El alto funcionario dimitió acorralado por investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, tras admitir que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas.
Según el gobierno argentino, la unidad dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad “violentaba el régimen constitucional de división de poderes” y “violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”.
