En el marco de la quinta sesión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, el Presidente Gabriel Boric se refirió al futuro de la reforma de pensiones, tras su aprobación en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados ayer lunes.

Desde la Región de Coquimbo, el mandatario instó a los distintos sectores políticos a dejar de lado las mezquindades y llegar a un acuerdo sobre la materia. “Como Gobierno teníamos una postura inicial en donde el 6% de la cotización adicional creíamos y teníamos la convicción que debía ir a un fondo público que ocupara mecanismos de solidaridad para poder beneficiar en particular a las mujeres que han sido discriminadas por este sistema, después de haber trabajado toda su vida en tareas muchas veces no remuneradas”, expresó.

Con todo, reconoció que, pese a esta posición, “Nos dimos cuenta que en las conversaciones no había viabilidad política para ese proyecto y, por lo tanto, hemos hecho diferentes propuestas, ‘4-2’, ‘2-3-1’, diferentes guarismos y hoy día llegamos a un consenso con el centro político no necesariamente alineado con el Gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad de llegar a un acuerdo con las fuerzas del oficialismo para avanzar en la reforma de pensiones”.

“Lo que no se puede decir es que no ha habido diálogo. La reforma de pensiones la ingresamos hace 10 meses, la derecha nos pidió en reiteradas ocasiones que esta discusión se postergara para después del plebiscito. Personalmente, más allá de las observaciones que pueda tener, creo que esta es una cuestión urgente que tenemos que resolver ahora”, urgió el jefe de Estado.

Además, cuestionó la insistencia de parlamentarios de Chile Vamos de rechazar la fórmula del 3% y 3% de la cotización adicional, señalando que “a mí me cuesta entender que haya sectores políticos que digan que no están dispuestos a poner sus votos o que ‘se está pasando máquina’ por llegar a acuerdos”. Por lo que dijo esperar que la oposición se plegara a los diálogos “y tengan la voluntad de llegar a un acuerdo en función de mejorar la calidad de vida a los chilenos y chilenas”.

Por otra parte, el Presidente abordó la revocación de las pensiones de gracia a condenados del estallido social mediante el uso de su facultad administrativa y reconoció la complejidad que este debate ha causado en la opinión púbica.

“Hasta ahora los antecedentes penales no se consideraban ni en la ley ni en el procedimiento a la hora de ponderar el otorgamiento de este beneficio. Esto no es algo de este gobierno, sino también de todos los gobiernos anteriores. Este problema está presente en todas las modalidades de pensiones de gracia”, afirmó.

En esa línea, el mandatario detalló que actualmente existen 18 mil pensiones de gracia vigentes, las cuales se encuentran vinculadas en su mayoría “a personas que han perdido su empleo producto de cambios en el modelo productivo, por ejemplo, en el tema del carbón o en materia portuaria. También hay pensiones de gracia otorgadas producto de violaciones que ha realizado el Estado a los derechos humanos de determinadas personas”.

“Dentro de esas en particular hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales y lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que, eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, se revise y  efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa y en en el caso de que identifiquemos a beneficiarios que tienen antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidios, violación, porte de armas o narcotráfico, voy a revocárselos”, explicitó.

De todos modos, el mandatario remarcó que ante el riesgo de judicialización “hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso”.