucional. Creo que la izquierda, los independientes que participaron de ese proceso aprendimos de esa lección y aprendimos que en verdad una constitución tiene que ser un texto habilitante que permita abrazar las distintas visiones que hay en la sociedad o al menos no negarlas, no excluirlas”, afirmó.