El Gobierno de Argentina disolvió la unidad de investigación de niños desaparecidos durante la dictadura, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Esto, por considerar que la normativa de su creación, bajo el mandato de Néstor Kirchner, “violaba la división de poderes”.

“Esta unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos“, reza un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.

Según ha señalado la cartera ministerial, el Ejecutivo se “arrogó la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder judicial y el Ministerio Público Fiscal“.

“Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna que no se puede permitir. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial”, agrega el documento.

Asimismo, se señaló que “gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación”, por lo que “violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”.

Tras esta decisión, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron “una nueva embestida” contra la búsqueda de sus nietas y nietos “apropiados durante la última dictadura cívico militar”.

“La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras”, afirmaron desde la organización.

“Exigimos al Gobierno nacional que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad. El pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia“, afirmaron en un comunicado publicado en su página web.

Con todo, han indicado que el Estado argentino “incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos” y por ocurrir “al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los Derechos Humanos en general, y el derecho a la identidad en particular”.