La Fiscalía Nacional informó que se solicitará la prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula nacional de identidad. Una medida que para dirigentes de juntas de vecinos, expertos en migración y defensores penales es muy preocupante y cuestionable.

La muerte del cabo primero Daniel Rodrigo Palma Yáñez, de la dotación de la Cuarta Comisaría de Santiago, causó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, convocara durante esta jornada a los persecutores regionales de la Región Metropolitana para analizar medidas urgentes frente a un nuevo asesinato de un carabinero en ejercicio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la junta de vecinos del sector de avenida Matta con 10 de Julio -mismo sector en donde fue baleado Palma-, Valeria Bustos, se refirió al suceso y a la discriminación de la población migrante a raíz de las declaraciones de la autoridad máxima del Ministerio Público.

La dirigenta lamentó la perdida de la vida del funcionario de Carabineros y reprochó que la institución no haya “asumido las responsabilidades de mando” frente al homicidio de Palma, puesto que ya se había dado la alerta de que desde el interior del vehículo, al cual el policía fue a realizar el control de identidad, se habían emitido disparos anteriormente.

“El origen de la situación viene con errores y no he visto el mea culpa del general de Carabineros o de alguien de la institución frente a sus procedimientos poco profesionales. No es lo mismo fiscalizar a alguien por una infracción de tránsito que a alguien que se sabe que ya ha emitido disparos”, reprochó.

Ante los dichos del fiscal nacional, Bustos destacó que la población migrante se involucra social y políticamente con la comunidad del barrio. “Aquí somos todos vecinos, tanto personas migrantes como chilenos. Me preocupa sobremanera los dichos del fiscal nacional, porque uno no puede esperar nada distinto de la prensa, pero me preocupa que las autoridades públicas emitan dichos, intenciones y claras instrucciones a quienes están bajo su mando que muestran una actitud claramente xenófoba“, enfatizó.

Por su parte, la socióloga y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, expuso a nuestro medio que la situación se ha transformado en algo muy complicado “porque se ha vinculado a toda la migración con hechos dramáticos y hechos violentos, cuando hay una gran cantidad de trabajadores extranjeros viviendo, produciendo y apoyando a la sociedad chilena”.

“Mi temor es la persecución que puede provocarse, y sobre todo un sentido común que está actuando de manera generalizada contra las personas migrantes. En muchas partes hay trabajadores y trabajadoras venezolanas que van a ser objeto de mucho repudio”, afirmó.

En la misma línea, planteó que muchos de esos trabajadores y personas migrantes mantienen su documentación de forma irregular “porque no se han terminado sus trámites, porque están esperando desde hace meses o años sus papeles”.

“Me preocupa mucho la violencia que se esta generando porque ante una situación dramática, por un lado está la derecha usufructuando de toda lo que ocurre y por el otro, hay mucha indiferencia de la sociedad y de eso tenemos que hacernos cargo”, manifestó Tijoux.

De la misma manera, la presidenta de la junta de vecinos de Matta, reprochó la instrumentalización de la muerte de una víctima, en este caso el cabo Palma, “para instalar un discurso de odio y xenófobo”. Además, cuestionó la medida presentada por Valencia y ante las repercusiones que tendrán sus dichos destacó que “el fiscal nacional debe irse ahora”.

Desde el punto de vista jurídico, el director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal Chile, José Henríquez Muñiz, opinó que la medida del fiscal nacional “es más efectista que cierta, pero los tribunales también tendrán que sopesar estas solicitudes”.

“Toda decisión judicial debe tener un fundamento en la ley y no existe ninguna normativa legal que establezca una hipótesis en que el elemento diferenciador o central para imponer la prisión preventiva, sea no tener un documento de identidad y ser extranjero“, expuso.

En ese sentido, el jurista puso en duda que la Fiscalía lleve adelante una medida como la anunciada y expuso que si los tribunales acogen una prisión preventiva de esa índole tendrá repercusiones para la Defensoría Penal Pública, “porque evidentemente podría dar lugar a una serie de recursos de amparos constitucionales ante la Corte Suprema”.

“Al final del día es una medida que, según mi punto de vista y más allá de las interpretaciones que se puedan hacer, el punto central es ver cómo va a reaccionar el sistema ante solicitudes así, puesto que no hay normativas legales nacionales y mucho menos internacionales que amparen algo así”, dijo.

Henríquez, expresó que el país está “en un momento que las autoridades se están dejando llevar no por la racionalidad o por los argumentos técnicos, sino que evidentemente se está decidiendo de manera apresurada y absolutamente alejada de principios generales básicos de derechos“.