Subsecretario Monsalve afirmó que Presidente Boric ocupará facultad administrativa para revocar pensiones de gracia
La autoridad sostuvo que el beneficio puede dejarse sin efectos por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Además, dijo no tener "ninguna duda" de que el mandatario hará uso de su potestad "lo antes posible".
Lunes 15 de enero 2024 18:16 hrs.
En medio de las tensiones que sigue generando el otorgamiento de pensiones de gracia a condenados en el marco del estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este lunes que el Presidente Gabriel Boric utilizará su facultad administrativa para revocar el beneficio.
Tras la sesión de la comisión de Desarrollo Social, la autoridad sostuvo que “todos saben que ha habido un debate jurídico respecto a si hay facultades administrativas para revocar o no las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaría pidió un informe jurídico a un abogado experto (Francisco Zúñiga) en materias administrativas y constitucionales”.
“La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas, como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia, en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”, afirmó.
Sin embargo, Monsalve reconoció esto es sin perjuicio de que la persona afectada por la eventual revocación del beneficio pueda concurrir a la justicia. “Por eso es que es necesario ser muy precisos en lo que se legisle en las mociones que se están votando hoy día”, dijo.
Esto, en referencia a las tres mociones que buscan modificar la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. Dichas iniciativas apuntan a limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión; impedir la entrega del beneficio a peticionarios con antecedentes penales; e impide su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal.
Según expresó el subsecretario “a partir de este informe jurídico, el Presidente va a usar la facultad de revocación administrativa. Evidentemente, eso implica fijar criterio que el Presidente va a definir para proceder a ejecutar esta decisión”.
Consultado por los tiempos para esta determinación, Monsalve recalcó que “no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República, pero lo que tengo claro y sí puedo transmitir es que el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa. Se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente los va a usar lo antes posible”.
Foto en portada: Agencia Aton
En medio de las tensiones que sigue generando el otorgamiento de pensiones de gracia a condenados en el marco del estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este lunes que el Presidente Gabriel Boric utilizará su facultad administrativa para revocar el beneficio.
Tras la sesión de la comisión de Desarrollo Social, la autoridad sostuvo que “todos saben que ha habido un debate jurídico respecto a si hay facultades administrativas para revocar o no las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaría pidió un informe jurídico a un abogado experto (Francisco Zúñiga) en materias administrativas y constitucionales”.
“La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas, como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia, en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”, afirmó.
Sin embargo, Monsalve reconoció esto es sin perjuicio de que la persona afectada por la eventual revocación del beneficio pueda concurrir a la justicia. “Por eso es que es necesario ser muy precisos en lo que se legisle en las mociones que se están votando hoy día”, dijo.
Esto, en referencia a las tres mociones que buscan modificar la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. Dichas iniciativas apuntan a limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión; impedir la entrega del beneficio a peticionarios con antecedentes penales; e impide su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal.
Según expresó el subsecretario “a partir de este informe jurídico, el Presidente va a usar la facultad de revocación administrativa. Evidentemente, eso implica fijar criterio que el Presidente va a definir para proceder a ejecutar esta decisión”.
Consultado por los tiempos para esta determinación, Monsalve recalcó que “no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República, pero lo que tengo claro y sí puedo transmitir es que el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa. Se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente los va a usar lo antes posible”.
Foto en portada: Agencia Aton
En medio de las tensiones que sigue generando el otorgamiento de pensiones de gracia a condenados en el marco del estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este lunes que el Presidente Gabriel Boric utilizará su facultad administrativa para revocar el beneficio.
Tras la sesión de la comisión de Desarrollo Social, la autoridad sostuvo que “todos saben que ha habido un debate jurídico respecto a si hay facultades administrativas para revocar o no las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaría pidió un informe jurídico a un abogado experto (Francisco Zúñiga) en materias administrativas y constitucionales”.
“La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas, como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia, en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”, afirmó.
Sin embargo, Monsalve reconoció esto es sin perjuicio de que la persona afectada por la eventual revocación del beneficio pueda concurrir a la justicia. “Por eso es que es necesario ser muy precisos en lo que se legisle en las mociones que se están votando hoy día”, dijo.
Esto, en referencia a las tres mociones que buscan modificar la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. Dichas iniciativas apuntan a limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión; impedir la entrega del beneficio a peticionarios con antecedentes penales; e impide su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal.
Según expresó el subsecretario “a partir de este informe jurídico, el Presidente va a usar la facultad de revocación administrativa. Evidentemente, eso implica fijar criterio que el Presidente va a definir para proceder a ejecutar esta decisión”.
Consultado por los tiempos para esta determinación, Monsalve recalcó que “no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República, pero lo que tengo claro y sí puedo transmitir es que el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa. Se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente los va a usar lo antes posible”.
Foto en portada: Agencia Aton
