El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (Gadfa) levantó alertas frente a la propuesta de nueva Constitución. A través de un comunicado, la agrupación de especialistas en seguridad manifestó su posición En Contra apelando a que el texto “no cumple con los estándares democráticos básicos” en defensa nacional.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el Doctor en Ciencia Política y miembro de Gadfa, Mladen Yopo, explicó que la propuesta “genera un sobrerrol de las Fuerzas Armadas que las pone por encima de otras instituciones públicas y las equipara a los poderes del Estado y, más bien, las FFAA constituyen parte del sistema pero como otro servicio público más, evidentemente especializado pero no como se coincidió con una concepción autoritaria, militarista, que viene desde la colonia pasando por la Constitución de 1833 con las concepciones portaleanas”.
Para el investigador, la consagración del texto abre la puerta a “legitimar un rol no democrático (…) que juegan las instituciones armadas en un momento determinado”.
¿Cómo se expresaría esto? Yopo detalló que tanto en la Constitución actual como en esta nueva propuesta, “el Presidente de la República no es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas durante el período de paz, solamente durante el período de guerra, más allá de que supuestamente son organismos obedientes y no deliberantes y, por tanto, se genera una relación compleja”.
Asimismo, detalló que el texto profundiza el rol de las Fuerzas Armadas en temas policiales donde se incorporan como normas constitucionales, por ejemplo, la protección de la infraestructura crítica y el resguardo de fronteras. “Se les da un rol en lo que es la seguridad interna, lo que rompe la concepción del uso de las Fuerzas Armadas, su preparación profesional, para enfrentar las amenazas externas de carácter militar“, sostuvo.
En esta arista, precisó que “las FF.AA. como capacidades del Estado pueden colaborar en tareas internas de manera excepcional. Su uso frecuente en ellas, además de desprofesionalizarlas, debilita a los organismos específicos para esas tareas en términos de rol-presupuesto-logística“.
Para Yopo, además, “el hecho de tener un capítulo especial de las Fuerzas Armadas (capítulo VI) las pone al mismo nivel que los otros poderes del Estado que son el Congreso Nacional y el Poder Judicial, limita la jefatura del Presidente de la República y, por lo tanto, se empiezan a generar una serie de situaciones que van permitiendo que la Fuerzas Armadas tengan un rol de mayor autonomía“.
A lo anterior, señaló que los comandantes en jefes de cada rama podrían “enajenar bienes” sin pasar por la supervisión de otros organismos del Estado. En síntesis, Yopo concluyó que “hay una sobre representación de las Fuerzas Armadas en la Constitución que no corresponde a una sociedad democrática”.
“No instaura un rol de tutelaje real del Ministerio de Defensa sobre las Fuerzas Armadas, más bien le da un carácter administrativo o de administrador de la defensa pero no de tutelaje real”, añadió.
Para el especialista en seguridad, la consagración de estos artículos en la nueva Carta Magna responden a un factor político producto de la composición del Consejo Constitucional que contó con mayoría de derecha. “Pasaron aplanadora directamente en todo lo que les interesaba a ellos consagrar y consagran a las Fuerzas Armadas en un rol que no le corresponden”, afirmó.
“Perfectamente se podrían haber eliminado todos aquellos aspectos, conceptos, leyes, que distorsionen el rol de las Fuerzas Armadas de su labor de defensa y eso no está porque de alguna forma se le abre la puerta a la seguridad interna a través de distintas vías o conceptos”, sostuvo.
Por esas razones, Yopo reflexionó que “aquí hay una concepción bien militarista en general de lo que ha sido el anclaje que se la ha querido dar a las Fuerzas Armadas y a la defensa en lo que es la nueva Constitución, y eso ha sido fundamentalmente una visión republicana, una visión conservadora, donde las Fuerzas Armadas evidentemente han cumplido un rol muchas veces como dirimentes políticos al interior de la historia nacional y eso es un tema que en los estándares democráticos no debería caber”.