El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025 arrojó 1.091 casos, 118 menos que en 2024. “Es un esfuerzo del Estado y de las isntituciones”, valoró el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
El titular de Justicia reveló que la “Operación Apocalipsis” surgió tras las extorsiones detectadas en Santiago 1 a comienzos de 2022, pero el entonces jefe del Ministerio Público no respaldó la iniciativa, a diferencia de su sucesor, Ángel Valencia.
El fiscal nacional afirmó que los antecedentes públicamente conocidos “ameritan ser investigados” y que este martes se adoptará una decisión sobre cómo procederá el Ministerio Público.
El timonel democratacristiano se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para abordar la situación de la autoridad de Villa Alegre y también la de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, cuyo paradero se desconoce hace casi un año.
El fiscal nacional se refirió a las declaraciones que realizó la contralora Dorothy Pérez en Enade, donde señaló que han detectado “diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud”.
Karina Riquelme, representante del hijo mayor de Julia Chuñil, cuestionó duramente al Ministerio Público por mantener a la familia en calidad procesal ambigua y por privilegiar líneas de investigación en su contra en vez de avanzar en la búsqueda.
Entre las cifras destacadas por las autoridades encargadas de la seguridad nacional, se resaltó la reducción de los casos en niños, niñas y adolescentes en más de un 40%. Se valoró también el aumento de condenas penales.
A partir de su libro “Somos tontos hasta las doce” el abogado señaló como urgente una reforma que asegure independencia en la designación de autoridades en el Poder Judicial y el Ministerio Público, “donde lo técnico sea mucho más importante”, dijo.
El abogado aseguró que la investigación ordenada por la Corte Suprema terminaría, “en el peor de los casos, en una sanción administrativa” y lo atribuyó a que este tipo de encuentros no tienen “límites claros”.
La investigación fue ordenada tras acoger un recurso de protección interpuesto por los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, quienes primero vieron rechazadas sus denuncias iniciales tanto por la Fiscalía y la Corte de Apelaciones de Santiago.
Liberación por órdenes judiciales contradictorias, falta de verificación biométrica a delincuentes y críticas a la vigilancia de la frontera marcaron la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Pública de la Cámara Alta.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó la coordinación con autoridades extranjeras para dar con el paradero del delincuente prófugo. Mientras, el fiscal Ángel Valencia advirtió posibles casos de presos con identidades falsas previo al 2022.
El fiscal nacional justificó el cambio en ProCultura señalando que podría usarse “como pretexto para cuestionar la validez de un conjunto de diligencias”. Para proteger la causa, afirmó, “lo más seguro es que la conduzca otro fiscal”.
La UDI exigió al fiscal Ángel Valencia que la decisión sea reconsiderada “de manera inmediata”, mientras RN la tildó de “una señal negativa”. El diputado y querellante en la causa, Andrés Celis, solicitará “las motivaciones” de la determinación.
La decisión del fiscal nacional Ángel Valencia se produce luego de que escuchas telefónicas a Josefina Hunneus fueran consideradas ilegales. La causa será asumida ahora por la Fiscalía Regional de Antofagasta.
El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, valoró que la implementación de este proyecto tuvo un impacto notorio en la persecución de delitos de máxima complejidad. Por otro lado, lamentó el aumento histórico de delitos sexuales registrados.
El jefe del Ministerio Público anunció medidas para proteger los antecedentes de los investigaciones, entre ellas, la instalación de una plataforma central con servicios de ciberseguridad avanzados para resguardar la confidencialidad de las causas.
