La jornada de este martes la Corporación Humanas dio a conocer el informe anual de monitoreo de la objeción de conciencia en hospitales públicos frente a la Ley de interrupción voluntaria (IVE) del embarazo en tres causales.
El documento recogió, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, que en 2023 quienes en mayor medida se acogen a esta figura en al menos una causal son las y los obstetras.
En particular, la entidad manifestó especial preocupación por la causal de embarazo producto de una violación, respecto de la cual el 45,8% de las y los obstetras se declara objetor de conciencia para no realizar el procedimiento. Además, es la causal con mayor objeción en el resto del equipo de salud necesario, como anestesistas (20,5%), profesionales no médicos de pabellón (12,7%) y técnicos paramédicos (13%).
El informe señaló que en cinco hospitales públicos la totalidad de los obstetras se declaró como objetor de conciencia en casos de embarazos producto de violación. Estos son: Hospital de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins; hospitales de Cauquenes y de Constitución, en la Región del Maule; Hospital de Victoria, en la Región de La Araucanía; y Hospital de Puerto Aysén, en la Región de Aysén.
La Corporación dio cuenta que, en uno de cada cuatro establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%).
Asimismo, indicó que ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia y seis recintos no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.
A seis años de la dictación de la ley, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, advirtió que la amplia proporción de obstetras objetores de conciencia se ha mantenido en el tiempo en lugar de disminuir y no se trata de una situación excepcional, sino más bien de una realidad generalizada que puede obstaculizar el acceso de niñas y mujeres a la atención de salud.
Por otra parte, el documenta entrega recomendaciones para una mejor implementación de la ley IVE, entre las que destacó la derogación de la objeción de conciencia institucional, la difusión de derechos establecidos en la norma, la capacitación de los equipos de salud y la promoción para garantizar que todos los establecimientos cuenten con equipos no objetores.
En alianza con el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), Corporación Humanas también incluyó para el informe de este año un mapa de calor que permite observar de mejor forma las zonas del país donde existe una problemática mayor. Allí se puede notar, por ejemplo, que la zona centro sur es la que concentra la mayor cantidad de objetores de conciencia.
La jornada de este martes la Corporación Humanas dio a conocer el informe anual de monitoreo de la objeción de conciencia en hospitales públicos frente a la Ley de interrupción voluntaria (IVE) del embarazo en tres causales.
El documento recogió, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, que en 2023 quienes en mayor medida se acogen a esta figura en al menos una causal son las y los obstetras.
En particular, la entidad manifestó especial preocupación por la causal de embarazo producto de una violación, respecto de la cual el 45,8% de las y los obstetras se declara objetor de conciencia para no realizar el procedimiento. Además, es la causal con mayor objeción en el resto del equipo de salud necesario, como anestesistas (20,5%), profesionales no médicos de pabellón (12,7%) y técnicos paramédicos (13%).
El informe señaló que en cinco hospitales públicos la totalidad de los obstetras se declaró como objetor de conciencia en casos de embarazos producto de violación. Estos son: Hospital de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins; hospitales de Cauquenes y de Constitución, en la Región del Maule; Hospital de Victoria, en la Región de La Araucanía; y Hospital de Puerto Aysén, en la Región de Aysén.
La Corporación dio cuenta que, en uno de cada cuatro establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%).
Asimismo, indicó que ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia y seis recintos no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.
A seis años de la dictación de la ley, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, advirtió que la amplia proporción de obstetras objetores de conciencia se ha mantenido en el tiempo en lugar de disminuir y no se trata de una situación excepcional, sino más bien de una realidad generalizada que puede obstaculizar el acceso de niñas y mujeres a la atención de salud.
Por otra parte, el documenta entrega recomendaciones para una mejor implementación de la ley IVE, entre las que destacó la derogación de la objeción de conciencia institucional, la difusión de derechos establecidos en la norma, la capacitación de los equipos de salud y la promoción para garantizar que todos los establecimientos cuenten con equipos no objetores.
En alianza con el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), Corporación Humanas también incluyó para el informe de este año un mapa de calor que permite observar de mejor forma las zonas del país donde existe una problemática mayor. Allí se puede notar, por ejemplo, que la zona centro sur es la que concentra la mayor cantidad de objetores de conciencia.
La jornada de este martes la Corporación Humanas dio a conocer el informe anual de monitoreo de la objeción de conciencia en hospitales públicos frente a la Ley de interrupción voluntaria (IVE) del embarazo en tres causales.
El documento recogió, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, que en 2023 quienes en mayor medida se acogen a esta figura en al menos una causal son las y los obstetras.
En particular, la entidad manifestó especial preocupación por la causal de embarazo producto de una violación, respecto de la cual el 45,8% de las y los obstetras se declara objetor de conciencia para no realizar el procedimiento. Además, es la causal con mayor objeción en el resto del equipo de salud necesario, como anestesistas (20,5%), profesionales no médicos de pabellón (12,7%) y técnicos paramédicos (13%).
El informe señaló que en cinco hospitales públicos la totalidad de los obstetras se declaró como objetor de conciencia en casos de embarazos producto de violación. Estos son: Hospital de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins; hospitales de Cauquenes y de Constitución, en la Región del Maule; Hospital de Victoria, en la Región de La Araucanía; y Hospital de Puerto Aysén, en la Región de Aysén.
La Corporación dio cuenta que, en uno de cada cuatro establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%).
Asimismo, indicó que ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia y seis recintos no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.
A seis años de la dictación de la ley, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, advirtió que la amplia proporción de obstetras objetores de conciencia se ha mantenido en el tiempo en lugar de disminuir y no se trata de una situación excepcional, sino más bien de una realidad generalizada que puede obstaculizar el acceso de niñas y mujeres a la atención de salud.
Por otra parte, el documenta entrega recomendaciones para una mejor implementación de la ley IVE, entre las que destacó la derogación de la objeción de conciencia institucional, la difusión de derechos establecidos en la norma, la capacitación de los equipos de salud y la promoción para garantizar que todos los establecimientos cuenten con equipos no objetores.
En alianza con el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), Corporación Humanas también incluyó para el informe de este año un mapa de calor que permite observar de mejor forma las zonas del país donde existe una problemática mayor. Allí se puede notar, por ejemplo, que la zona centro sur es la que concentra la mayor cantidad de objetores de conciencia.
